Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), se reunió este miércoles con el Fiscal General, Johel Zelaya, para abordar el contexto de elecciones que se celebrarán el próximo domingo en Honduras. La reunión ocurre en un contexto en el que el Ministerio Público ha realizado acciones para judicializar a magistrados de órganos electorales lo que pone en entredicho su independencia.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía hondureña, durante la reunión se abordaron temas de interés, incluyendo las recientes acciones del Ministerio Público.
“Durante el encuentro, la máxima autoridad reiteró el compromiso institucional de garantizar la legalidad y el respeto al proceso democrático del país”, informó el MP.
Igualmente, el ente acusador del Estado se compromete a llevar a los tribunales, sin distinción alguna, a quienes atenten o manipulen la voluntad soberana del pueblo.
Es importante mencionar que el Ministerio Público (Fiscalía), creado hace tres décadas, y las Fuerzas Armadas son dos de las instituciones más cuestionadas en el actual proceso electoral por amenazas del primero de encarcelar a funcionarios electorales, y por la injerencia de los militares en asuntos que le competen al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El accionar del fiscal Zelaya ha generado cuestionamientos de lideres sociales, defensores de los derechos humanos, académicos y sectores activos que ven con preocupación sus actuaciones, alejadas del respecto a la intendencia de poderes, según las han calificado.
La espada de Damocles la levanta el Ministerio Público, cuyo fiscal general, Johel Zelaya, no ha dudado en salir a la palestra pública para denunciar la presunta conspiración y dar como válidos unos presuntos audios (26 en total) en donde se trama presuntamente ese boicot al proceso electoral por parte de una consejera del CNE, un jefe de bancada de un partido opositor y un oficial militar de rango intermedio. El fiscal general, sin determinar si la procedencia de esos audios es lícita—mediante orden judicial de intervención de escuchas—o ilícita—obtenida bajo espionaje—ha dicho que no le temblará la mano para librar los requerimientos fiscales que sean necesarios para “salvar la democracia y las elecciones”.
Recién una sala Ad-Hoc de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desestimó una solicitud de antejuicio para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona y Mario Flores Urrutia por el presunto delito de prevaricato judicial, pero en las últimas horas el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra dos los funcionarios electorales.
A esa acción del Ministerio Público de usar su espada de Damocles contra los dos principales entes rectores electorales, el CNE y el TJE, se suma las otras acciones hechas en contra de líderes de la oposición, entre ellas el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, y actual alcalde de San Pedro Sula, a quien le acusa de un rosario de delitos que van desde corrupción, lavado de activos hasta trata de personas. El Partido Liberal según los sondeos, encabeza la simpatía de los electores para ganar los comicios con el presidenciable, Salvador Nasralla.
En estos comicios los hondureños escogerán, entre cinco candidatos, al sucesor de la actual presidenta, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, quien además es su principal asesor y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
En este contexto de creciente desconfianza y denuncias de posible fraude, el papel de las misiones independientes de observación electoral, nacionales e internacionales, como las de la OEA o de la UE, «será fundamental para preservar la credibilidad del proceso», según expresó la organización Human Rights Watch (HRW). JS
