Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro cumple sus 100 días de gobierno caracterizado por una fuerte conflictividad social heredada y emergente, donde destacan los elementos del populismo, la polarización y la posverdad, escenarios a los cuales deberá acostumbrarse la sociedad hondureña.
La asunción de Castro estuvo precedida por la crisis generada a lo interno de Libre por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional que se extrapoló a otros partidos políticos, al grado que llevó a la mandataria a tomar posesión bajo juramento ante una juez, dado el vacío legislativo existente. La crisis se solventó, momentáneamente, al declinar una de las dos directivas en disputa, tras acuerdos políticos internos entre la coordinación de Libre y la facción disidente, a fin de cumplir el pacto efectuado con el Partido Salvador de Honduras (PSH), a quien se habían comprometido a otorgar la presidencia de la cámara.
Esta crisis, generada por su propio partido, opacó en parte la asunción de Xiomara Castro, que empezó a conformar de a poco su gabinete de gobierno, con viejos y nuevos rostros, algunos tan desconocidos como la designación de su portavoz, Andrés Castro, quien, desde el nombramiento de su vocería para comunicarse a diario con la prensa, nunca más volvió a aparecer. Es el diputado suplente de Juan Barahona.
En su discurso de toma presidencial, la presidenta Castro hizo varias promesas de campaña que ejecutaría en sus primeros 100 días, y en sus líneas trazadas anunció la derogación de polémicas leyes como la del empleo por hora, la ley de secretos y las ZEDEs, entre otras acciones. Anunció también medidas de contención social como un bono para que los pobres no paguen energía, al que tuvo que sumar más adelante otro sobre combustibles. También se comprometió a respetar el medio ambiente y oponerse a la industria extractivista de la minería a cielo abierto.
Castro también prometió un decreto de amnistía amplia e incondicional para los presos políticos y de conciencia, así como impulsar junto al Congreso Nacional un desmontaje de las leyes que blindaron la corrupción, además de solicitar ante las Naciones Unidas una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad.
Protestas y polarización
En medio de la turbulencia que caracterizó el arranque de su mandato, la cámara legislativa que preside el diputado Luís Redondo, del PSH, aprobó una serie de decretos que generaron la polémica, siendo uno de ellos el de amnistía amplia e incondicional para los presos políticos y de conciencia que abarcaba incluso a gente condenada por actos de corrupción antes del golpe de estado de 2009. La directiva de Luis Redondo y su legalidad en el parlamento aún no estaba definida, pero el decreto fue sancionado y publicado por el poder ejecutivo en menos de 24 horas de haber sido aprobado por los legisladores.
Arranca así la primera “P” del gobierno de Xiomara Castro: La polarización. El decreto de amnistía política desató una serie de críticas por beneficiar a personas señaladas en actos de corrupción, antes del golpe de estado de 2009, siendo el caso del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, el hecho que desató las pasiones y polémicas en la ciudadanía, la clase política, academia y grupos empresariales, entre otros. La desnaturalización del decreto de amnistía obligó a sectores como el Consejo Nacional Anticorrupción a calificarlo como un “pacto de impunidad 2.0”, pero los frutos de la amnistía han permitido el retorno al país de personajes en el exilio y la liberación de otros, así como el cierre de casos abiertos contra personas humildes por participar de las protestas post golpe de 2009 y la crisis electoral de 2017.
El PSH, que fue parte de la comisión dictaminadora para el decreto de amnistía política, anunció que presentaría una reforma al decreto para limitar sus alcances y que no abarcara a los corruptos, pero pasó el tiempo y no fue presentado. El escenario de la polarización política se ha hecho más visible en el parlamento, donde ha habido desde golpes, insultos, acusaciones hasta suspensión de sesiones por los niveles de virulencia ahí externados.
Otro de los hechos de polarización que han caracterizado los 100 días, son las protestas encabezadas por los colectivos de Libertad y Refundación, Libre, en demanda de empleos, tomándose instalaciones sensitivas en las áreas de la Salud, Educación y zonas arqueológicas, por citar algunos ejemplos. Los colectivos de Libre han irrumpido en instalaciones públicas como hospitales, retenido a las autoridades y demandado que les coloquen a activistas en puestos de dirección, reúnan o no las competencias.
A esta polarización se sumaron hechos de conflictividad social como las demandas de los maestros, recién arrancando el gobierno, exigiendo plazas y respeto a sus contratos. Le ha seguido el personal sanitario que se mantiene en las calles demandando el cumplimiento de la estabilidad laboral y el pago de salarios. Los transportistas también protagonizaron sus propios escenarios de conflictividad y polarización hasta lograr los incrementos que deseaban del gobierno.
La carretera que no pudo ser destruida
En el área ambiental, un hecho que ha polarizado a un sector de la población es la construcción de una ilegal carretera en la biosfera del Río Plátano que une un sector del departamento de Gracias a Dios o La Mosquitia con tierra firme en Olancho. Las autoridades pasadas indicaron que esa carretera podría haber sido financiada con dineros del narcotráfico. El titular del ambiente, Lucky Medina, anunció que en cumplimiento de las promesas de campaña, que la carretera sería destruida, pero el coordinador de Libre y asesor presidencial, Manuel Zelaya, ex presidente del país, dio una contraorden y dijo que se mantenía. El ministro del Ambiente, tuvo que cambiar su discurso.
Entra a la escena de la polarización, la ley del Empleo por Hora, se abre una socialización para ver sus alcances y viabilidad o no de su vigencia. Las reuniones se dieron por más de un mes, el reclamo del sector privado por la potencial pérdida de empleos se hace sentir y el gobierno y el Congreso abren la puerta para ver escenarios, pero la socialización concluyó en una decisión que ya había sido tomada con antelación: su derogación.
La ley de Empleo por Hora da paso así a la segunda “P” de la administración de Xiomara Castro: el populismo. La ley fue derogada pero su impacto en la masa laboral que se manejaba en esta franja es impredecible; una normativa que pudo ser revisada y mejorada para frenar aquellos abusos que pudieron haber cometido los empresarios, se elimina a rajatabla y la incertidumbre se ha apoderado del sector que labora en ese mercado. La socialización iniciada no sirvió de nada.
Como parte de sus promesas de campaña, la gobernante hondureña, aprobó los primeros subsidios, en este caso a la tarifa de energía en donde se elimina el pago para aquellas personas pobres que consumen hasta 150 kilovatios. La medida lleva al gobierno—en un país con cifras en rojo—a absorber parte del subsidio y obligar a la gran industria a que absorba la otra parte, última que traslada estos costos al consumidor, es decir, a la clase media, que es la que termina indirectamente pagando estos subsidios.
A esa acción populista o redistributiva de justicia social, como la denomina el gobierno, se suma el otro subsidio no planificado a los carburantes, ante el incremento en el mercado internacional producto de la invasión rusa a Ucrania. El gobierno de Castro anuncia un subsidio para la gasolina, el diésel y el kerosene, cuyo impacto se desvanece ante el alza de los precios en todos los productos básicos de la canasta familiar, la falta de empleo, y el grito de los productores agrícolas por los altos precios de los insumos para producir. El factor exógeno no juega a favor del gobierno, por ahora, en este tipo de medidas de impacto hacia la población.
El “reparto” del poder
Pero quizá una de las medidas más populistas que ha pasado factura al gobierno del bicentenario en estos 100 días, fue la acción del ex presidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, de abrir las puertas de la Casa de Gobierno para firmar con un grupo de maestros estabilidad en sus contratos, sin saber de dónde saldría el dinero. Esa ventana fue la luz que abrió las puertas para más demandas sociales, sumado al mandato del coordinador de Libre a sus bases y diputados a poner “por consenso” a las autoridades claves en sus departamentos o municipios, al margen de la meritocracia. Los diputados se han empoderado de ese mandato y no tienen tapujo en decir públicamente: los ministros nos tienen que obedecer. Se suma la figura también de alcaldes-gobernadores departamentales y alcaldes-directores ejecutivos de dependencias estatales.
Otras medidas populistas son las promovidas en el Congreso para cambiar nombres de calles, estadios, bulevares y otras como amenazar con eliminar la prueba de aptitud académica de la UNAH porque la universidad “es del pueblo y de los pobres”.
Entra así la tercera “P” del gobierno del bicentenario: la posverdad, precedida del uso de la desinformación, la información a medias y de las llamadas “fake news” o falsas noticias. El tema de la prueba de aptitud académica (PAA) de la UNAH, es un claro ejemplo, como también los mensajes desde la Secretaría de Prensa acerca del interés de definir qué es noticia falsa y qué no, cuando se han visto en apuro vertiendo declaraciones engorrosas. El manejo del tema de la amnistía política, la ley del Empleo por Hora, la derogación de las ZEDEs, han estado precedidas de información a medias y discursos promovidos desde el poder, en especial de algunos burócratas y parlamentarios, orientados a descalificar, deslegitimar, erosionar la institucionalidad y fomentar el descrédito si los cuestionamientos o críticas no son favorables. Son los escenarios de las tres P (polarización, populismo y posverdad) que está recorriendo a los gobiernos latinoamericanos, según el analista y escritor Moisés Naim.
Las crisis heredadas: A estos escenarios de las tres P, la presidenta Castro ha enfrentado las llamadas crisis heredadas relacionadas con los flujos migratorios, siendo la presa de migrantes en la región del oriente del país una de las mayores presiones que ha tenido que enfrentar. El tema del cambio climático y sus efectos que están previendo una crisis de inseguridad alimentaria, agudizada por la guerra entre Rusia y Ucrania. La pandemia por el COVID y la crisis sanitaria se han hecho sentir en estos tres meses, así como el colapso educativo y la crisis financiera en que se halló el país, en donde se tuvo que reelaborar un presupuesto de la república que lejos de disminuir, aumentó. El sacrificio anunciado no se produjo y cuando se dio un informe del agujero en que hallaron el país, los mercados bursátiles se cobraron el discurso del mensaje con la caída en la colocación de los bonos soberanos. Ahora los funcionarios deberán medir sus palabras en los próximos discursos para no asustar los mercados que operan con una lógica distinta a la política vernácula hondureña.
Pero es el tema de la inseguridad y la conflictividad en el bajo Aguán lo que está siendo uno de los talones de Aquiles en la nueva administración, además del repunte de los homicidios y la muerte violenta de mujeres, últimas que siguen esperando que el gobierno de la primera mujer presidenta en Honduras les cumpla con el tema de la salud reproductiva y la aprobación de la PAE. La inseguridad ha llevado a Xiomara Castro a emitir su primer estado de excepción en la zona de Colón, en el Caribe, en un afán por revertir la violencia e inseguridad por las múltiples fuerzas criminales que ahí se juegan como narcotráfico, grupos armados ilegales, entre otros.
Castro también ha tenido que asumir y agilizar un espinoso tema ligado al narcotráfico como fue la extradición del ex presidente Juan Orlando Hernández, a Estados Unidos, tras ser solicitado por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. La captura y posterior extradición de JOH, como se conoce también al ex gobernante, fue por casi dos meses, un distractor que dio respiro al gobierno del bicentenario, pero una vez concretada su salida, el foco de atención se centra en los aciertos y desaciertos de su recién estrenado gobierno.
La presidenta hondureña, electa con un alto nivel de legitimidad social, ha podido cumplir su promesa de derogar la ley de secretos, la ley de Empleo por Hora, las ZEDEs, a medias aún, impulsar la venida de una misión exploratoria de la ONU para ver la viabilidad o no de instalar una CICIH, otorgar los primeros subsidios, reestructurar bajo otra nomenclatura su gabinete de gobierno, otorgar la amnistía política, y abrir una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos.
Pero, de cara al futuro, le espera lidiar con su partido Libre, que el 1 de mayo, su coordinador, Manuel Zelaya, declaró que era de “izquierda radical” y empieza a ser víctima de sus contradicciones; afrontar las críticas por los problemas de violencia e inseguridad creciente, el tsunami político que desatarán las extradiciones por venir y los juicios desde Nueva York, las amenazas de los apagones por la crisis energética, la inseguridad alimentaria, la violencia e inseguridad ciudadana, pero sobre todo, lo más preocupante: aplacar un creciente desempleo ante una economía que se mueve en un péndulo por la incertidumbre política que generan los sectores más radicales de su partido y de su gobierno. PD
