Tegucigalpa – La experiencia del modelo alianza público-privado en Honduras resulta negativa por las demandas que amenazan con provocar pérdidas cercanas a los mil millones de dólares, además de generar incertidumbre en el futuro de la inversión extranjera en el país.
Para el caso el consorcio Empresa Energía de Honduras (EEH), a través de su portavoz Ricardo Roa, ha adelantado la posibilidad de demandar al Estado hondureño por el presunto incumplimiento del contrato mediante el cual su representada presta servicios de medición, facturación y cobro, pero que ha tenido profundas diferencias con los contratantes que en agosto anterior fueron intervenidos con presencia de fuerzas militares, un hecho que generó reacciones y reclamos tanto del sector empresarial local así como manifestaciones del gobierno colombiano.
Otros potenciales demandantes son la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) que al igual que la anterior empresa presentó ya una notificación previa en el proceso de la demanda relativa a Inversiones (CIADI).
A lo anterior se suman otras corporaciones que señalan indebido manejo gubernamental por incumplimiento de contrato.
Académicos y dirigentes del sector privado son del criterio que las notificaciones de arbitraje incoadas ante la instancia internacional que conoce de los casos en Washington, Estados Unidos, reflejan la incertidumbre e inseguridad jurídica para invertir en el país.
Así la inversión, se encuentra en pausa debido a la incertidumbre que generan los últimos procesos electorales en Honduras, a la espera de conocer al futuro gobernante y sus primeras acciones.
Eduardo Almeida, representan del BID en Honduras y quien concluye su misión esta semana, dijo a periodistas en una de sus últimas comparecencias que el modelo de las APP debía ser revisado y sujeto de una nueva normativa en la misma.
Buena parte de la inversión extranjera directa se generó en los últimos años en base a las APP, pero el modelo colapsó debido a la gestión de la institución encargada de su aplicación, así como a las críticas y hostilidad de un sector del país a dicho modelo.
Aunque los datos oficiales de inversión extranjera reportan un alza en los últimos meses, las mismas son más reinversión de las mismas empresas que ya operan en el país y que se concentran mayoritariamente en el sector telecomunicaciones, financiero, maquila y manufactura.
El cierre de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), institución creada para promocionar las APP, determinó el camino y el futuro que tendrían estos proyectos en el país.
Coalianza fue criticado por su mala planificación, incompetencia y mala gestión.
La reciente intervención de la Empresa Energía Honduras (EEH) ha creado incertidumbre especialmente por ser corporación extranjera intervenida por el gobierno.
El ejecutivo argumentó que EEH no cumplió con los objetivos de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas del sector energético.
Sectores empresariales, gremiales y académicos han reiterado la advertencia de que la intervención crea incertidumbre en la seguridad jurídica, además de la denuncia del operador.
El 19 de agosto representantes de EEH informaron explícitamente que adelantaron una denuncia al Estado hondureño ante el CIADI, con base en Washington y adscrito al Banco Mundial, y adelantaron que demandarán al Estado de Honduras por más de 800 millones de dólares.
Mala planificación
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García Merino, manifestó que el fracaso de proyectos de Alianza Público-Privada (APP), se debió a la mala planificación por parte de las autoridades.
“Este modelo de asociación público-privada en todo el mundo ha dado buenos resultados menos en Honduras, eso nos indica que el problema se debió a una mala estructuración de los proyectos”, dijo en conversación con Proceso Digital.
García Merino recordó que Coalianza fue creada como una institución para impulsar proyectos de inversión bajo el modelo de APP.
Sin embargo, Coalianza cerró y, García Merino indicó que fue un fracaso desde el momento de su creación.
Prosiguió que se debe estructurar una ley que permita que las alianzas públicas-Privadas funcionen correctamente y brinde los resultados esperados.
El director de la Andi sostuvo que la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), a cargo de las acciones de Coalianza, no ha brindado los resultados deseados.
Señaló que no solo el contrato de la Empresa de Energía Honduras (EEH) ha fracasado e indicó que existen otros proyectos que igualmente reflejan desfases.
En el caso de EEH, afirmó que el diseño, la estructuración y la contratación no siguieron los procedimientos adecuados
“Tenemos que revisar qué fue lo que ocurrió, no satanizar el modelo y exigir rendición de cuentas a las autoridades que estaban en el momento”, concluyó.
Las APP quedaron marcadas con el cierre de Coalianza
El fracaso de las Alianzas Públicos-Privadas quedó evidenciado desde que el gobierno eliminó Coalianza, señaló el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
“Al eliminar Coalianza deja marcado que las APP no han caminado desde su creación, ni de su diseño, ni de su proceso y no digamos la situación actual que se vive”, subrayó.
Expresó que el futuro de estos proyectos es incierto por las recientes intervenciones del Estado.
En el caso de EEH, Zepeda remarcó que comenzó, se diseñó y se planificó mal, lo que fue evidente cuando el gobierno ejecutó la intervención.
Esa intervención refleja que las APP no tienen una organización contundente y buena para el Estado, ni para los empresarios.
El economista del Fosdeh sugirió que se regrese a las concesiones directas en lugar de seguir con los proyectos de Alianza Público-Privada.
Puerto Cortés
El manejo de Puerto Cortés por parte de la Operadora Portuaria de Centroamérica ha sido uno de los éxitos del modelo de Alianza Público-Privada en el país.
No obstante, últimamente surgió la idea de un proyecto portuario en el municipio de Omoa, a menos de 50 kilómetros de Puerto Cortés en carro.
El proyecto de terminal marítima portuaria de Omoa fue aprobado por el Congreso Nacional, sin embargo, ha sido criticado por ser un puerto privado y por su cercanía con Puerto Cortés, lo que contraviene los términos del contrato con la OPC.
Incluso el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), confirmó que el contrato de la terminal portuaria de Omoa no fue aprobado en la junta directiva de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
En ese sentido, Fernando García consideró que la idea de desarrollar un puerto en Omoa es absurda y refleja la mala planificación.
Subrayó que el gobierno debería fortalecer la Empresa Nacional Portuaria (ENP) de Puerto Cortés o invertir en Puerto Castilla.
La empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), a cargo de la terminal de contenedores de Puerto Cortés y subsidiaria de la filipina International Container Terminal Services Inc (ICTSI), ya envió notificación para acudir a arbitraje por inversiones ante la CIADI contra el Estado de Honduras por daños al aprobar la terminal de Omoa.
De acuerdo con un reporte de la web especializada en denuncias de arbitraje, OPC reclama a Honduras 10 millones de dólares por “graves perjuicios económicos” ocasionados. La web CIAR Global cita una carta enviada al ministro de Finanzas, Luis Mata, y que forma parte del dossier.
Agregan que la acusación contra el Estado de Honduras de incumplir el contrato de concesionamiento y que lo otorgado a la terminal de Omoa modifica las condiciones en que “se licitó, adjudicó y se operó a la fecha el proyecto de concesión de la Terminal de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés”.
