La reciente decisión de la mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia de declarar inadmisible los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 04-2022, conocido como Amnistía Política o Pacto de Impunidad 2.0, representó un duro revés en la lucha contra la impunidad en en el país.
Este hecho funesto, respaldado unánimente por los magistrados afines al Partido Liberal, marca un hito terrible en la administración de justicia, tan terrible como cuando el Poder Judicial avaló «constitucionalmente» la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
Con esta decisión, 10 a 5 de los magistrados oficialistas y sus aliados liberales se consolidó el escudo de impunidad que ha acompañado al patriarca de la Familia Castro-Zelaya, desde que fue expulsado en 2009 del poder por pretender entronizarse en la presidencia a través de la ilegal y tristemente celebre cuarta urna.
Manuel Zelaya, el familión y sus adláteres ahora gozan de un triple escudo de impunidad que los vuelve inmunes, por no decir impunes o intocables, al brazo de la justicia por los abusos y actos de corrupcion cometidos antes del 2009 y todos los que puedan cometer ahora en el Gobierno de su mujer Xiomara Castro. A eso se suma que controla y dirige a su antojo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Esa triada de la impunidad la componen el Pacto de Cartagena que perdonó y amnistió los abusos de Zelaya cuando pretedió entronizarse en el poder; la amnistía política que exoneró a varios de sus exfuncionarios acusados de corrupción y delitos contra la administración pública y por último la renuncia al tratado de extradición con Estados Unidos, que a la postre era una amenaza real y latente para él y varios miembros de su familia denunciados en NY de haber recibido sobornos de narcotraficantes, hecho que quedó ampliamente probado con el narcovideo que expone a su hermano Carlos Zelaya negociando con reconocidos narcotraficantes las aportaciones para la campaña política de Libre en 2013.
Ese triple escudo de impunidad pone a los Zelaya-Castro y a los miembros de Libre en una posición privilegiada para evitar ser perseguidos por la justicia ahora y en el futuro, y paralelamente le permite, con el control de las instituciones administradoras de justicia, perseguir y encarcelar a los miembros de la oposición política , periodistas, líderes de opinión o cualquier voz crítica a su gobierno.
Sin duda, es sumamente preocupante este contexto porque configura un gobierno autoritario que buscará a toda costa mantenerse en el poder, en un momento que el país se apresta a celebrar elecciones primarias y generales en marzo y noviembre de 2025.
La consolidación de este triple escudo de impunidad en torno a la familia Zelaya-Castro y su círculo cercano refleja la fragilidad de la justicia en Honduras, vulnerada por influencias e intereses políticos y económicos que perpetúan el abuso de poder y la impunidad.
Esta situación no solo amenaza la transparencia y la democracia en el país, sino que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deberían garantizar el estado de derecho.
En un año electoral clave, el riesgo de que el sistema judicial sea utilizado como arma política contra opositores y críticos es más latente que nunca.
Es imperativo que los sectores independientes y la sociedad civil tomen una postura firme en la defensa de los valores democráticos y del fortalecimiento de las instituciones, porque cuando la impunidad reina, la justicia y la libertad se convierten en víctimas.
La historia ha demostrado que los sistemas que se construyen sobre la opacidad y la inmunidad a la rendición de cuentas terminan colapsando, y es responsabilidad de todos evitar que este sea el destino de Honduras.
