Tegucigalpa. – Han pasado las elecciones y el país tendrá un nuevo gobierno y esperemos que nuevos cambios también. El proceso de transición ha iniciado y las expectativas son muy altas frente a los tremendos desafíos que esperan a la nueva administración de cuatro años.
Los llamados 100 días de gracia que se otorga a un nuevo gobierno serán insuficientes, y si las señales de cambio no son fuertes y claras, esa luna de miel puede concluir antes de lo esperado.
La nueva administración heredará un país de multicrisis por pandemia, desempleo, pobreza, cambio climático, migración, educación, desplazamiento forzado, corrupción y criminalidad organizada, entre otros problemas.
La gobernabilidad no será fácil y se hace preciso avanzar hacia la restauración del Estado de Derecho, del tejido social y del diálogo político y social. Un gobierno de integración es lo que daría esperanzas a Honduras y no un gobierno de partido que excluya el clamor ciudadano de cambios y verdaderas reformas estructurales.
Todo ello no será fácil, pero debe ser la punta de lanza para sembrar un entusiasmo ciudadano con la democracia y las reformas necesarias para fortalecer la democracia en democracia.
Devolver la credibilidad al país solo será posible dando pasos firmes y generando cambios sustanciales. Esos cambios deben pasar por el próximo congreso nacional, achicar el aparato gubernamental, y revertir reformas lesivas para la democracia y la lucha contra la corrupción.
Leyes como la ley de secretos, el código penal, las recientes reformas penales a la ley de lavado de activos, y otras aprobadas en el parlamento, como las Zede, por ejemplo, no son portadoras de noticias orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad, son portadoras de noticias favorables más a la impunidad que a la transparencia. Esas cosas deben cambiar, el país requiere de instituciones robustas y nuevos liderazgos políticos que devuelvan la confianza en la política, el sistema de partidos políticos y en la democracia misma.
Con un apoyo del 30 por ciento a la democracia, una confianza de 9 por ciento en los partidos políticos, y una confianza en la institucionalidad que no llega al 50 por ciento, Honduras requiere de una inyección de reformas y cambios profundos que oxigenen al país, no que lo lleven a un abismo prolongado. En el país, según los datos del Latinobarómetro 2021, 40 por ciento de los hondureños acusa falta de alimentos y solo eso es ya un factor preocupante y de desestabilización.
Se suma a ellos los hondureños víctimas del desplazamiento forzado interno con cerca de 247 mil personas, y unas 937 mil a nivel externo, ubicando al país en la posición número 11 de 25 países, según el Informe Global de Desplazamiento Interno, elaborado por organismos internacionales referentes en la materia.
La migración de personas, es otro de los desafíos a enfrentar, mientras la nueva administración deberá atender entre sus múltiples emergencias, la incómoda presencia de la pandemia del coronavirus que seguirá con nosotros un buen tiempo y habrá que cerrar brechas con vacunaciones masivas y estrategia más efectivas.
La lucha contra la corrupción deberá recibir estímulos en ese período de gracias de 100 días para que no decaiga el entusiasmo del cambio ni el reclamo ciudadano de hartazgo frente a tanta impunidad. No es fácil lo que se viene, pero tampoco imposible. Es el momento de dar pasos firmes para generar certidumbre que Honduras vivirá cambios y que éstos serán positivos.
