Tegucigalpa, Honduras. Latinoamérica ha experimentado movimientos sociales que reclaman mayor transparencia, rendición de cuentas y democracia a los gobiernos.
Sin embargo, falta autocrítica y sobra intolerancia por parte de las y los funcionarios públicos, que -en lugar de servir- se sirven del poder, hasta llegar al punto de normalizar la coerción y la corrupción.
Ante este escenario, la prensa libre, independiente y acuciosa ha salido avante, haciendo valer su lugar como cuarto poder en medio de estas nuevas democracias que coquetean con la censura y atentan contra la libertad de expresión.
¿Cuán difícil es investigar, denunciar y hacer periodismo desde los países marcados como los más corruptos de Latinoamérica?, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación y el compromiso de las y los periodistas para bloquear los ataques deliberados desde el poder estatal?, ¿cómo mantenerse firme en el rol social de defensores de la libertad de expresión y emisión del pensamiento?, ¿qué riesgos han experimentado las y los comunicadores que ejercen periodismo anticorrupción en Latinoamérica?
Si miramos a los vecinos de la región, nos percataremos del «copy-paste» político-ideológico que se aplica en los países, con denominadores comunes que pasan por el cierre de espacios cívicos, la censura a la prensa, libertad de expresión y asociación, condena a la oposición y apología del miedo.
Estas prácticas antidemocráticas buscan colocar una mordaza a todo lo que vaya en contra de las líneas máximas de los poderosos de turno. Azote y palo hasta que el pueblo enmudezca.
No es un escenario nuevo el daño que la censura ante las voces opositoras causa en la estabilidad y gobernabilidad de una nación.
Los medios de comunicación junto a la sociedad civil tienen el mismo rol auditor, es imprescindible que haya sinergia entre ambos sectores para fortalecer luchas como la anticorrupción.
Y no nos olvidemos de la academia, pues no podemos ser indiferentes ante oprobios como el de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), que acaba de sufrir un atentado al conocimiento, al acusarla de «centro de terrorismo»; terror da que un centro de educación superior sea objeto de persecución. Ante estos panoramas como el cierre de espacios públicos y universidades, el periodismo está llamado a reflejar y contextualizar las realidades y, sobre todo, a asumir su rol de denuncia; y el resto, las audiencias, debemos condenar vehementemente todo lo que huela a censura.
