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Los «sobresaltos» del Ministerio Público

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, ha realizado su gestión al frente del Ministerio Público imprimiéndole un sello muy particular: el sobresalto y la incertidumbre, en donde el discurso político es más fuerte que los procesos judiciales incoados, en especial, en los casos que él llama de “alto impacto” ligados a presunta corrupción o a la puesta en marcha de una “conspiración” para atentar contra el proceso electoral  y la estabilidad del gobierno de Libertad y Refundación, el partido de izquierda que lo eligió en ese cargo con el aval de los partidos políticos en el Congreso Nacional.

Su asunción fue polémica, pues antes de jurar como el nuevo hombre fuerte del Ministerio Público, Johel Zelaya se desempeñaba como regidor de la municipalidad de Reitoca, Francisco Morazán, un cargo que por ley debió inhabilitarlo, pero no fue así. Los pactos políticos entre el tripartidismo que conforman los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre), le permitieron seguir en la carrera. Los impedimentos legales fueron superados por los acuerdos políticos.

El fiscal general Johel Zelaya es más elocuente que el resto de sus antecesores, al comparecer más a la prensa, y emitir sus opiniones sobre los casos de alto impacto que quiere publicitar.

Pero sus retos son enormes, pues tiene ante sí un Ministerio Público que, por ese reparto de cuotas de poder político, se fue desnaturalizando en el tiempo, y ahora luce más político y politizado. Los niveles de confianza del Ministerio Público son apenas del 29%, mientras la desconfianza ronda el 70%, según el último sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la comunidad de los jesuitas en el país.

Esa desconfianza se asocia con el deterioro que ha sufrido la institucionalidad hondureña y donde la mayoría de la población no confía en sus instituciones, y las más confiable fuera de esa institucionalidad, son las iglesias cristianas con más del 70% de aprobación según sondeos nacionales y estudios internacionales.

Recobrar la credibilidad y la confianza del Ministerio Publico son los principales desafíos de un fiscal general. Poco a poco el beneficio de la duda que se le había otorgado comenzó a fraccionarse ante el comportamiento de la fiscalía frente a hechos considerados emblemáticos, ligados a la lucha anticorrupción y las violaciones a los derechos humanos.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya.

Los crímenes sin resolver

Su primera prueba de fuego fue el crimen del líder ambientalista Juan López, ocurrido hace 11 meses sin mayores avances. Se capturaron los presuntos autores materiales, pero sin pistas sobre los intelectuales que ordenaron su muerte. Las presiones por esclarecer el caso de López han sido sostenidas por parte de los sacerdotes jesuitas, al punto que el propio fiscal Johel Zelaya se reunió con el obispo Jenry Ruíz y el sacerdote Ismael Moreno, para explicarles cómo estaban los avances del caso.

Desde que mataron a Juan López la fiscalía ha indicado que ha enviado al FBI los móviles de los presuntos hechores para el vaciado, y así ha pasado el tiempo. Al término de la reunión con el fiscal Zelaya, los religiosos jesuitas indicaron que la plática no fue convincente, pero seguirán dándole el beneficio de la duda. Ambos lamentaron la impunidad en que ha caído el crimen, donde la justicia también hace su parte desde los tribunales: dilatar o reprogramar las audiencias del caso.

Si la muerte del ambientalista, regidor municipal, y celebrador de la palabra, Juan López, sigue sin tener un rumbo claro en la investigación—pese a las presiones locales e internacionales—otro hecho similar, se mantiene en iguales circunstancias.

En febrero de este año, la prensa reportaba el asesinato de dos reconocidos defensores en la protección y conservación del ambiente, Juan Bautista Silva y su hijo Antonio Silva, acontecido en la comunidad de Las Botijas, departamento de Comayagua, unos 80 km al norte de la capital. Ellos eran defensores de la forestería comunitaria y sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en una de las áreas boscosas de esa zona.

Por ese crimen no hay mayores avances ni información. El Ministerio Público sigue analizando y recogiendo pistas con sus investigadores, pero su caso apunta a ser parte de los lentos archivos que terminan en el vagón de la impunidad. Otros líderes defensores de los territorios asesinados en el país, en especial en la región del Bajo Aguán, también entran a los archivos de la investigación del Ministerio Público.

En temas de corrupción, hechos como el video cheque de Sedesol ante el presunto desvío de fondos públicos para campañas políticas, no cogen la velocidad con que actúa en otras acciones el Ministerio Público. Tampoco lo hace el narco video en donde aparece el entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociando sobornos con capos de la droga hondureño para la campaña de Libre de 2013.

El fiscal Johel Zelaya ha dicho que, en ese caso, el video data de muchos años y casi que es imposible investigar a fondo, pero ha anunciado todo el peso de la ley para otro video similar en el cual se implica al general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, prófugo de la justicia y a quien el Ministerio Público ha entablado junto a otros militares en retiro, acciones judiciales por el crimen de Isis Obed Murillo en el 2009, tras la asonada que depuso del poder al expresidente Manuel Zelaya.

Esos requerimientos contra los ex militares en retiro señalan los juristas, carece de fundamentación legal, pero a excepción de Vásquez Velásquez, los exmilitares están en prisión mientras esperan juicio y a algunos, la justicia les ha negado el debido proceso del arresto domiciliario como manda la ley. Otros juristas son del criterio que por ser delitos de lesa humanidad no les asiste ningún derecho.

Exministro de Sedesol y diputada enredados en escándalo de entrega de cheques a estructuras políticas de Libre.

La inacción contra la corrupción gubernamental

Pero en los temas de corrupción, no solo el caso de Sedesol es emblemático por la red de corrupción que revela, también otras dependencias gubernamentales han experimentado la misma práctica, y solo en uno de esos casos, el de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por la compra irregular de computadoras, los voceros del Ministerio Público indicaron que abrieron una investigación de oficio, mientras Sedesol y otros siguen “recopilando” pruebas.

Pero no son esos hechos los que han generado los “sobresaltos” del fiscal Zelaya y el Ministerio Público. El primero fue después de las elecciones primarias del 9 de marzo y el paseo de las maletas electorales. Los fiscales del MP han tenido desde esa fecha, a la actual, un acceso permanente dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la investigación original sobre qué pasó con el turismo de las maletas electorales y el rol de los militares, se desvió a un hecho del contrato del transporte por presuntas irregularidades.

Luego el fiscal general en rueda de prensa anuncia que citará a los consejeros del CNE por denuncias en su contra, reitera que no “le temblará la mano” y si tiene que librar requerimientos fiscales, lo hará sin dilación. Ordena la citatoria, primero en calidad de testigos, luego como “investigados” para dilucidar una presunta conspiración contra el proceso electoral. Les acusa de delitos de traición a la patria y a la seguridad nacional, entre otros. La primera en ser citada—sin conocer aún la fecha—ha sido la consejera presidenta del CNE, Cossette López. Los fiscales de delitos electorales siguen secuestrando información del ente rector electoral para dar con los hilos que le lleven a la conspiración.

La “mano” que no le tiembla

Otro de los sobresaltos hechos por el fiscal general se relaciona con la estafa de Koriun Inversiones, al asegurar en rueda de prensa, que habrá castigo a los culpables, tampoco le temblará la mano para hacer justicia y que el dinero les será devuelto a los ahorrantes como lo prometió inicialmente el gobierno de la presidenta Castro.

Se dieron las primeras capturas, pero luego confesó que los capturados no quieren hablar para dar con el fondo del asunto. El caso ha caído en silencio, Koriun Inversiones se ha quedado con los “peces chicos” porque los imputados no quieren cooperar. Zelaya dijo que el Ministerio Público actuará en calidad de “veedor” cuando se produzca la entrega del dinero. Los aportantes estafados siguen esperando ese momento.

Luego, el fiscal Zelaya salió a los medios de prensa, antes de las vacaciones de medio año, para anunciar que dará un fuerte golpe que va a “estremecer” a Honduras relacionado con al menos tres mil millones de lempiras. Ese golpe se relaciona con un caso de hace 22 años de una presunta estafa en el cual se implica a una serie de exfuncionarios, jueces y un diputado, el actual subjefe de bancada del partido Nacional, Nelson Márquez. La fiscalía dice que probará cómo a lo largo de esos años se ha fraguado una red de colusión y corrupción, que se encuentra en sus primeras etapas procesales en los tribunales.

Pero ha sido el último sobresalto relacionado con otro hecho de presunta conspiración, esta vez relacionado con un presunto intento de atentado en contra del expresidente Manuel Zelaya, que ha puesto en aprietos al fiscal general, Johel Zelaya, al aseverar que cuentan con pruebas suficientes y contundentes para aseverar que se fraguaba un atentado contra el expresidente Zelaya, y una conspiración en marcha para estremecer el gobierno de la presidenta Castro y evitar que se fuera a elecciones el 30 de noviembre.

En rueda de prensa, el fiscal general reitera que el Ministerio Público no está pintado, que están recobrando la credibilidad y que le habían cuestionado por denunciar una conspiración que hoy ha podido ser probada: tenemos pruebas “técnicas, científicas y documentales” sobre el presunto plan contra el exgobernante e impedir las elecciones y provocar la salida anticipada de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien cesará en el cargo el 27 de enero de 2026, dijo el fiscal.

Dentro de esas pruebas anunció la captura de tres presuntos terroristas y mostró como evidencia unos audios donde se escucha una conversación de personas que despotrican contra el gobierno y el expresidente Zelaya. Nada que pueda considerarse como una “prueba de evidencia sólida”, dicen los abogados penalistas.

El fiscal general agregó que las investigaciones han permitido la detención de tres hombres, identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Katan Rivera. Las investigaciones periodísticas revelan que estas tres personas no tienen antecedentes penales y que no se conocían entre sí, hasta el día de su captura y que fueron presentados en la audiencia inicial y llevados a la cárcel de Támara mientras se les sigue el proceso que podría terminar en un juicio.

Histórica jornada por la democracia y la libertad este sábado 16 de Agosto.

Las personas capturadas son uno de 70 años, jubilado de una institución pública, y los otros dos en las edades de 54 y 56 años, respectivamente. Uno tiene un negocio de plásticos y fumigación agrícola y el otro un ingeniero electricista, apasionado de los autos clásicos.

El Ministerio Público los ha acusado de terroristas, se desconoce si hay evidencia—aparte de los audios—relacionado con armas o planificación de cómo sería el atentado contra el expresidente Zelaya, último que ha reaccionado indicando que desde hace varios años las fuerzas perversas del golpismo le han querido matar, pero que está cubierto “por la sangre de Cristo” en tanto la presidenta Xiomara Castro ha pedido una investigación a fondo por la gravedad de la denuncia, y la Cancillería hondureña ha empezado a denunciar internacionalmente esta presunta conspiración que no termina de cobrar forma en los argumentos presentados por la fiscalía.

Las acciones del Ministerio Público acontecen en momentos que el país se apresta a un proceso electoral el 30 de noviembre para un relevo en el gobierno o la continuidad de la izquierda en el poder, cuando las denuncias de corrupción y de narcotráfico sacuden la actual administración y cuando la ciudadanía cristiana ha salido a las calles masivamente a pedir por la democracia y la paz en Honduras, en medio de una recia campaña de descrédito contra las iglesias y los medios de comunicación, últimos a quienes se cuestiona por su labor fiscalizadora del poder. (PD).

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