Tegucigalpa – Mientras el Ministerio Público intensifica las acciones contra alcaldes y diputados de la oposición, acusandolos de corrupción, crecen las dudas sobre si la justicia hondureña actúa con imparcialidad o responde a intereses políticos en plena antesala electoral.
– En el país lo que se está practicando es una judicialización selectiva, según algunos conocedores.
La lucha contra la corrupción debe ser celebrada siempre que se busque justicia sin distinción de partido, poder o posición social. Sin embargo, en Honduras, los recientes procesos judiciales han despertado una creciente controversia, para muchos, los casos parecen tener más un componente político que jurídico, generando incertidumbre en medio de un proceso electoral que ya se percibe tenso y polarizado.
Línea oscura
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse señaló a Proceso Digital que, en Honduras, la línea entre hacer justicia y ejercer persecución política se ha vuelto peligrosamente oscura. Cuando los tribunales dejan de ser espacios de equilibrio y se convierten en instrumentos del poder político partidario, el Estado de derecho pierde su sentido. Lo que debería ser la expresión más alta de la legalidad termina siendo venganza o la manipulación política, y pierde legitimidad, cuando es silenciosa ante el poder o en este momento a la conveniencia electoral.
“Esta instrumentalización de la justicia no solo afecta a quienes son objeto directo de procesos judiciales, sino que hiere profundamente la efectiva protección de los derechos políticos y la efectiva protección del voto ciudadano”, agregó la jurista.
Agregó que esto hace daño porque la población deja de creer en la imparcialidad de los jueces y fiscales, percibiendo que las decisiones judiciales ya no responden a pruebas o a derecho, sino a intereses particulares especialmente los partidarios.
Cuando la justicia es manipulada en contextos electorales, el daño es doble: se destruye la confianza en el proceso democrático y se anula la posibilidad de que las elecciones sean un verdadero instrumento de soberanía popular. En esas circunstancias, el voto deja de tener sentido, porque los resultados ya no reflejan la voluntad libre del pueblo, sino los intereses de quienes controlan el aparato judicial. Así, la persecución política disfrazada de legalidad se convierte en fraude institucional, razonó.
“En definitiva, una democracia no muere solo con golpes de Estado; también puede destruirse lentamente cuando la justicia es convertida en herramienta de poder, puesto que deforma la competencia electoral sin duda alguna, inhabilita prácticamente a la oposición, intimida toda clase de disidencia, distorsiona el voto, inhibe la deliberación y altera el resultado electoral sin pasar por las urnas”, zanjó.
Casos que sacuden la opinión pública
En los últimos meses, varios casos mediáticos han sacudido el escenario político nacional. Uno de ellos involucra al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, cuyo yerno ha sido señalado por el Ministerio Público en un caso de presunta corrupción que, según algunos sectores, tiene tintes de persecución política. Otros se preguntan por qué las acciones judiciales ocurren justo a semanas de las elecciones generales.
En este caso cabe detallar que el 23 de septiembre pasado, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó requerimiento fiscal contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a la Alcaldía de San Pedro Sula, acusados de integrar una red de corrupción que habría causado un perjuicio superior a 45.5 millones de lempiras mediante contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L. Entre los señalados se encuentra Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Contreras, además de empresarios y exfuncionarios municipales.
Otro caso que generó amplio debate fue la captura del diputado nacionalista Nelson Márquez, el pasado 29 de julio de 2025, acusado de corrupción cuando fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas). Márquez, considerado uno de los más beligerantes opositores al actual gobierno, guarda arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.
Más alcaldes bajo la lupa del Ministerio Público
Y los casos más reciente que ocupa espacios noticiosos se dio desde ayer lunes y continuó este 21 de octubre, se trata de la acusación que pesa sobre el alcalde de Bonito Oriental, Mario Renato Planas, quien en las últimas horas fue detenido por tenencia ilegal de armas tras un allanamiento en su vivienda, en el que, según la ATIC, se investigan presuntos vínculos con el narcotráfico.
También se realizaron acciones contra el diputado liberal por Copán, Ricardo Elenkoff, cuyas propiedades fueron intervenidas por agentes policiales y militares, bajo la supervisión de fiscales.
La fiscalía lo acusa de crimen organizado, lavado de activos y que el narcotráfico financió su campaña política.
Elenkoff rechazó las acusaciones e indicó que el problema es que el partido Libre se encuentra abajo en las encuestas, superado por el partido Liberal.
Los procesos no se detienen allí. El 26 de agosto de 2025, la Fiscalía presentó solicitud de antejuicio contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, y dos regidores por malversación de fondos, mientras que en diciembre de 2024 se judicializó a la corporación municipal de La Unión, Copán, por incitación a la discriminación. Casos similares han surgido en Mercedes de Oriente, La Paz, y otros municipios del país.
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A esta lista se suma el proceso pendiente contra el exalcalde del Distrito Central y actual presidenciable nacionalista, Nasry Asfura, acusado por la supuesta malversación de más de 28 millones de lempiras durante su gestión municipal. En este caso hay quienes señalan que también con este proceso abierto se ha buscado limitar al presidenciable.
Críticas por una justicia “inclinada”
Sin embargo, las críticas apuntan a un patrón: la mayoría de los investigados pertenecen a partidos de oposición. El Ministerio Público parece tener la balanza inclinada hacia un solo lado, denuncian figuras opositoras, señalando que ningún funcionario cercano al gobierno ha sido investigado con igual rigor.
Como ejemplo, mencionan el caso del “video cheque de Sedesol, que involucra a la diputada y candidata a la reelección Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sin que hasta el momento se hayan presentado acciones judiciales formales y el accionar del MP ha sido bastante tímido en dicho caso.
El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, advirtió que la judicialización de casos contra figuras de la oposición, a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, genera la percepción de persecución política.
“Es lógico que la oposición piense que es una persecución política porque la Fiscalía está instrumentalizada”, expresó Umaña a Proceso Digital.
El diputado cuestionó que estos procesos se desarrollen mientras permanecen impunes casos de corrupción que involucran al oficialismo, como el de la Sedesol, donde figura el diputado Isis Cuéllar, y el narcovideo del cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya.
Asimismo, criticó la falta de investigaciones sobre denuncias de sobrevaloraciones señaladas por la ASJ y el CNA, así como la continuidad del estado de excepción, al que calificó de ilegal.
Según Umaña, esta aplicación parcial de la justicia refuerza la percepción de corrupción y manipulación política del sistema judicial.
Democracia en retroceso
La combinación de corrupción, impunidad, justicia selectiva y desconfianza ciudadana ha puesto en jaque la legitimidad del sistema democrático.
El Índice de Democracia de The Economist, dio a Honduras una puntuación de 4.98, clasificándole como una democracia híbrida, marcada por un sistema judicial debilitado, una corrupción persistente y una confianza ciudadana en declive.
Entonces a medida que se acercan las elecciones, la pregunta que ronda el ambiente político es clara: ¿Está la justicia hondureña luchando verdaderamente contra la corrupción o se ha convertido en un campo de batalla electoral? PD
