Tegucigalpa- La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), y Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), formalizarán acusación y solicitarán auto de apertura a juicio en contra de la empresaria Jenny Carolina Andrade Lemus y del exfuncionario José Ramón Berttety Osorio, procesados en torno al desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La solicitud para elevar a juicio dicha causa se hará en audiencia preliminar.
Es preciso recordar que a la abogada Andrade Lemus, se le dictó procesamiento por un delito de lavado de activos, el pasado mes de junio, el mismo asciende a más de 14 millones de lempiras, mientras tanto al exadministrador del IHSS Bertetty Osorio por tres delitos de cohecho pasivo impropio y un delito de lavado de activos.
El Ministerio Público buscará en juicio oral y público demostrar la culpabilidad de los encausados, para lo cual, cuenta con 27 medios de prueba (tres testificales, 19 documentales, tres periciales y dos evidenciales), en un caso implica también a José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia), por un delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Cómo se recordará, en este caso además se ordenaron aseguramientos de bienes, que fueron dirigidos por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y agentes de la ATIC asignados a labores anticrimen.
Dentro de los bienes asegurados está una vivienda en el barrio La Leona de Tegucigalpa, donde tenía domicilio una empresa fantasma, siendo a través de ella, de acuerdo a las investigaciones, que se drenaron fondos del IHSS.
Igualmente se incautaron una extensión de varios lotes de terreno que superan las 15 manzanas en Siguatepeque y se congelaron tres cuentas bancarias, todo en custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Por el descalabro financiero del IHSS, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del MP ha llevado a más de 60 personas ante la justicia hondureña, obteniendo hasta ahora 21 sentencias condenatorias, tres relacionadas a la privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito ubicados e incautados no solo en territorio nacional, sino en el extranjero.
