Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Nuevamente Latinoamérica va contracorriente con las tendencias mundiales de libertad y estabilidad, cuando una serie de naciones enfrentan problemas de orden público y respeto institucional, siendo los casos más destacados El Salvador, Nicaragua y Colombia, aunque no son los únicos.
-También tiene que hacer frente a la crisis de salud de la pandemia del COVID-19.
Una revuelta social en Colombia que tiene al gobierno contra la pared, una concentración de poder en una sola persona en El Salvador cuando una mayoría mecánica de la Asamblea Legislativa, leal al presidente Bukele, provoca un golpe judicial, el régimen familiar de los Ortega Murillo en Nicaragua da una vuelta de tuerca a la oposición realizar reformas electorales y México que vio como su extendía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia por dos años, algo que prohíbe la Constitución, a pocas semanas de las cruciales elecciones para renovar el parlamento y varias gobernaciones del país.
No sin dejar atrás al gigante Brasil que ve como la pandemia avanza sin ningún control y reporta los mayores niveles de contagios y muertes, mientras desde el gobierno de Jair Bolsonaro se continúa con una especie de indolencia, parecida al 2020 cuando dijo que la pandemia del COVID-19 era una “simple gripecita”.
Y la Venezuela del chavismo bolivariano que parece confirmar que la crisis nunca toca fondo, ya que siempre hay espacio para profundizar la dura situación de la población venezolana.
El volcán colombiano
Comenzó Colombia cuando se observan desde finales de abril violentas protestas ciudadanas en las principales ciudades del país que moviliza a decenas de miles de personas contra las políticas gubernamentales, la represión de las fuerzas del orden, así como contra la situación económica.
Una propuesta de reforma tributaria impulsada desde el gobierno, que buscaba recaudar más tributos para las arcas estatales, fue la chispa que hizo que explotara el barril de pólvora del descontento social y llevará a las calles en Bogotá, Medellín y Cali, las principales ciudades colombianas, así como a municipios medianos y pequeños, protestas violentas que parecen palidecer a las anteriores crisis que ha vivido el país cafetero.
El problema tributario solo fue el detonante en Colombia, el conflicto y el hastío tienen raíces profundas.
Colombia, acostumbrada a una violencia armada primero por las guerrillas y luego el narcotráfico y las bandas criminales, ha visto con asombro desde la semana pasada como en esta ocasión la violencia procede de protestantes acostumbrados antes solo a manifestaciones pacíficas.
La respuesta del gobierno, por medio de las fuerzas de seguridad, ha sido severa y los organismos de derechos humanos hablan de más de 20 fallecidos y casi un centenar de desaparecidos.
La comunidad internacional, incluida las Naciones Unidas solicitó al gobierno colombiano garantizar la protesta pacífica.
Pero desde el lado de los protestantes los saqueos de bienes de las empresas, los ataques a sedes policiales y al transporte público ha sido la constante, lo que ha atemorizado a la población civil, al grado que se teme que se organicen grupos civiles para proteger sus negocios y comunidades.
Colombia tiene una tradición de formar grupos de respuesta, ya que a su juicio las fuerzas del orden público se ven desbordadas o no hacen su trabajo eficazmente. Pero esas historias siempre tienen finales sangrientos como las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo de derecha, que derivaron en grupos paramilitares y al final asociado al negocio del narcotráfico.
El gobierno, superado por las protestas y en un afán de desactivarlas, retiró del parlamento el proyecto de reformas, pero las manifestaciones se mantienen y ahora ha acusado de influencia extranjera en las mismas.
Las llamas en Colombia todavía arden y el gobierno no ha podido reducir el clamor de la calle, ya que cada día que pasa se unen nuevas voces a la protesta social, aunque ya hubo un primer encuentro entre el presidente Iván Duque y los líderes de las protestas, aunque no lograron acuerdo que suspenda las movilizaciones sociales.
Algunos movimientos ya claman abiertamente por la salida del poder del presidente Duque.
Golpe al poder judicial
El presidente Bukele no se escondió del proceso de destitución de los jueces constitucionales y ha sido el abanderado de la misma, así como de la defensa de la acción de sus diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados de GANA, de descabezar el Poder Judicial, el último que estaba fuera de su control.
En el primer día de actividades de la Asamblea Legislativa, con la mayoría de diputados de Bukele, se forzó una votación para destituir a los jueces de la Sala Constitucional, entre los que estaba el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia y por tanto del órgano judicial.
Pero también en la misma noche se destituyó al fiscal general Raúl Melara, otra figura incómoda para Bukele.
Bukele que llegó al poder con un triunfo contundente sobre sus opositores, los votos que logró fueron mayores a los combinados por Arena y el FMLN, y ese mandato legítimo de las urnas considera que le da el mandato de sacudirse de las personas que le son incómodos de las otras instituciones de poder.
Incluso el control de la Asamblea Legislativa fue un segundo triunfo electoral de Bukele, ya que su partido Nuevas Ideas y su aliado Gana se impusieron ampliamente sobre sus opositores Arena y FMLN y le dan un control absoluto del Poder Judicial.
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, ha rechazado y condenado la acción, al señalar que es un golpe a la democracia y al principio de la independencia de poderes.
La vicepresidenta Kamala Harris llegó a señalar que Estados Unidos debe responder a estas acciones.
Bukele se mantiene firme y en tono amenazador dijo que “se van todos” en referencia a los funcionarios que todavía se mantienen de administraciones anteriores e indicó a los gobiernos extranjeros que “no es de su incumbencia” la limpieza que hacen en casa.
Ortega neutraliza la oposición
Mientras en Nicaragua, el matrimonio del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, dio un apretón de tuercas más a la oposición con las reformas electorales y el nombramiento de los integrantes del Consejo Supremo Electoral (CSE) del país vecino.
El matrimonio gobernante, que controla todos los órganos constitucionales, así como a las Fuerzas Armadas y la Policía, reforma la ley de manera que los candidatos que aplaudan las sanciones a Ortega y sus allegados sean inhabilitados para participar en los comicios, así como prohibir a observadores electorales y sólo favorecen la figura del acompañamiento y regulan fuertemente el financiamiento electoral.
Pero también la mayoría sandinista en la asamblea eligió un nuevo CSE, en la cual hay seis consejeros del partido oficial Frente Sandinista y el séptimo es de un partido aliado del gobierno, al igual que los tres suplentes.
Nicaragua realizará el siete de noviembre elecciones presidenciales y legislativas.
La oposición tiene pocas opciones de triunfo, ya que no hay un candidato único y debe hacer frente a las maniobras del oficialismo.
El gobierno estadounidense, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos criticaron las maniobras de Ortega, indicando que no generan un ambiente de transparencia.
Tragedia en México y Brasil
Pero hablar de Latinoamérica sin mencionar a México y Brasil es quedar un poco corto, ya que ambas naciones son consideradas los gigantes de la región, tanto por su peso demográfico, como económico.
México asistió a una polémica por la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años adicionales, algo que rechazaron la oposición y algunos miembros del partido oficialista Morena.
El magistrado Zaldívar, alineado a la tendencia progresista judicial, no podía mantenerse en la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, a cargo de administrar al personal judicial, especialmente los jueces, pero Morena aprobó una reforma constitucional en la madrugada del 23 de abril, a una semana que concluye el mandato de los legisladores.
Los mexicanos están convocados para el 6 de junio para renovar las 500 bancas de diputados federales, tanto del Senado como del Congreso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el principal impulsor de la acción, ya que temía que un cambio en la cabeza del poder judicial afectaría sus planes en el resto de su mandato, pero la permanencia de Zaldívar le permite gobernar hasta el final con el mismo personaje.
Es la primera prueba de fuego para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que su partido Morena controla actualmente las dos cámaras del Congreso y le permite sacar su agenda legislativa, y una derrota le dificultará la segunda parte de su sexenio en el gobierno.
Las culpas por quien es responsable de la tragedia del metro comenzaron inmediatamente, ya que algunos quieren responsabilizar al gobierno y la administración quiere demostrar que la falta de mantenimiento proviene de los gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaron el país por varias décadas.
Los partidos PAN, PRI y el PRD, antiguo partido del presidente AMLO, formaron una coalición para enfrentar al partido Morena, fundado por López Obrador.
Otra tragedia vive Brasil, pero esta es de salud, ya que la otra oleada del COVID ha llevado al gigante de Sudamérica a reportar más de tres mil muertos diarios e incluso en ciertos días superan los cuatro mil fallecimientos.
La gestión del presidente Bolsonaro ha sido criticada por la oposición y organismos de la sociedad civil, ya que lo acusan de no haber tomado en serie la pandemia desde sus inicios.
El mandatario brasileño ha sido uno de los principales negacionistas de la pandemia y siempre promovió que el país no debía cerrarse para hacer frente a la crisis de salud.
El Triángulo Norte
Pero el Triángulo Norte, conformado por Honduras, El Salvador Y Guatemala, no dejan de ser parte de los escenarios inciertos en la región.
La migración incontenible es un reflejo de ello. Diásporas de cientos de personas huyen cada día en la búsqueda de empleos, escapan de la violencia o tras la reunificación familiar. Solo quieren una oportunidad de vida digna.
En tanto las operaciones del crimen organizado en las empobrecidas naciones no se detiene.
Mientras los sistemas electorales generan procesos grises que muestran actores y dineros oscuros en las campañas electorales.
Y todo ello se agrava ante una institucionalidad debilitada y permeada por la corrupción y el crimen.
La impunidad es parte de ese entorno hostil contra la prosperidad de los países que, además, han visto en la pandemia del COVID-19 y en la desolación dejada por los huracanes Eta e Iota, una desesperanza que no permite ver claridad en el futuro cercano.(PD)
