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UE ratifica su informe y hace énfasis en reformas electorales

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Marisa Matias, presentó este lunes un informe sobre las elecciones del pasado 26 de noviembre en Honduras, el que calificó como “idéntico” al revelado inicialmente con apenas unos detalles y al mismo se agregan 15 recomendaciones que les corresponde a los políticos locales ponerlas en práctica para evitar lo que sucedió en este país centroamericano.

– Entre las recomendaciones destaca la depuración del censo nacional y despolitización del TSE y las mesas electorales.

– Ahora mismo el diálogo político es más importante que nunca con la inclusión de todos los actores políticos, remarcó la funcionaria.

– La Misión dice que no encontró evidencias de fraude en comicios hondureños.

– Nuestra opinión no cambia cada dos minutos porque estamos seguros de lo que presentamos, dijo Matias para concluir que “el informe no cambia en términos de conclusiones políticas fundamentales .

La jefa de la MOE-UE comenzó subrayando en las muertes ocurridas en el contexto de violencia post electoral e instó que las mismas no queden impunes, al igual hizo un llamado a los actores del proceso electoral para que se sienten las bases de un diálogo nacional inclusivo con el objetivo de avanzar en las reformas electorales pendientes.

Recordó que desde 2013 la UE ha insistido en despolitizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Mesas Electorales Receptoras (MER).

Consultada si el informe presentado este día es el mismo que presentaron días después de los comicios, Matías respondió: “en términos de conclusiones es idéntico. El informe completo tiene más detalles, más información desde todo el monitoreo que hemos hecho, pero no hay grandes diferencias en término de las conclusiones que tuvimos la oportunidad de presentar en el informe preliminar”.

Entre las 15 recomendaciones detalló impulsar reformas en el censo nacional electoral y despolitización del Registro Nacional de las Personas (RNP), así como especial atención en los requisitos para los traslados electorales que se producen previo a los comicios.

“La tercera recomendación tiene que ver con la competencia de los tribunales electorales, departamentales y municipales. La cuarta tiene que ver con el derecho efectivo ante el Tribunal Electoral en torno a los plazos de las impugnaciones”, desglosó.

UEUEMatias, igualmente mencionó que la Corte de Justicia debe pronunciarse ágilmente sobre los recursos presentados en materia electoral.

Asimismo, la fiscalización de las campañas electorales y los techos ordenados a los partidos políticos es otra recomendación a tomar en cuenta.

En cuanto a la Unidad de Política Limpia será fundamental -en base a las recomendaciones de la MOE-UE- el respeto de las capacidades de este ente. “Hay que dotarlos de presupuestos suficientes y también de independencia para que puedan desarrollar sus numerosas tareas con autonomía y eficacia”, apostilló.

Citó que en el caso de los medios públicos de comunicación deben dar cobertura por igual a todos los participantes en un proceso electoral, sin ventajismos para los que gobiernan. En el caso de las empresas de comunicación privadas deben establecerse techos para gastos de propaganda pagada.

La representante de la MOE-UE, también hizo referencia a revisar el artículo 335-B del Código Penal que penaliza la apología del terrorismo, de manera que su aplicación quede únicamente limitada a casos muy graves.

A renglón seguido, demandó que eliminar las penas privativas de libertad por calumnia, injuria y difamación. Igualmente aumentar las capacidades del Ministerio Público para investigar las muertes violentas de los periodistas en el país y reforzar las medidas del mecanismo de protección a estos profesionales de la comunicación y defensores de derechos humanos.

La igualdad de género en la conformación de las planillas es otra de las recomendaciones hechas por la Misión de la UE, así como incluir a sectores de la comunidad Transgénero.

Puntualizó que la Misión de UE espera que las recomendaciones sean implementadas por los actores políticos nacionales.

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