Atlanta (GA) – A un año de la redada en Morristown (Tennessee), que marcó el inicio de operativos masivos de este tipo por parte de la administración del presidente Donald Trump, la comunidad del condado de Grainger lucha por defender sus derechos en medio del trauma que aún embarga a muchas familias.
El 5 de abril de 2018 se convirtió en la fecha que marcó un antes y un después para un centenar de trabajadores hispanos de una planta procesadora de carne que fueron detenidos por agentes fuertemente armados y enviados a centros de detención en varios estados del país.
De acuerdo con las autoridades, el propietario de la empacadora Southeastern Provision, James Brantley, estaba siendo investigado por fraude tributario, lo que habría motivado el masivo operativo.
No obstante, la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) consideró que los derechos de los trabajadores fueron violados y presentaron una demanda contra agentes de ICE en febrero pasado, que a un año del incidente aún busca sentar un precedente. Leer nota completa.
