Asistieron también al coloquio la activista Isabel García y el penalista Antonio Bustamante, quienes, junto con la gobernadora, recordaron que la llegada masiva de mexicanos al país vecino el pasado siglo estuvo diseñada en gran medida por los Gobiernos estadounidenses, ante la necesidad de mano de obra joven tras la Primera (1914-18) y la Segunda Guerra Mundial (1939-45).
La situación, según Bustamante, no ha cambiado tanto. «No sólo debemos preguntarnos qué le pasará a México si sus migrantes regresan y desaparecen las remesas, sino que sucederá en Estados Unidos cuando no haya esa mano de obra», señaló.
Bustamante denunció también que, aunque la ley no ha entrado aún en vigor, hace semanas que la policía de Arizona le pide el acta de nacimiento a ciudadanos «que ya son norteamericanos».
Se están generando sospechas en torno a toda persona de apariencia latina, dijo, sin importar su procedencia, que afectan también a etnias estadounidenses como los apaches.
La SB1070 se enfrenta ahora mismo a siete demandas, y tanto Bustamante como García confían en poder detener su entrada en vigor, ya que «está claro que es inconstitucional» y que ésta es una lucha que consideran «más amplia» que la que los afroamericanos llevaron a cabo en la década de los sesenta por sus derechos civiles.
No descartan que, si el proceso se prolonga otros tres o cuatro años, pueda trasladarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la gobernadora zacatecana, que se definió como «binacional» por la cantidad de conciudadanos suyos que han emigrado a Estados Unidos, deseó que tanto esa administración como la de su país se planteen reformas integrales en migración.
