Tegucigalpa – Enrique Reina, ministro de Relaciones Exteriores, se pronunció nuevamente sobre sobre la crisis que atraviesa el sector energético de Honduras y esta vez para responder a un pronunciamiento hecho por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.
Lo anterior tiene que ver con una publicación que hiciera el representante del banco regional, para referirse a la crisis energética que afronta el país centroamericano, donde el gobierno de Honduras pretende hacer profundas reformas en este sector, mismas que son políticas con las que no están muy de acuerdo desde el BCIE.
“La reforma del sector eléctrico en Honduras más urgente es explicitar el delito de robo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) retroceder reformas diferentes a toda la región no indica progreso. Ojalá el robo de energía se prioriza desde otro frente con otras iniciativas”, escribió Dante Mossi en la red social Twitter.
En ese sentido, el jefe de la diplomacia hondureña respondió por la misma vía “la reforma eléctrica es un acto soberano del Estado de Honduras, no le corresponde al Presidente Ejecutivo de la banca regional expresarse sobre un tema interno de un Estado Fundador. Además de sobrepasar la autoridad de la Gobernadora por Honduras del BCIE”.
El BCIE retiró la promesa de un financiamiento a la ENEE por 250 millones de dólares, ya que el mismo estaba condicionado a que la empresa estatal fuera escindida en tres partes: Generación, transmisión y comercialización, algo que también fue eliminada en la nueva Ley de Energía.
Además de la respuesta de la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) Rixi Moncada a Dante Mossi, el canciller Reina, también se pronunció casi en similares términos cuando respondió a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Y es que la diplomática norteamericana, cuestionó las reformas del sector energético, promovidas en el Congreso.
Recientemente el Congreso aprobó la Ley Especial de Reformas Energéticas, por lo que ahora el servicio eléctrico, será un bien público y derecho humano; sin embargo, existen cuestionamientos porque la normativa incluye el concepto de justiprecio, un término que no termina de dar claridad respecto a la nacionalización o expropiación de empresas. JP
