Tegucigalpa – Para el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, en la actualidad se escuchan solo críticas y llamados para que la Misión salga del país, pero no oye, en el actual proceso electoral, propuestas e iniciativas para fortalecer la lucha anticorrupción. Al tiempo que, con aplomo, afirmó que los avances contra la impunidad generados por la misión en Honduras son irreversibles.
– Se establecerá un sistema central de denuncias anticorrupción, la cual documentará y evaluará todas las denuncias y casos.
– No escucho propuestas anticorrupción de presidenciables: Jiménez Mayor
– El vocero de la MACCIH vuelve a urgir la aprobación de la ley de colaboración eficaz
El responsable de la Misión, enviada para ayudar a Honduras a crear una nueva arquitectura anticorrupción, así como apoyar al Ministerio Público a desmantelar redes de corrupción, plantea que este país cuenta con un circuito especial de justicia para los altos funcionarios que es un Juez Natural, normalmente un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que, por el principio de igualdad, todos los ciudadanos deberían pasar por el Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), recién creada por el Ministerio Público con el apoyo de la misión.
También adelantó que en los próximos seis meses habrá un trabajo de mucha acción de la Misión junto a la recién creada UFECIC.
Igualmente dijo que otro avance importante en la lucha contra la impunidad quedará plasmado en el Sistema Certificado de Denuncias que está a las puertas de entrar en vigor.
El funcionario, de larga trayectoria en su Perú natal, para combatir la corrupción que se incrustó en el Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori, reiteró que para lidiar contra la corrupción y la impunidad una herramienta crucial es la llamada Ley de Colaboración Eficaz. Sin ella, – dijo -, no habrá una lucha profunda.
Jiménez Mayor recibió a Proceso Digital en su oficina para dialogar sobre diversos temas de país:
Proceso Digital (PD) – ¿Cuál considera que es la mayor amenaza para la MACCIH en estos momentos, la externa o la interna?
Juan Jiménez Mayor (JJM) – El impacto de lo que sucedió en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) generó coletazos en Honduras. La solicitud de salida de la CICIG que planteó el presidente Jimmy Morales y la incomodidad que genera la CICIG en un espacio tan unido como es el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), genera también aquí un escenario de preocupación a ciertos sectores que no quisieran que estas cosas ocurrieran en el país.
Los procesos de CICIG y MACCIH son irreversibles, aunque tengamos algunas coincidencias, no son iguales. La CICICG ha cumplido 10 años, nosotros un año cuatro meses.
Hemos trabajado duro en este lapso, instalamos la oficina y su equipo, pero también trabajamos en preparar la ley de financiamiento electoral o de política limpia, el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el del condenado exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, así como trabajar en la construcción de un nuevo sistema anticorrupción, entre otras cosas.
Todo ha dado resultados rápidos, ya que es lo que reclama la sociedad hondureña. Pero veo mucha angustia en cierto sector muy crítico con la Misión y bienvenida la crítica porque eso es lo que nos motiva a seguir avanzando, pero la gente tiene que entender que esto es un proceso y no es fácil.
Les recuerdo que hay cuatro sentencias contra Mario Zelaya, es importante la condena, ya que es la persona que montó la corrupción de hechos ilícitos en el IHSS.
Pero necesitamos las herramientas, la CICIG las tiene en Guatemala, pero aquí no las tenemos, ni la MACCIH, ni la Fiscalía, herramientas legales nuevas que nos permitan poder desmantelar las redes criminales, ya que son delitos de escenarios cerrados, no hay visibilidad o forma de saber que está ocurriendo.
Va a ser muy difícil desmantelar las redes corruptas, por eso necesitamos informantes y la Ley de Colaboración Eficaz, ya que el colaborador debe delatar, pero también presentar pruebas que las puedan utilizar los fiscales en los juzgados.
Las organizaciones criminales tienen contabilidad donde registran cuánto ganan, quienes son sus socios y todo lo demás. Además, el fiscal debe señalar que las pruebas sirvan para llevar el caso ante los juzgados y el acuerdo, que incluye el beneficio que puede recibir, debe ser refrendado por el juez.
No es ir a la prensa para ensuciar el nombre de alguien, el colaborador que va a la prensa pierde su condición como tal.
Así funciona en EE. UU., los extraditados lo han hecho sentir a efecto de reducir sus penas.
Como ocurre en nuestros países la gente habla sin tener información y esperamos que los diputados puedan votar sobre la ley con la información veraz.
Hay algunos delitos que no incluye o califican a alguien como colaborador eficaz como lesa humanidad, femicidios, no pueden recibir ningún beneficio. Si vamos a combatir la criminalidad y la corrupción en serio, la ley de colaboración es el camino.
La ansiedad de la gente, la ansiedad de la opinión pública sobre el combate a la corrupción está. En Perú se aprobó la ley en menos de un mes, en Guatemala existe desde 2009 y está en otros lados.
Esta es la fórmula. No le imputen a la MACCIH responsabilidades, cuando no tenemos las herramientas en el país. Nosotros presentamos esto en diciembre del año pasado, es muy fácil criticar, sin saber los detalles que se necesitan en el país y aún con todo esto, la Misión está dando pasos muy importantes.
Cuando condenaron a Teodoro Bonilla, donde la MACCIH participó, ese día absolvieron al señor Saro Bonano, un exministro de SOPTRAVI, en ese caso la MACCIH no trabajó y es que la Misión no estará en todos los casos.
¿PD – ¿La propuesta del candidato presidencial Salvador Nasralla de que de llegar al poder al día siguiente saldrá la MACCIH y pedirá una CICIH, les afecta?
JJM – Lo que estoy leyendo del proceso electoral, es que los candidatos consideran que el tema corrupción es muy sensible para el país y en ese sentido deben tener alguna propuesta sobre la materia.
Hay que tener propuestas propositivas, propuestas concretas sobre el tema de la corrupción. A mí me gustaría que existieran iniciativas que permitan decir vamos a enmendar esto, vamos a fortalecer esto y yo no estoy viendo que haya iniciativas de este tipo, lo que veo son iniciativas para sacar a la MACCIH, este tipo de cosas, no veo que salga de otro lado, como fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas, como fortalecer el Ministerio Público, como dar más recursos al Poder Judicial para mejorar la gestión de casos de corrupción.
Otro elemento interesante y los expertos deberían hablar, los altos funcionarios del Estado tienen un fuero especial que es en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Creemos que estos funcionarios deberían también pasar por el circuito anticorrupción, por el principio de igualdad, todos los funcionarios deberían pasar por el circuito anticorrupción y ya no por el juez natural de la Corte. Por qué nadie hace propuestas de este tipo, esos son los temas que me gustaría escuchar y no plantear la destrucción de la MACCIH.
PD – ¿De concretarse la salida de la MACCIH, es el fin de la lucha anticorrupción?
Difícilmente vendrá otra misión apoyada por la comunidad internacional si sale la MACCIH. La corrupción es un fenómeno que proviene del poder.
Probablemente lo que llegue sea una misión financiada por el propio gobierno de Honduras, lo que le restaría independencia a esa misión. Lo ideal es que el gobierno no financie este tipo de misiones.
Lo que se busca con estas misiones apoyadas por la comunidad internacional es garantizar su independencia y por ello no es correcto que el gobierno financie este tipo de misión.
PD – ¿Cómo observa el funcionamiento de la ley de política limpia en la campaña electoral?
JJM – Se están dando varios factores en la aplicación de la ley, el primero y más importante es el cuidado que vemos en ciertos operadores que están desempeñándose en el cumplimiento de la misma. Se están inhibiendo muchas prácticas del pasado, así como la bancarización de las operaciones, el cuidado del sistema financiero para abrir cuentas a políticos y candidatos.
El cuidado que comienzan a tener los responsables financieros de los candidatos a efecto de tener toda la documentación en regla. La palabra inhibición podría definir lo que estamos viendo para evitar cometer errores que pueden llevar a sanciones e inclusive acciones delictivas.
En los próximos días vamos a entrar en operaciones con la Fiscalía de Delitos Electorales para iniciar la planificación y las posibilidades de trabajo integrado con ellos, para identificar posibles delitos de lavado de activos en la campaña electoral cuando se puedan determinar que existen.
Aquel candidato que este exhibiendo demasiados recursos, que no pueda presentar pruebas que acrediten que tenía los fondos legítimos para esos recursos, eso podría acarrear alguna consecuencia de orden legal de investigación por lavado de activos.
Ya le comunicamos a la Unidad creada por la ley con un instrumento de tipologías delictivas en campañas electorales respecto a lavado de activos en base a señalamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La ley es un gran avance para el país, no es una ley perfecta como las leyes no lo son, pero si está generando cambios de conducta en el país que ya se pueden ver, como la propaganda electoral.
PD – ¿El castigo a los corruptos es cárcel y quitarles el dinero?
JJM – Al corrupto lo que más le duele es el bolsillo, el corrupto puede estar en la cárcel dos o tres años, pero lo importante no solo es que se le condene, sino que también cumpla con el pago de la reparación civil y la incautación de los bienes ilegales que haya adquirido esa persona con las ganancias ilícitas. Es el tema central de la estrategia eficaz, la prisión y recuperación de bienes.
Esto se está haciendo con los casos del Seguro Social, además de las condenas se han fijado reparaciones civiles, ahora el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) es buscar que esos montos de reparación sean reintegrados al Estado para que puedan servir para combatir el mismo crimen.
PD – ¿Dónde se miran en los próximos 6 meses MACIH y Fiscalía?
JJM – En los próximos seis meses vamos a ver un trabajo de mucha acción en la UFECIC, va a entrar también un sistema certificado de denuncias, a través del cual van a pasar todas las denuncias de corrupción que hay en el país o todos los casos de corrupción que de oficio la fiscalía irá a incorporar.
Este centro certificado va a establecer un módulo de distribución de causas, de manera que, si la MACCIH y la Fiscalía consideran que hay redes de corrupción, la fiscalía los pasará a UFECIC.
Pero lo importante es que se tendrá un control centralizado de todos los casos de corrupción que se están denunciando en el país para efecto de hacer un seguimiento, cual es el tránsito y desarrollo de investigación y los requerimientos que se hacen.
El circuito especial va a tener competencias para todos, para los casos MACCIH o los casos que se dirigen a cualquier fiscalía, cuando entre en vigor esta unidad. Tendrán doble entrada, los casos UFECI y los casos ordinarios, los especializados serán de la UFECIC, son los grandes casos, que podrían incluso ir hasta el juez natural ante la CSJ.
Todos los funcionarios de la UFECIC han sido certificados y ninguno de ellos puede ser separado o rotado del cargo, si la MACCIH no manifiesta su aceptación, hay un blindaje, hay una inamovilidad de un funcionario de la unidad fiscal especial.
La UFECIC conocerá todo el proceso, desde la investigación, el requerimiento, la acusación, los recursos impugnatorios e inclusive el recurso de casación, la unidad está en todo el proceso, no solo en investigación y luego pasa a fiscalías superiores para seguir el proceso.
En ese sentido estamos construyendo un modelo que incluye al Ministerio Público, jueces, con ello Honduras se convierte en el segundo país que tiene juzgados anticorrupción, con jueces especializados, es un circuito especial, incluso se va expandiendo al TSC donde se creará una Unidad Anticorrupción.
Un modelo de investigación, juzgamiento y recuperación, para resarcir todo el daño que la corrupción le ha hecho al país.
