Ministros de Justicia proponen no penalizar por igual a consumidores y narcos

Santo Domingo – Los titulares de Justicia iberoamericanos recomendaron hoy al concluir una reunión en Santo Domingo, reorientar la política legislativa de lucha contra el narcotráfico que en algunos países penaliza de forma «inequitativa» tanto a los consumidores como a los traficantes.

La recomendación fue hecha al término de la IX Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), en la que el viceministro de Gobernación de Guatemala, Arkel Benítez, fue electo secretario general de la conferencia para sustituir al costarricense Fernando Ferraro.

La República Dominicana asumirá la secretaría general adjunta de la Comjib, un organismo internacional conformado por 21 países miembros, 19 de Latinoamérica y el Caribe, más Portugal y España.

Los ministros adoptaron una serie de acuerdos y herramientas jurídicas en materia de drogas, atención a las víctimas de violencia de género, lucha contra la corrupción y justicia juvenil, entre otras.

Dichos acuerdos, según el comunicado final, contribuirán al fortalecimiento del Estado de derecho, a promover los derechos de la ciudadanía y a mejorar la cooperación jurídica internacional.

Entre los documentos aprobados destacan propuestas de armonización de la legislación en materia de drogas.

Las propuestas suponen reorientar la nueva política legislativa para la lucha contra el narcotráfico que actualmente, en algunos países, penaliza de una forma «inequitativa» tanto a consumidores o dependientes de las drogas como a las personas que trafican y crean riqueza con este negocio, según el documento final.

En la declaración se promueve que los consumidores sean tratados mediante políticas de salud pública y un enfoque de prevención; se diferencia entre tráfico de sustancias, el consumo y la posesión para el autoconsumo, al tiempo que se singularizan situaciones como el consumo compartido o compasivo.

También se incorporan atenuaciones en función de una menor gravedad de los hechos o atendiendo a las circunstancias del culpable; se acentúa la persecución a los grandes traficantes y a implicados en organizaciones criminales y se sugiere un tratamiento diferenciado para los supuestos de escasa relevancia o «menudeo».

Finalmente las recomendaciones hacen énfasis en continuar en sus esfuerzos para el fortalecimiento de las instituciones, especialmente del sector justicia, para optimizar la respuesta al tráfico de drogas.

Los ministros aprobaron además la ‘Declaración Iberoamericana en Justicia Juvenil Restaurativa’ que supone el compromiso de los países para abordar el tema bajo principios de responsabilización y reparación del daño causado a la víctima, con un enfoque global y desde una mirada social y educativa de los menores infractores.

La declaración destaca la necesidad de fomentar las medidas alternativas a la privación de libertad con pleno respeto a los derechos humanos de los infractores y promover su reinserción socio-laboral.

Asimismo, aprobaron el ‘Protocolo regional de atención a la víctima de violencia de género’, que permitirá una mejor coordinación entre las instituciones del sector justicia, seguridad, asuntos sociales, sanidad y educación que tienen competencias en la salvaguarda de los derechos de las mujeres víctimas.

Para su implementación a nivel de los países iberoamericanos es preciso, según la declaración, trabajar en su adaptación a las realidades nacionales, proceso que ya está iniciado en Ecuador, Panamá y Paraguay con resultados ya plausibles.

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