Tegucigalpa – El Ministerio Público imputó este lunes a Pedro Armando Aguilar Orellana, alcalde de San Marcos en Santa Bárbara, como jefe de una banda delictiva que opera en el noroccidente de Honduras y que sobre sus espaldas hay un rosario de muertes y hechos delictivos.
– El juez que conoce la causa dictó detención judicial luego que el alcalde Aguilar compareciera en audiencia de imputados ante un juez con jurisdicción nacional.
– El edil santabarbarense ya había recibido un sobreseimiento provisional por el asesinato de su suegra y dos cuñados, hecho ocurrido en 2016.
– Se le vincula con Los Cachiros. Fue administrador del zoológico Joya Grande y en más de alguna oportunidad ha sido requerido por presuntas operaciones ilícitas.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, confió a Proceso Digital que el edil Pedro Aguilar es cabecilla de una banda criminal y además éste les provee armas, municiones y vehículos para que sus compinches ejecuten los crímenes.
El alcalde fue electo en el pasado proceso electoral representando al Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), y gracias a ello este instituto político sobreviviría para los próximos comicios.
(LEER) La Alianza Patriótica sobrevive al ganar la alcaldía de San Marcos en Santa Bárbara
Se hace llamar “El Patrón” y de acuerdo a la investigación de agentes de delitos contra la vida de la ATIC se le vincula como líder de una organización criminal denominada banda de Pedrito o Pelón, él mismo dirige actividades de sicariato y provee armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos, de acuerdo a la acusación de los fiscales.
Además, al alcalde se le investiga por supuestos nexos con el narcotráfico y con un presunto testaferro de los hermanos Rivera Maradiaga quien fue administrador del zoológico Joya Grande, justamente en julio de 2020 la policía de Guatemala lo detuvo junto a otra persona decomisándole dos cajas conteniendo 100 municiones de calibre 22 milímetros y 130 quetzales.
Libró acusación por matanza de suegra y cuñados
Galindo recordó que por el asesinato de su suegra y dos cuñados, hecho ocurrido en mayo de 2016, se presentó el respectivo requerimiento fiscal, pero el juez le decretó sobreseimiento provisional ante la no presentación de un testigo que presenció los hechos.
En esa oportunidad las víctimas fueron identificadas como Santos Ángela Ramírez (55), Edgardo Salomón Luna (22) y Marlen Anabel Luna (20), a los que presuntamente asesinó el ahora edil de San Marcos, Santa Bárbara.
Uno de los agentes policiales indicó -esa vez- que Aguilar discutía con su pareja cuando la madre de ella quiso defenderla, por lo que sacó su arma y le disparó, igual suerte corrieron sus dos cuñados.
La esposa del homicida sobrevivió al ataque ya que se protegió al ingresar a uno de los cuartos de la vivienda.
Fue así como el juez que conocía la causa decretó sobreseimiento provisional y el Ministerio Público por no estar de acuerdo con la resolución presentó un recurso de apelación que aún no se ha resuelto.
Acusación por otras muertes
Galindo amplió que las diligencias de este lunes son distintas a la matanza que involucró a la suegra y cuñados del edil Aguilar.
Explicó que esta causa penal incluye a nuevas víctimas de hechos violentos que ocurrieron de enero a junio de 2019.
“Se determina que esta persona actuó de manera intelectual y deliberadamente envió a asesinar a estas cuatro personas, que son tres varones y una mujer”, agregó Galindo.
A Aguilar Orellana se le conoce con el alias “Pedrito, Coyote, Pelón o Piter”, acusado por el asesinato de María del Carmen Castellanos Fernández, Kevin Ariel Ruíz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Oscar Humberto Ramírez Altamirano, cuyos crímenes ocurrieron entre enero y junio de 2019 y asociación para delinquir.
(LEER) Detención judicial a edil de San Marcos, Santa Bárbara
Protestas en San Marcos
La captura del edil Pedro Armando Aguilar Orellana provocó que decenas de pobladores de San Marcos, Santa Bárbara salieran a las calles para protestar en contra de los operadores de justicia.
Los manifestantes quemaron llantas y trancaron el paso frente a las oficinas edilicias en ese término municipal, mientras el alcalde Aguilar Orellana comparecía en audiencia de declaración de imputados en el Fuerte General José Trinidad Cabañas en la capital hondureña.
Hasta altas horas de la noche del lunes, los quejosos mantenían tomas en la carretera CA-4, lo que provocó un enorme tráfico vehicular que alcanzó hasta los 30 kilómetros.
“Somos miles de afectados por la toma de estas 15 personas y el tráfico se interrumpió hasta por 30 kilómetros. Hay cualquier cantidad de camiones transportando mercaderías y alimentos, y lo más lamentable es que las autoridades brillan por su ausencia”, señaló una de los conductores de un pesado camión que quedó varado desde las 10:00 de la mañana. JS
