Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El nuevo gobierno que asumirá la presidenta electa Xiomara Castro, tiene el reto de impulsar una política integral de seguridad en la cual desde hace más de 12 años se viene identificando los territorios más inseguros a causa del narcotráfico, el microtráfico y la presencia de las maras y pandillas, sumado a la inconclusa depuración policial.
Las expectativas se han centrado de momento en quien podría ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad en sustitución del general Julián Pacheco. Pero la política de seguridad va más allá de un uniforme.
La llegada al país del ex director de la policía nacional, el comisionado general, Ramón Sabillón, quien fuera recibido en el aeropuerto “Ramón Villeda Morales”, en el valle de Sula, por la comisión de transición de la presidenta electa, Xiomara Castro, ha generado esperanzas en torno a ser el posible sucesor de Pacheco.
Sabillón conoce la institución policial y en los 11 meses que estuvo al frente de la misma cuando entre otras acciones capturó a cabezas de la banda de narcotráfico del llamado cartel de los Valle Valle, que operaba en el occidente, fuertemente ligados a cárteles colombianos y mexicanos, entre estos últimos el cartel de Sinaloa liderado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien guarda prisión de por vida en una cárcel de Estados Unidos.
En una rueda de prensa, la comisión de transición de la presidenta electa dio la bienvenida a Sabillón, dejando el sabor que podría ser el ungido, y que se reuniría con la presidenta electa, Xiomara Castro para sellar esa decisión. El anuncio sigue pendiente.
Pero más allá de quién será el nuevo ministro de Seguridad, los desafíos que esperan al nuevo gobierno pasan por la puesta en vigor de una mano dura a una de mano inteligente, en donde prevalezca una visión integral de la seguridad que no se centre únicamente en el enfoque policial del delito, advierten los expertos.
La política integral debe contemplar aspectos de prevención, ataque, contención y sostenibilidad, una formación policial con enfoque humanista, además de continuar con la depuración policial y el diseño de estrategias efectivas en contra de la delincuencia común y organizada.
Desde hace más de una década, el Observatorio de la Violencia de la UNAH viene reportando cuáles son los llamados territorios calientes en el país que conforman el corredor de la inseguridad. Año con año, los reportes del observatorio son los mismos: al menos siete departamentos conforman el corredor de la inseguridad con presencia del crimen organizado, el narcotráfico, microtráfico y delincuencia común. En esas zonas, unos municipios entran, otros salen, pero los datos reflejan que ahí las estrategias de combate no hacen mella.
Las señales ignoradas
Esos departamentos que siempre pintan rojo generalmente son Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, Yoro, Olancho, le siguen Francisco Morazán, Copán, Lempira e Intibucá. Sus municipios en los mapas interactivos de la violencia pintan inseguridad. Y son también los mismos que registran los mayores números de femicidios, muerte violenta de mujeres y agresiones físicas, sexuales y de violencia intrafamiliar.
Desde hace más de una década esas cifras hablan del comportamiento de la violencia e inseguridad y lo que se percibe es un desplazamiento de la violencia y del microtráfico, además de los movimientos de maras y pandillas.
Las maras y pandillas ya no se concentran tanto en Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, el motor industrial. Ahora se han ramificado también, mientras arrecia su autoridad en los territorios de las zonas urbanas y urbanas marginales.
Así lo revela una de las más recientes investigaciones sobre maras y pandillas realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que desgrana cómo estos grupos paralelos de poder imponen sus normas en las poblaciones que dominan, a tal grado, que, en determinados sitios, la autoridad policial pide permiso para ingresar. Recuperar la gobernabilidad en esos territorios, devolver la confianza en los ciudadanos, la paz y la esperanza, es uno de los retos que tendrá el nuevo gobierno en materia de seguridad.
Esa visión integral de la seguridad implica abordar el problema de los desplazamientos forzados por violencia, donde familias enteras han tenido que dejar sus casas porque se las pide un jefe pandilleril si ésta es de su agrado. Es la otra migración silenciosa que se vive en el país y no concluye con un operativo.
Los enfoques de la política integral en seguridad se mantienen separados entre lo nacional y lo local, volviéndola más compleja y poco práctica en su ejecución.
Lo local y lo nacional, divorcio innecesario
Según los expertos en la materia, la gestión nacional de la seguridad y los gobiernos locales mantienen iniciativas aisladas en su política, algunas de estas experiencias pueden ser replicables y positivas, pero esa separación de lo local y lo nacional las mantiene como experiencias que no trascienden y menos aún se formulan directrices nacionales.
Se suman a estos aspectos las constantes denuncias de abusos policiales en materia de derechos humanos y en el proceso de depuración las instancias de control creadas como la DIECP, necesitan ser fortalecidas y no invisibilizadas, como hasta ahora. No basta con la depuración, se requiere de cambios profundos en materia de formación policial, más allá del énfasis en respuesta reactiva, afirman los entendidos.
Las estrategias de seguridad, abordadas en cientos de documentos entregados a los últimos gobiernos, no han sido implementadas de manera integral por falta de voluntad política, de un lado, y por la corrupción y la criminalidad organizada, por otro, que cooptó parte de las instituciones estatales, según revelan las investigaciones, acusaciones y depuraciones.
El gobierno que está por tomar las riendas del país necesitará de acciones efectivas, rápidas y de largo aliento que fortalezcan el rumbo de la seguridad ciudadana y la visión integral de la misma, vista no solo desde el enfoque estrictamente policial, sino global en donde lo local y lo nacional se encuentren para una mayor efectividad.
Estas estrategias y políticas públicas deben tener un presupuesto para contar con los recursos idóneos, mismos que deben pasar por una evaluación continua de resultados, rendición de cuentas y transparencia, el otro componente necesario para recobrar la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado, entre ellas, la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo al Latinobarómetro 2021, la confianza institucional en la Policía Nacional es apenas del 27% y con el nuevo gobierno, las expectativas ciudadanas crecen, siendo el tema de la seguridad uno de ellos, en especial, cuando los datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH nuevamente ponen el acento sobre el repunte de las muertes violentas, la epidemia en los asesinatos de mujeres y la proyección que el 2021 estaría cerrando con una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. La seguridad será para este gobierno, mucho más que un ministro. (PD)
