Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En agosto de 2023, el entonces comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante José Jorge Fortín, sorprendió en un discurso castrense al increpar a sus ex antecesores en el cargo: no más golpes de Estado. “General, Romeo Vásquez, no más golpes de Estado”, arengó el militar señalando a quienes consideró fueron actores directos o estuvieron ligados con los hechos acontecidos en junio de 2009 que llevaron a la salida del poder del entonces presidente Manuel Zelaya por impulsar una ilegal consulta popular con fines continuistas, al margen de la Constitución.
Un mes después, en septiembre, Fortín negó haber acusado a X o Y general en retiro por el golpe de Estado de 2009, solo intentaba con su discurso “salvar” la institución castrense, aseguró. Pero su mensaje fue levantado inmediatamente por el gobierno para colocarlo en anuncios propagandísticos en el ecosistema mediático en contra de la oposición. El vicealmirante Fortín fue designado viceministro de Defensa al dejar el cargo militar y luego fue nombrado comisionado de la Copeco. Ese fue su paso como máximo jerarca de la institución castrense.
El discurso de Fortín fue el primer asomo que avistaba el rumbo político partidario que tomaba la institución, superado por el ahora sucesor y nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, considerado como el “constructor” de unas nuevas Fuerzas Armadas: obedientes, políticas y deliberantes.
En agosto de 2024, el general Hernández comenzó a definir la ruta política que tomaría la institución castrense: en pleno auge y cuestionamiento por el robo electoral que el régimen de Nicolás Maduro hizo al pueblo venezolano, apareció en Caracas en una reunión con el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino, señalado de narcotraficante por Estados Unidos y por quien existe una recompensa ofrecida por Washington por su captura. Padrino es sindicado de ser parte del cártel de drogas venezolano denominado como “Los Soles” y que tiene entre uno de sus brazos represores a la llamada banda criminal conocida como “Tren de Aragua”.
El general Hernández, acompañado por el entonces ministro de la Defensa, José Manuel Zelaya—hijo de Carlos Zelaya—intentó justificar su presencia argumentando que atendían una invitación deportiva. Las críticas no se hicieron esperar, al grado que el oficialismo construyó una narrativa de que el general Hernández podría ser objeto de interés de Washington y podría ser pedido en extradición, y ese fue uno de los argumentos de la presidenta Castro para denunciar el tratado de extradición que meses después se vio obligada a recular al asumir el poder en Estados Unidos, el presidente Donald Trump.
José Manuel Zelaya tuvo que renunciar al cargo de ministro de Defensa, luego que su padre se viera envuelto en el narco video en donde aparece negociando con capos hondureños sobornos para la campaña de Libre en el 2013. El narco video, según el fiscal general, por ser tan viejo es difícil que se pueda concluir en una investigación contundente y en tono molesto cuando la prensa le pregunta, les responde: eso tiene un interés político.
Nada se ha movido sobre el narco video y el exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, ha reaparecido en la escena pública celebrando el triunfo de su movimiento, el M-28, en los comicios primarios e internos de Libre, el partido en el poder.
El general “constructor” de las nuevas FF.AA.
Pero la renuncia del entonces ministro de la Defensa, no detuvo la “construcción” de las nuevas fuerzas armadas a cargo del general Hernández. Esa se encontraba en marcha. En octubre de 2024, el general Roosevelt Hernández, se decanta en un discurso público a favor de la polémica ley de Justicia Tributaria y fustiga a las elites políticas, privadas y mediáticas del país. Su discurso, altamente aplaudido por el oficialismo, mostró una institución castrense que empezaba a asumir la estrategia de las Tres P del gobierno de Castro: polarización, populismo y posverdad.
La aparente neutralidad pública que había caracterizado a las Fuerzas Armadas de Honduras empezó a desdibujarse. El general Roosevelt Hernández, en cada discurso o micrófono que tenía enfrente, hablaba de las oligarquías, de las organizaciones civiles anticorrupción, de la voracidad privada, del injerencismo de otras potencias, entre otros, señalando que su discurso no llevaba ningún tinte político a favor de un partido político en especial, pero “macho que respinga, chimadura tiene”, ripostaba.
En el marco del estado de excepción, cuando salieron denuncias y publicaciones sobre los abusos policiales y de la Policía Militar del Orden Público, el general montó operativos de mitigación de imagen, visitando zonas calientes y aparecía conversando con la gente en las pulperías o canchas de fútbol, redoblaba sus brigadas militares de salud en señal de cercanía de las gloriosas con el pueblo. Aprovechaba también sus espacios en los batallones o escuelas de formación militar para rendir homenajes o reconocimientos a personas que fueron víctimas de la doctrina de seguridad nacional que esa institución castrense impulsó en los años ochenta del siglo pasado. Los homenajeados, en sus redes sociales, mostraban sus diplomas y decían “éstas son otras Fuerzas Armadas”.
Y ya en el fragor de la precampaña política electoral, las Fuerzas Armadas no se sintieron incómodas porque videos oficiales de visitas de reconocimientos sobre radares en zonas calientes de tráfico de droga, fueron subidos en las redes sociales de la campaña de la ministra de Defensa y ahora virtual candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada. Actividades oficiales se usaron con fines propagandísticos proselitistas a favor de su jefa, sin que los militares llamaran a diferenciar la actividad político- partidaria de las funciones propias de la defensa y soberanía del Estado.
El tener bajo su égida a una ministra que era la candidata política del oficialismo terminó de pasar factura a las Fuerzas Armadas, al general Hernández y a la actual cúpula militar. El 9 de marzo, día de los comicios primarios e internos, los militares le fallaron a la sociedad y a la ciudadanía al no resguardar las maletas electorales como ordena la Constitución, en especial en los centros de mayor carga electoral que deciden un proceso electoral como son los departamentos de Cortés (la ciudad de San Pedro Sula) y Francisco Morazán (el municipio del Distrito Central y su ciudad gemela, Comayagüela).
La afrenta a la autoridad del CNE
El caos en estas ciudades fue evidente, no habían llegado las maletas y en la capital, los electores esperaron hasta 14 horas para poder ejercer el sufragio. Las maletas electorales salieron del centro del INFOP en buses rapiditos, sin custodia militar y civil, las anduvieron de paseo y nadie daba respuesta. Las autoridades del CNE, con empleados voluntarios, montaban un operativo de recuperación de las maletas y cuando llegaban donde estaban aparcados los buses rapiditos, estos encendían sus motores y se movían, pero lograron ser neutralizados y recuperadas las maletas. Los testimonios firmados de los motoristas de los buses dicen que recibieron instrucciones de los militares y de un funcionario interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para moverse y que no los interceptaran los voluntarios del CNE.
La consejera presidente del CNE, Cossette López, ha hablado de un intento de boicot y ha reclamado a los militares su papel en la custodia de las maletas. Ellos han querido justificar su abandono, que el transporte y la contratación, que sí les correspondía o no inspeccionar, que si no son administrativos, pero nada convincente que diga por qué permitieron la salida de las maletas electorales sin custodio, por qué no acudieron al llamado de apoyo para recuperarlas, por qué dejaron sola a las autoridades del CNE. El Ministerio Público ha iniciado una investigación al respecto.
Pero la controversia entre la autoridad militar y civil no ha terminado. La consejera presidenta Cossette López, denunció que se vio obligada a suspender una sesión de pleno donde los militares iban a rendir un informe sobre las incidencias del 9 de marzo, porque el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Hernández le había irrespetado y gritado. A su vez, la consejera Ana Paola Hall, demandó en sus redes sociales más respeto a las comisionadas y a las mujeres del CNE, entre ellas las dos consejeras. Dijo que en esa reunión de pleno se iba a conocer un informe, no se iba a juzgar a nadie.
Las consejeras del CNE fueron claras al indicar que los militares y uno de los consejeros querían que esa sesión fuera transmitida con la presencia de medios de prensa, algo que según el protocolo que rige el CNE debe ser conocido y aprobado por los consejeros. Ellas no fueron consultadas, reiteraron que no tenían ningún inconveniente pero que debió respetarse la ley interna del CNE que ya tiene estipulado cómo deben ser las sesiones y el protocolo que rige a cada una de ellas.
La junta de comandantes llegó a esa reunión en un traje de fatiga, no en el usual que se usa para ese tipo de actos protocolarios, altamente resguardada por militares armados y fuertes contingentes en los alrededores del lugar donde seria la reunión, y acompañada, por los medios de prensa oficiales.
Ante la denuncia de la consejera presidenta del CNE, el general Hernández, salió a negar la acusación, se declaró víctima de los ataques de la consejera a quien le “exigió” que retirara un posteo en su cuenta de X donde denunciaba una supuesta reunión entre un expresidente, una candidata y altos mandos militares para maquillar el informe de las incidencias del 9 de marzo a entregar al CNE. El general dijo que, si la consejera Cossette López no cumplía sus exigencias, la iría a acusar al Ministerio Público.
Cierran filas a favor de las botas militares
Las Fuerzas Armadas rompen así el mandato constitucional de ser una institución “apolítica, obediente y no deliberante”. El 22 de marzo, las redes sociales de los militares y del gobierno se inundaron de mensajes a favor de la institución, denunciando que estaban bajo una campaña mediática “de ataque”, que estaban “conspirando” contra la institución y el gobierno de la presidenta Castro.
El alto mando militar convocó a los jefes de batallones y alta oficialidad y emitió un comunicado de apoyo a la junta de comandantes en donde se va de frente contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, tras reiterar que garantizarán las elecciones generales de noviembre próximo. Acusan a las consejeras de dañar el honor de la institución castrense y la junta de comandantes.
El 22 de marzo en las instalaciones militares los movimientos fueron intensos, en sus redes sociales posteaban videos del general Hernández llamando a defender la patria; los generales y alta oficialidad rendían cultos a la bandera, y daban la impresión de que se estaban preparando para un acontecimiento como si se fuera a ir a pelear a un campo de batalla. El 23 de marzo, en las calles capitalinas los canillitas regalaban el periódico impreso de las Fuerzas Armadas, que solo tenía hasta ese momento, su versión digital.
La estrategia de comunicación fue intensa, los ministros del gobierno de Castro colocaban mensajes en sus redes a favor de las nuevas Fuerzas Armadas, que había una conspiración en marcha, que las Fuerzas Armadas estaban bajo ataque y que las consejeras López y Hall debían ser destituidas y llevadas a los tribunales.
Ese mismo 22 de marzo, se convoca a un Consejo de Ministros en la hacienda de la familia presidencial en el Valle de Lepaguare, un sitio que marca un simbolismo en la historia nacional porque se produjo ahí en los años setenta.
La reunión de consejo de ministros culminó con un fuerte respaldo al general Hernández, la cúpula militar, y la institución castrense. El periódico oficial del gobierno “Poder Popular” también emitió una edición con la portada de apoyo a las Fuerzas Armadas y al general. La ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y una de las designadas presidenciales en fórmula de Rixi Moncada, compareció en rueda de prensa portando la edición del diario gubernamental en apoyo a los militares. Cada vez que los reflectores tomaban declaración a los ministros designados para hablar al término del consejo de ministros, la titular de derechos humanos mostraba orgullosa el apoyo a las nuevas Fuerzas Armadas. Al apoyo de la titular de Derechos Humanos, se sumó la ministra de Cultura, Annarella Vélez, al ensalzar la encomiable labor de las “nuevas” Fuerzas Armadas, en igual tono el canciller de la República y otros altos y medianos funcionarios.
El viernes 28, los militares ahora políticos y deliberantes, colocaron en sus redes sociales otro nuevo hecho de confrontación con las autoridades del CNE, luego que éstas pidieran un informe sobre inspección de la flota de buses usadas para la distribución de las maletas electorales que fueron de turismo en la capital. La solicitud se hizo por tener conocimiento las autoridades electorales que éstos habrían hecho entrega de este a un empleado interno destituido. Pero los militares contestaron que eso no era cierto y que no les correspondía a ellos esas acciones administrativas. Los militares corrieron a publicar en sus redes sociales una comunicación interna enviada por el ente rector electoral. “Transparencia”, dijeron.
Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas un mes antes de las elecciones se ponen al servicio de las autoridades electorales hasta la declaratoria final de los comicios. El ente rector es su superior, en temas electorales, pero tras lo sucedido con las primarias del 9 de marzo, el general Roosevelt Hernández, dijo a la consejera presidenta del CNE, que ella no era “su superior”. Dijo que su lealtad era con la presidenta Xiomara Castro que es la comandante de las Fuerzas Armadas.
Pero militares activos y en retiro han recordado al general Roosevelt Hernández que los tres valores fundamentales que rigen a las Fuerzas Armadas son la trilogía: lealtad, honor y sacrificio. La lealtad, aseguran, tiene una jerarquía primero; la patria y su Constitución, luego el comandante y después lealtad a sus compañeros y subalternos. Ese es el norte que guía a las Fuerzas Armadas, sostienen. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas de obedientes, políticas y deliberantes, es para los estudiosos de las relaciones cívico-militares un reto, ante las justificaciones maniqueas que han salido para justificar la politización partidaria y de activismo en que han caído. (PD).
