Tegucigalpa – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en Conjunto con la Fiscalía denunciaron este lunes a una red de cinco actuales diputados señalados por el delito de malversación de caudales públicos
– Se solicitó la inmediata captura de los cinco parlamentarios y la inmediata designación de un juez natural para que conozca la acusación.
Se trata de Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, todos actuales diputados del pleno del Congreso Nacional. Igualmente se vincula a tres particulares.
De acuerdo a lo informado esta tarde, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC) y la MACCIH-OEA detallaron el resultado del primer caso de corrupción investigado completamente bajo el esquema de Equipo Integrados, en el cual participan fiscales e investigadores de Honduras, así como expertos internacionales.
A través de sus investigaciones, el equipo UFECIC-MACCIH descubrió una red de diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron desviados para uso personal.
El fiscal Chinchilla en la conferencia de este día.
“Los diputados y diputadas de la red se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para estos fines”, apuntó el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor.
Es así que anunciaron la presentación de un requerimiento para iniciar el proceso penal por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad contra los cinco parlamentarios hondureños, además se solicitó la suspensión inmediata de su calidad de diputados.
Nombran juez natural El oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, dijo que el pleno de magistrados de ese poder del estado se reunió para designar los jueces que conocerán el caso de los cinco diputados acusados por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Igualmente, la Corte de Apelaciones queda integrada por los magistrados Reinaldo Hernández, Miguel Pineda Valle y Rina Auxiliadora Alvarado. |
En ese sentido se nombró a la magistrada Alma Consuelo Guzmán, quien estará en la etapa preparatoria del proceso en contra de los cinco parlamentarios.Según lo expresado por Jiménez Mayor, los diputados y diputadas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los parlamentarios implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3 millones 300 mil lempiras, el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladó a dicha ONG 8 millones 300 mil lempiras, es decir, más de 6 millones 685 mil lempiras.
Las otras tres personas involucradas fueron identificadas como: José Napoleón Panchamé Banegas, director de la ONG; Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; y Geovanny Castellanos Deras, gestor.
“La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos”, remarcó el funcionario de la Misión Anticorrupción.
Esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras, indicó.
La UFECIC y la MACCIH inauguran el sistema hondureño anticorrupción con esta investigación a la Red de Diputados, cuyas ramificaciones la UFECIC y la MACCIH seguirán investigando. La modalidad de Equipos Integrados, permite avanzar en las investigaciones anticorrupción de manera científica y expedita.
“Corresponde ahora a los órganos de justicia actuar diligentemente sobre las pruebas presentadas por la UFECIC y MACCIH y asegurar que los responsables de actos de corrupción contra el patrimonio público sean condenados de acuerdo a la gravedad de los actos cometidos“, finalizó.
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— Ministerio Público (@MP_Honduras) 11 de diciembre de 2017
