Millones de dólares pasan por Honduras hacia paraísos fiscales

De acuerdo a los organismos de seguridad del país los recursos provienen de las actividades ilícitas y se trasladarían a Colombia, Panamá o países caribeños que tienen la reputación de ser paraísos fiscales.

Muchos de los fondos proceden del exterior y llegan al país por la vía de casas de envíos y de encomiendas de bajo perfil y que se dedican a dicha actividad o bien son utilizadas por los delincuentes para traficar con dinero que proviene de acciones ilícitas.

La mayoría de estas casas operan en barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras, con un perfil bajo.

Esta casas de envíos o de encomiendas no están bajo control estatal alguno, ya que no forman parte de ninguna actividad formal o de la economía real que es regulada por el Estado.

La meta es sacar el dinero del país, una vez que ha sido recibido, con la finalidad de “legalizarlo” una vez obtenido y los principales actores son el narcotráfico y el crimen organizado.

Preocupación La débil actuación del Estado en la lucha contra el narcotráfico no ha permitido que dinero procedente de Estados Unidos, Europa y otros países pasen sin ningún control e incluso salgan de Honduras para otros países como Colombia y Panamá o para los considerados paraísos fiscales como Bahamas, Bermudas o Gran Caimán, informó una fuente oficial. El mayor temor que existe es que parte de este dinero ilícito esté yendo a parar a grupos o células que promueven y financian el terrorismo mundial, especialmente en los países occidentales. Las autoridades policiales han denunciado permanentemente que mucho dinero procedente del narcotráfico se utiliza para adquirir armas que son intercambiadas con la organización armada colombiana FARC, que se dedica al terrorismo y tráfico de cocaína. Además de las FARC, las organizaciones de narcotraficantes de Colombia, México y otros países latinoamericanos son grandes compradores de armas para mantener sus ejércitos privados para imponer su orden y desafiar a los Estados.

Controles inexistentes

Gracias a los inexistentes controles que hasta ahora han existido por parte del Estado, muchas personas lograron constituir sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada para dedicarse a esta actividad, casas de envíos o de encomiendas, la mayoría de ellas al margen de la ley.

La Unidad de Investigación Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro (CNBS) reconoció que actualmente la mayoría de la referida casas se dedican al recibo y cambio de divisas sin ninguna autorización y teniendo como único respaldo un documento que acredita a sus propietarios como comerciantes individuales.

Otros en cambio solo están respaldados con escrituras de constitución de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, pero sin contar con la experiencia, el respaldo y los requisitos que en otros países se exige para este tipo de operaciones.

Lucha contra lavado de activo La UIF es la encargada de la recepción, análisis y consolidación de los reportes de transacciones financieras de las instituciones supervisadas por la CNBS , que sean complejas y no respondan a los patrones de transacciones habituales o que no tengan un fundamento económico/ legal evidente. Esta Unidad trabaja en coordinación con la Fiscalía de Lucha Contra el Lavado de Activos y en los últimos años sus investigaciones permitieron llevar a la justicia a varias personas dedicadas a esta actividad, pero debido al hermetismo con que manejan la información no se pudo tener acceso a esos informes. Proceso Digital intentó, en varias ocasiones y a través de diferentes vías, hablar con el fiscal Orlan Chávez de la Fiscalía de Lucha contra el Lavado de Activos, pero fue imposible conocer la labor que realiza esa dependencia, así como los casos que se han judicializado hasta la fecha. Se informó que el fiscal Chávez estaba de vacaciones y aunque se dejó varios mensajes a su teléfono móvil, éste nunca las contestó.

Punta del iceberg

Pese a la secretividad con que se maneja la información de los casos investigados, Proceso Digital tuvo acceso a un informe oficial de la UIF que revela solo la punta del iceberg sobre el lavado de activos en Honduras y la dimensión que está tomando este problema en la sociedad hondureña.

Para el caso, durante el 2007 la UIF registró un total de 114 nuevos casos de transacciones atípicas en el sistema financiero nacional y se investigó a cerca de 216 personas por depósitos inusuales.

Los nombres de los investigados no fue proporcionado por razones de seguridad y se desconoce si estas personas indagadas fueron enjuiciadas, quedaron absueltas o no se les encontró responsabilidad, ya que el informe no lo reporta, ni la Fiscalía proporcionó información al respecto.

Todas las transacciones atípicas son notificadas al Ministerio Público y esta dependencia da seguimiento a las indagaciones y se encarga de presentar los requerimientos fiscales y enjuiciar a los responsables, en caso de comprobar el blanqueo de dinero sucio.

Por ley todas las instituciones del sector financiero están obligadas a reportar transacciones de 10,000 dólares en adelante o su equivalente en lempiras cuando no sean normales.

En cuanto a transacciones mayores o iguales a los 10,000 dólares o su equivalente en lempiras, los investigadores de la UIF confirmaron durante el 2007 transacciones en efectivo en el sistema bancario por el orden de los 207,992 dólares y alrededor de 1.652,199 dólares en otras transacciones financieras.

Por su lado en el sector de las remesas, también están obligadas a reportar actividades mayores a los 2,000 dólares las siete empresas que se dedican legalmente a esta actividad y son supervisadas por la CNBS. En lo que concierne a transacciones atípicas en las empresas remesadoras, es decir, aquellas mayores o iguales a los 2,000 dólares, la unidad investigadora de la CNBS recibió informes que durante el periodo se registraron operaciones inusuales de envío y recibimiento por el orden de los 86,825 dólares.

Penetración del lavado

Omar Zúniga, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), expresó que el lavado de activos es un fenómeno delictivo que ha ido penetrando en diferentes esferas y actividades económicas del país, de modo que recientemente fue necesaria la reforma a la ley.

“Se tuvo que hacer una pequeña reforma a los procedimientos de ley porque existía una serie de operaciones en la banca superior a los 10,000 dólares, que eran consideradas atípicas, pero no todos eran ilegales porque en la misma operación se encontraron los justificativos de la misma”, señaló.

Indicó que ahora y a partir de la reforma se clasifican las operaciones atípicas de conformidad con una investigación y un análisis patrimonial de las personas o empresas indagadas y de haber indicios suficientes de lavado de activos el caso es trasladado a la Fiscalía de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (DGIC).

Además, del apoyo del Ministerio Público y la Policía , la OABI cuenta con un auditor permanente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que coopera con el Estado hondureño en esta materia.

Zúniga no duda que a través de las casas de envíos y encomiendas se esté “blanqueando” dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

A juicio del experto, el lavado de activos a través de casas de envíos o encomiendas puede estarse dando mediante el envío de fuertes sumas de dinero a través de diferentes personas, por ejemplo una cantidad de 100,000 dólares puede enviarse en sumas de hasta 5,000 dólares acreditadas a 20 personas.

De igual manera los que reciben el dinero lo hacen de la misma forma, es decir, mediante testaferros diferentes que captan las cantidades sin despertar sospechas en los operadores.

“Una forma de operar es que yo puedo partir un envío de 100,000 dólares en 20 personas a las que les asigno 5,000 dólares a cada una, eso podría estar pasando”, apuntó Zúniga.

Otra forma de operar de las organizaciones que blanquean dinero a través de esta vía y que ha sido denunciada por muchos comerciantes, consiste en adquirir bienes al crédito o al contado en comercios legalmente establecidos y luego venderlos a mitad del precio adquirido y luego registrar la venta a precios mayores.

El funcionario dijo que esta forma de operar de los lavadores de activos se está convirtiendo en una competencia desleal para empresas legalmente constituidas y además está provocando la descapitalización de muchas.

“El temor es ese, que comencemos a ver un comercio floreciente en muchas ciudades que no sean más que un cascaron de huevo”, advirtió.

Zúniga dijo que el lavado de activos tiene diferentes variantes y una de ellas fue el caso de una empresa que se dedicaba a reclutar personal hondureño para supuestamente llevarlo y colocarlo en diversos trabajos en el extranjero a cambio de una cantidad de dinero en dólares. La operación fue descubierta oportunamente por las autoridades, se procedió a detener a los responsables y un juzgado ordenó las devoluciones de dinero cobradas a los incautos que cayeron en la trampa a través de la OABI.

Germán Asdrúbal Rodríguez, supervisor de cumplimiento de la UIF , comparte que esta es una de las formas más comunes de lavar dinero a través de los envíos que se hacen desde Estados Unidos, pero aclaró que el mismo procedimiento se hace para el dinero que sale del país con destino a otros países como Colombia y Panamá, por medio de la referida casas.