Tegucigalpa (Por Alejandro García) – Mientras el gobierno hondureño dio un paso más para edificar un centro penitenciario en la Isla del Cisne al anunciar que la próxima semana se conocerá la propuesta de la empresa constructora, expertos consultados por Proceso Digital aseguran que este tipo de medidas se convierten en populistas a un año de las elecciones.
– A un año y cuatro meses para que concluya el actual gobierno es prácticamente “surrealista” creer que ambos recintos carcelarios estarán concluidos, coinciden expertos consultados por Proceso Digital.
– La construcción del proyecto daría lugar a la creación de hecho de una ciudad penal, ya que concentraría a más de 25 mil personas, entre reclusos, guardias, personal auxiliar y otros.
A la par se desconocen detalles del proyecto de construcción de una mega cárcel con capacidad para albergar a 20 mil reclusos en la zona de Olancho y Gracias a Dios. Ambas propuestas son consideradas como “populistas” para atraer los votos de una población golpeada por la violencia que cobra la vida de nueve hondureños cada día.
Hace un mes y medio el gobierno, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), anunciaba medidas para luchar contra el crimen organizado, entre ellos una mega cárcel con una capacidad de 20 mil reos y que será ubicada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, una propuesta que ha generado rechazo por las comunidades indígenas que habitan la zona.
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Esta inmensa cárcel se llamará “Centro de Reclusión de Emergencia (CRE)” y la misma forma parte del Plan Solución Contra el Crimen que propone el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Aunque el anuncio ocurrió el pasado 15 de junio, las autoridades no se han vuelto a pronunciar sobre este tema, debido a que mantienen en la agenda mediática el proyecto de la otra cárcel en la Isla del Cisne, de la que ya se aprobó su licencia ambiental y que la próxima semana se conocerá la empresa que edificará la cuestionada obra.
A ambas pretensiones no se ha hecho esperar una ola de reacciones en diversos sectores, principalmente en los ambientalistas, que siguen con su postura que este proyecto perjudicará el ecosistema de la isla. No hay un solo sector de la sociedad que se pronuncie a favor de “la Alcatraz hondureña” en El Cisne. Desde la academia, pasando por entes de sociedad civil, entes económicos e incluso la comunidad internacional rechaza la obra.
Entre los representantes internacionales, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, advirtió que mantener una cárcel en una isla es complejo porque requiere altos costos.
Asimismo, la representante de Naciones Unidas (ONU), Alice Shackelford, también señaló su preocupación de construir cárceles en lugar de la prevención.
Las dos nuevas cárceles que el Gobierno de Honduras anunció que comenzará a construir este año, una de ellas en la reserva marítima de Islas del Cisne, en el Caribe, «podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario».
Así lo advirtió recién la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, quien señaló además que con las dos nuevas cárceles se privaría a los reclusos de «derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal».
No solo la Isla de Cisne se verá perjudicada en materia ambiental por la construcción de una cárcel, sino que el proyecto centro de reclusión de emergencia también provocaría un impacto negativo, ya que el lugar donde estaría edificada, también es montañoso y afectaría la ecología de la zona, han alertado ambientalistas.
Esta misma semana, el diputado suplente de Gracias a Dios, Mardel Wood, anunció que desde ese departamento se planifican marchas a la capital de Honduras para protestar por la intención del gobierno de edificar una cárcel en Islas del Cisne.
Cabe recordar, que también entre Gracias a Dios y Olancho, está la narcocarretera, un camino que conecta los dos departamentos, pero que ha ocasionado pérdidas en miles de hectáreas de bosque.
Una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro es la conservación del medioambiente, pero con la edificación de estas dos cárceles en lugares que equivaldría a un alto costo ambiental, resulta en un discurso contradictorio.
La construcción de ambas cárceles es compleja porque no sólo implicaría impacto ambiental, sino que altos costos financieros, desde su construcción hasta su mantenimiento, ya que las autoridades afirman que serán ubicadas en zonas lejanas de asentamiento de ciudadanos.
Una falla del gobierno es que no ha dado información de cómo manejaría, administraría y mantendría la operatividad de una cárcel en zona lejana.
Mega cárcel o ciudad penitenciaria
La cárcel para 20 mil reos, fue un anuncio que desde el inicio fue considerado como una medida populista y queriendo emular al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que edificó una híper cárcel para privar de su libertad a los pandilleros de máxima peligrosidad.
Las interrogantes que surgen con este centro de reclusión es que es de emergencia y ha pasado un mes desde su anuncio, y no ha habido otro pronunciamiento.
Además, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la población de personas privadas de libertad ronda entre 20 mil. Por lo tanto, ya no se ocuparían más cárceles porque albergaría a todos los reclusos distribuidos en los 20 centros penitenciarios del país, al menos eso se colige desde la lógica elemental.
Mucho menos se ocuparía una cárcel en la Isla del Cisne. Sin embargo, tanto este centro penitenciario como el CRE albergarían a los líderes de estructuras criminales, como extraditables o personas que cometen ilícitos graves como el tráfico de droga, de personas o lavado de activos.
Al estar finalizado este proyecto, las cárceles solo albergarían los reos de máxima peligrosidad y se pregunta si llegará a una cuarta parte de su capacidad penitenciaria.
Una cárcel para albergar 20 mil reos requiere de altos costos e inversión, empezando desde los guardias de seguridad que vigilarán, los policías, el personal administrativo, de limpieza, de cocina, psiquiatras, psicólogos y doctores para que brinden atención médica.
Por lo tanto, son más de 20 mil personas que albergarán allí, ya que se plantea que estaría ubicado en zona lejana de poblados, se ocuparían lugares para que el personal pueda descansar y haya relevo.
Emular ciudadelas hondureñas
En ese sentido, el gobierno plantea construir una ciudad de más de 20 mil personas, incluso su población superaría a varios municipios de Honduras e igualará a pueblos populares como Valle de Ángeles que supera los 20 mil habitantes.
Curiosamente, el municipio de Morocelí en El Paraíso, donde se encuentra la cárcel de La Tolva, una de las denominadas tres grandes cárceles de máxima seguridad del país, tiene una población superior a 18 mil habitantes.
Mientras que, en el municipio de Ilama en Santa Bárbara, está la cárcel de “El Pozo”, donde están actualmente los reos de alto perfil, tiene una población de más de nueve mil personas, según datos del Instituto Nacional Estadística (INE).
Estos dos municipios que albergan las últimas cárceles edificadas, tendrían una población superior a la mega cárcel.
Medidas populistas
El analista Kenneth Madrid dijo que construir dos mega cárceles no es la solución a los principales problemas que tiene el país y ni siquiera representa una política pública adecuada.
“Construir esos dos centros penitenciarios no es una política pública adecuada, no se está pensando en razón de factores existenciales y los problemas que tiene el país, más bien es una medida populista para atraer votos”, analizó Madrid.
Señaló que construir cárceles en una zona deshabitada conlleva a contaminar el medioambiente porque los familiares de los privados de libertad comprarán terreno en zonas aledañas, vivirán en esas zonas y terminarán desarrollando otro pueblo.
Madrid indicó que el gobierno ni siquiera puede manejar un centro penal con dos mil reclusos, mucho menos un recinto de 20 mil.
En los centros penales actuales puede haber un reacondicionamiento de los privados de libertad, y no desaparecerán con la construcción de una híper cárcel.
Aseveró que esa mega cárcel se traducirá en un bolsillo roto de fondos al gobierno “imagínese darle de comer a 20 mil reclusos tres veces al día, es una proporción logística exagerada”.
El analista consideró que será un error que los policías militares se encarguen de administrar esta híper cárcel porque se violenta el respeto de los derechos humanos.
Mencionó que el gobierno no ha tomado en cuenta donde vivirán los empleados de la CRE y provocaría una contaminación del sistema porque no habría relevo.
Agregó que el personal también requerirá de días libres y que cuando los tenga, no acudirán a visitar la ciudad de Tegucigalpa, sino que quedarán en lugares cercanos. Es desproporcionado un país que requiere de médicos y hay mora quirúrgica y se esté hablando de estos temas, reprochó.
Madrid advirtió que esta híper cárcel conllevará a que los reclusos sólo tengan medidas de prisión preventiva, pero una vez que el plazo venza, no se judicializará los casos y quedarán libres.
El analista concluyó que, si este Centro de Reclusión de Emergencia es una realidad, se convertirá en un problema que heredará la siguiente administración.
No habría rotaciones de personal
De su lado, el general en condición de retiro, Luis Maldonado, dijo a Proceso Digital que el gobierno no ha dado aclaración si esta mega cárcel es provisional porque lleva la palabra de emergencia.
Subrayó que esta cárcel podría perjudicar la cuenca del Río Patuca, Río Plátano y al pueblo Tawahka porque crearía un nuevo entorno humano en el lugar.
Maldonado también expresó que, para tener una cárcel con una gran población penitenciaria, también debe reflejarse en la capacidad institucional para responder una emergencia como incendios.
Por otro lado, remarcó que esta cárcel implicaría que no haya constante traslados de reos por la complejidad en su ubicación.
Igualmente, perjudicaría al personal porque para atender una población de 20 mil reclusos se requiere trabajadores del área de psicología, otros encargados de la rehabilitación, logística para llevar juicios, más vigilantes, cocineros, los de la limpieza.
“Se requiere que el personal se mantenga permanentemente allá para que le de funcionalidad a la cárcel, por lo tanto, no habrá turnos ni el personal salga para irse a otro lugar”, analizó.
Consideró que estos proyectos son desacertados, no convenientes, no sostenible y son contrarias a la lógica de donde se debe construir centros penitenciarios.
Pese a la retórica oficialista de construir estos recintos carcelarios, los analistas en el tema de seguridad coinciden que debido a que al actual gobierno apenas le queda un año y cuatro meses de mandato es prácticamente “surrealista” creer que se concluirán las edificaciones, es decir que se diluirán como una continuación en la oferta de campaña. PD
