Naciones Unidas – La inseguridad ciudadana frena el desarrollo social y económico de Latinoamérica, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que advierte de que las políticas de mano dura no funcionan y aboga por acuerdos nacionales, prevención y reformas institucionales para combatirla.
 

Una de las principales lecciones aprendidas en los últimos años es que las llamadas políticas de «mano dura» contra el crimen no han funcionado, dijo el PNUD con motivo de la presentación del Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 «Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina».

Capitaneados por la administradora general del PNUD, Helen Clark, y su director para América Latina, Heraldo Muñoz, los responsables del estudio advirtieron de que a pesar de las mejoras sociales logradas en la última década, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo, con más de cien mil asesinatos por año.

«La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a los políticos y repercute al calor de las campañas electorales. Es un tema crucial para varias regiones, incluso en América Latina, porque sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera», dijo Clark al presentar el estudio.

El IDH concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, sigue siendo «epidémica» en 11 países, con más de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, mientras que en todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años.

El Informe Regional de Desarrollo Humano recomienda políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.

En este sentido, los autores del informe, encabezados por el académico mexicano Rafael Fernández de Castro, advirtieron de que para una reducción «duradera» y efectiva de los niveles de inseguridad en América Latina no basta solo con el establecimiento de medidas de control del delito.

Así, el director del PNUD para América Latina, Heraldo Muñoz, reconoció hoy que no hay una «solución mágica» para la inseguridad ciudadana en la región, pero subrayó que aunque se trata de un problema grave, sí tiene «remedio» y requiere de «visión y voluntad política» a largo plazo de todos.

«En cada país se necesita un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana en el que participen desde los gobiernos y los partidos políticos a la sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado», añadió Muñoz, de nacionalidad chilena.

El estudio se concentra en seis amenazas principales que, según advierten, se entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero; la violencia y el delito contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción; la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.

Uno de cada tres latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito violento en 2012, según el PNUD, que revela una correlación directa entre el crecimiento urbano y el delito en la región, donde el aumento de las expectativas de consumo y la relativa falta de movilidad social impulsan el llamado «delito aspiracional».

«El problema no es el tamaño, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores en condiciones de marginalidad», señala el IDH, que añade que los jóvenes, especialmente varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia y, a la vez, los responsables más comunes de la violencia y los delitos.

El estudio destaca también la violencia de género como una amenaza «persistente» y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región, donde los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres han aumentado en casi todos los países.

El PNUD calcula también el impacto del delito en el potencial económico de la región, más de 24.000 millones de dólares solo en 2009, y menciona en concreto que en el caso de Honduras mermó su Producto Interior Bruto (PIB) un 10,54 %, por delante de Paraguay (8,7 %), Chile (3,32 %); Uruguay (3 %) y Costa Rica (2,52 %).

Entre otras medidas, el estudio aboga por reformar instituciones básicas como policía, jueces, fiscalías y cárceles, «esencial» para responder a la inseguridad ciudadana, ya que excepto en Nicaragua y Panamá, más de la mitad de los latinoamericanos expresaron «poca» o «ninguna» confianza en los tribunales en caso de robo o asalto.

Por último, advirtió de que algunos factores como las deficiencias institucionales de las policías y los tribunales, la superpoblación o el abuso de la prisión preventiva son algunos de los retos clave, mientras sigue sin darse prioridad a la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios.