Tegucigalpa – La viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Martha Sabillón, indicó que debido a la ingobernabilidad y la violencia que impera en el país, unos tres mil hondureños han sido víctimas de un desplazamiento forzado.
 

Agregó que otro motivo, son las demandas sociales que no son satisfechas por el propio Estado al tiempo que explicó que el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), hace una diferenciación y en ese sentido, algunas personas califican para ser tomados como refugiados y otros no y por eso se habla de personas que se ven desplazadas por fenómenos de violencia.

Señaló que en el país no existe un estudio a profundidad y el Estado no lleva procesos sistemáticos de registro de información, sin embargo, el Acnur estima que al menos en Honduras, son más de tres personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, una cifra considerada muy baja, debido a la falta de información y estudios.

“Es una cifra que estamos seguros, que al momento de hacer una investigación a profundidad, se verá elevada”, afirmó.

Indicó que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, está haciendo algo más que enviar papeles al Congreso Nacional, porque no tiene mandato en la parte de investigación ni para la defensa de los derechos humanos en el país y en ese sentido, está haciendo llamados constantemente a las autoridades que sí tienen el mandato para brindar la protección en este tipo de casos.

Añadió que también no basta con estar haciendo la solicitud de protección para esas personas sino que además se les da seguimiento y públicamente les hace un llamado a esas autoridades para asuman la responsabilidad que la ley les ha conferido.

Además de eso, se está trabajando con mesas de implementación donde está integrada la sociedad civil y el mismo Estado a fin de tomar medidas de forma inmediata, pero también para presentar propuestas integrales.

En ese sentido, se ha trabajado con la sociedad civil para la creación de una red nacional de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, tratando de generar algún tipo de respuesta desde los sectores que están siendo víctimas de violencia, tomando medidas de autoprotección, fortaleciendo las redes que ya existen y los sistemas de alerta temprana.