Tegucigalpa – A criterio del presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, se manda “un mensaje intimidatorio” a los demás jueces tras la forma de cómo se efectuó la captura de Liz María Ernestina Núñez, al tiempo que criticó que ésta vaya recluida a Támara y el exconcejal Teodoro Bonilla permanezca tranquilo en su casa.
– Citó que al estar padeciendo enfermedad grave, a la jueza se le debió permitir defenderse en libertad.
Núñez, jueza con jurisdicción nacional, está vinculada al caso Shalom y en las últimas horas fue detenida y enviada a la cárcel de Támara, Francisco Morazán.
La togada es acusada por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. La responsabilizan de favorecer mediante resoluciones judiciales a familiares del entonces vicepresidente del Consejo de Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla.
Los parientes de Bonilla ya fueron condenados, en días recientes, por lavado de activos y almacenamiento de armas prohibidas.
El representante de los jueces, Mario Díaz, criticó la forma en que se produjo la captura de Núñez. “Fue una acción bastante drástica, nosotros cuestionamos desde el momento que se registró su detención por el uso de la fuerza que se hizo en su contra. Se trata de una funcionaria judicial que tiene una oficina determinada, fácilmente localizable y no entendemos por qué hacer uso de esa fuerza”.
“Esto es improcedente y detrás hay un mensaje contra los jueces del país”, aseveró.
Citó que por el presunto delito de prevaricado, que se le acusa a la jueza, la pena podría ser de tres años, situación que podría hacer que Núñez se defienda en libertad, extremo que no ocurrió.
Para Mario Díaz, con estas acciones se interviene en la independencia de los jueces.
Fustigó que la acción contra la jueza Núñez hace que ésta permanezca recluida en Támara, en tanto el exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, esté tranquilamente en su casa. “Esto nos parece un contrasentido y es una situación que no debe ocurrir”.
Remarcó que “existe un trato discriminatorio entre uno y otro caso”. Asimismo, mencionó que “habiendo otras denuncias contra altos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, la ATIC no procede contra ellos. Quisiéramos que todo esto fuera parejo y se proceda de forma igual”.
Finalizó que la ahora imputada comparte prisión con mujeres que en su momento ella misma envió a la cárcel de Támara. “Es algo atentatorio contra su propia vida y corre peligro si lo vemos desde todo punto de vista”, finalizó.
