Tegucigalpa – Al menos una docena de requerimientos fiscales contra policías, por presunto lavado de activos están listos para ser presentados desde la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, adelantó el fiscal Luis Echeverría, jefe de la unidad.
– El Ministerio Público mantiene al menos seis procesos judiciales contra altos cargos de la institución policial.
Este martes se conoció la acusación contra el comisionado Leonel Sauceda, a quien el Ministerio Público (MP) señala de lavar 14 millones de lempiras. El alto oficial ya compareció en audiencia inicial y se le dictó detención judicial y fue enviado a las instalaciones del Primer Batallón de Infantería.
Caption TextCapturado comisionado Leonel Sauceda y su esposa
El jefe de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, Luis Echeverría, explicó a Proceso Digital que se trabaja en la investigación de cada uno de los expedientes que fueron turnados al Ministerio Público por la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
“Varios de los casos están proceso de investigación, el problema de los dos mil expedientes que pasó la depuradora es que muchos de ellos no presentan indicios porque ni delitos tienen”, detalló el funcionario fiscal, en referencia a voluminosos dossier de documentos que los depuradores llevaron al MP en abril del 2016.
Agregó que hay 12 casos que están listos para emitir los respectivos requerimientos fiscales en los próximos días.
El fiscal Echeverría aseguró que la mayor parte de los casos son por presunto lavado de activos. Igualmente, dijo que se está investigando el tema de las licencias de conducir, “en este sí tenemos varios casos, entre ellos ya dos terminados que serán presentados durante 2020”.
Se refiere a la intervención de la desaparecida Dirección de Tránsito, donde un grupo de agentes extendía licencias sin pasar los requisitos exigidos, para lo cual recibían un cobro.
“No podemos dar detalles de los casos ya que todo está en proceso de investigación y muchos de ellos justifican y entonces vamos depurando”, comentó.
Explicó que la mayoría de las investigaciones son financieras y no se realizan de la noche a la mañana, se constatan los movimientos que realizaron en los últimos siete u ocho meses por personas y la unidad financiera tarda hasta tres meses en mandar la información.
En ese sentido, justificó que la investigación se hace de forma minuciosa y más lenta, en vista de que buscan que cada causa tenga el debido respaldo probatorio.
Cae excomisionado Barralaga y estructura acusada de lavado
Casos activos
El fiscal sostuvo que en la actualidad hay seis casos judicializados que se encuentran en varias etapas, entre ellos el del comisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga que fue declarado culpable por lavado de activos y está próximo a conocer su condena.
Asimismo, se desprenden los casos de otros exoficiales como Ambrosio Maradiaga Ordoñez, José Orlando Leiva Natarén y Lorgio Oquelí Mejía, éste último prófugo de la justicia.
“De los seis procesos que tenemos todos están activos y queremos seguir así, porque es fácil señalar a una persona, pero sustentarlo es difícil, es mejor ir trabajando de una forma segura”, expresó el titular de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial.
Casos cerrados
El fiscal indicó que de los dos mil expedientes remitidos por la Comisión Depuradora, 200 han sido cerrados por no tener indicios de delitos.
El fiscal Echeverría reiteró lo minucioso del trabajo y recordó que la unidad que él dirige solo cuenta con 27 funcionarios, lo que dificultad la rapidez en los procedimientos.
Los cuatro implicados en el delito de lavado de activos, incluido el excomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga de 56 años de edad
Jorge Alberto Barralaga
El 30 de julio de 2017, el excomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga de 56 años de edad, junto a otras tres personas fueron capturados y presentados ante los tribunales de justicia capitalinos, acusados por lavado de activos.
La Fiscalía procedió a emitir los requerimientos fiscales y la emisión de órdenes de captura contra el comisionado de Policía en condición de retiro, Jorge Barralaga; su esposa, la asesora de la Secretaría de Seguridad Reyna Ayala y la señora Edith Xiomara Roca, cuñada del excomisionado Barralaga y esposa del exalcalde de Sabá, Colón, José Santiago Barralaga, todos vinculados al delito de lavado de activos.
A Barralaga se le señala de mover cerca de 1,900 millones de lempiras, poseer cerca de 300 rastras o furgones y más de 200 buses de transporte público, entre otras propiedades.
El 16 de enero de 2019, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), logró que un juez con jurisdicción nacional emitiera auto de apertura ajuicio en contra del comisionado de Policía, Jorge Alberto Barralaga y Montse Paola Fraga Duarte, ésta última pareja del extraditado narcotraficante Winter Blanco.
Capturan a exoficial José Orlando Leiva Natarén en EEUU
José Leiva Natarén
El 21 de junio de 2018, el Ministerio Público confirmó la captura del depurado subcomisionado de Policía, José Orlando Leiva Natarén en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.
La Fiscalía señala a Leiva Natarén por el crecimiento injustificado en el patrimonio de más de 300 millones de lempiras.
El 9 de agosto de 2016, fue depurado del cargo por no ser apto para continuar en la institución de seguridad.
Bajo la Operación Perseo las autoridades lograron el aseguramiento e incautación de los bienes a Leiva Natarén.
Asimismo, en la Operación Dragón V -15 de mayo de 2018- se aseguraron bienes del exoficial de la Policía hondureña.
En esa oportunidad se inmovilizaron bienes del subcomisionado Leiva Natarén, así como de su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz, ambos señalados por el delito de lavado de activos en perjuicio de economía del Estado de Honduras.
Leva Natarén sigue detenido en los Estados Unidos, a la espera de ser entregado a Honduras.
MP asegura bienes a comisionado policial y ejecuta capturas
Lorgio Oquelí y la red
El 9 de octubre de 2018, el Ministerio Público ejecutó operativos en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca con el fin de ejecutar tres allanamientos, el aseguramiento de 31 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios al comisionado de la Policía Lorgio Oquelí Mejía, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Entre los bienes asegurados se destacan siete viviendas, cuatro vehículos y el congelamiento de veinte cuentas bancarias, por nexos del comisionado de policía con el delito de lavado de activos.
Según el Ministerio Público, la acusación se deriva de las investigaciones y los análisis de ingresos realizados al jefe policial, quien no justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio, mismo que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que es de 55 mil 390 lempiras con 21 centavos.
A Oquelí Mejía se le vincula a una red de policías que se dedicaban a extorsionar a ganaderos de la zona sur del país.
Tras investigar y presentar cuatro casos, la unidad especial creada por el Ministerio Publico, ha asegurado que continúan realizando investigaciones en casos de otros exaltos oficiales. Esas indagaciones serán presentadas ante los tribuales con solidez, una vez contengan suficientes evidencias, han externado.
Capturan exjefe policial por presunto lavado de activos
Ambrosio Maradiaga Ordóñez
El 9 de marzo 2019, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en combinación con miembros de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), capturaron al comisionado en condición de retiro de la Policía, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, a quien se acusa del delito de lavado de activos.
La aprehensión del exoficial policial se hizo en atención de una orden de captura por suponerlo responsable de cometer el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo con la investigación de agentes de la ATIC asignados a la UF – ADPOL, Maradiaga Ordóñez en un periodo de siete años, comprendidos entre 2007 y 2014, presentó una incongruencia patrimonial, el estudio de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, refleja un patrimonio no justificado de seis millones 855 mil 113 lempiras.
El excomisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez se desempeñó en altos cargos dentro de la institución policial, en los que se destaca dentro de su carrera la Jefatura Departamental de Choluteca e Islas de la Bahía, inspector general de la Policía y subdirector de la entonces Dirección Nacional de Tránsito, en aquel momento.
El ahora imputado ingresó a la Policía Nacional con el grado de subteniente el 21 de diciembre de 1981 y solicitó su retiro voluntario en el 29 de enero de 2014, ostentando en esa fecha el grado de comisionado.
Las diligencias contra Maradiaga están en la antesala de pasar a juicio oral.
Prisión Preventiva en contra del policía Yonis Onan Vallecillo Bautista y al expolicía Mauro Molina.
Otras operaciones contra policías
A la par la Fiscalía hondureña ha ejecutado otras operaciones contra miembros de la carrera policial, acusados por delitos de criminalidad organizada.
El 27 de noviembre de 2017, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), lograron auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra del policía Yonis Onan Vallecillo Bautista y al expolicía Mauro Molina, acusados de cohecho y detención ilegal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y de un ciudadano dedicado a la compra venta de ganado.
Para el caso mediante Operación Dignidad -febrero de 2017- se logró la captura de los presuntos responsables del asesinato del Fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, hecho ocurrido en abril de 2013.
En noviembre de 2016, durante la ejecución de la Operación Panamericano se logró la captura de tres oficiales de la Policía hondureña.
A finales de septiembre de 2016 también se golpeó a empleados de la carrera policial. Mediante la Operación Medusa se capturó a media docena de operadores de justicia, entre ellos a Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó como administrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional.
En julio de 2016 se desarrolló la Operación Ariete con el afán de asegurar bienes ligados a los policías acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
En febrero de 2016, mediante la Operación Avalancha fue detenido el subcomisario de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, acusado por asociación ilícita. En agosto de 2018 fue declarado culpable.
Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dieron captura al expolicía Saúl Medina y el guardia de seguridad Oscar Armando Estrada
Más expolicías en sonados crímenes
En diciembre de 2016, a través de la Operación Tifón III, fue capturado un elemento policial señalado de haber participado en el crimen contra el hijo del exgerente financiero del Seguro Social, Ramón Bertetty.
Es así que fue aprehendido el expolicía Saúl Medina como sospechoso del crimen.
Mientras en octubre de 2016, la ATIC capturó a otro expolicía por suponerlo responsable de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, hecho ocurrido en octubre de 2014 en San Pedro Sula.
El imputado fue identificado como Roberto Armando Carranza Romero, alias “Carranza”. Sin embargo, un día antes fue detenido Jacinto Mendoza García, alias el “Kamuma”, un expolicía vinculado al crimen de las dos abogadas.
Remisión de expedientes al MP
En el marco de los establecido en el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, se indica que es atribución de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, la de remitir MP y al TSC, las denuncias de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
Al respecto, desde abril de 2016, se entregó a las autoridades del MP, más de 2 mil casos, con expedientes completos y denuncias ciudadanas, los cuales arrojan indicios de supuesta responsabilidad penal de oficiales de diferentes grados, agentes de escala básica y personal auxiliar de la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.
Los indicios de la supuesta comisión de delitos establece diversos ilícitos, tales como: malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, tráfico de drogas, sicariato, asociación ilícita, contrabando, cohecho, vínculo con el narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de armas, abuso de autoridad, robo de ganado, asesinato, homicidio, hurto, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, vínculo con delincuentes, entre otros.
