Tegucigalpa – La Procuraduría General de La República (PGR), emitió un comunicado esta tarde para dejar claro que sus actuaciones en el caso de la compra de hospitales móviles para atender la pandemia en Honduras, solo podrán realizarse a raíz de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP).
“Ante la posibilidad de que exista razonablemente indicios para deducir responsabilidad penal por acción u omisión de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles destinados para atender a la población y las necesidades de salud causadas por la pandemia de la enfermedad COVID-19, dependerá de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público. La Procuraduría General de la República dentro del proceso penal contra los supuestos responsables en la contratación que promueva el Ministerio Público, actuará según sus atribuciones en protección y defensa de los intereses del Estado, y accionará para que se restituyan los bienes y derechos del Estado lesionados”, resalta la parte toral del escrito.
Señalan que en cumplimiento de su mandato constitucional de representar los intereses del Estado, esa actividad se realiza en articulación e interdependencia con el resto de órganos y entidades estatales, que, de conformidad a las leyes, deban gestionar, administrar, ejecutar y fiscalizar los fondos públicos, de ahí que las acciones judiciales que en tutela de los derechos e intereses estatales deba interponer la PGR son dependientes de la actividad formal que previamente haya realizado cada instancia administrativa, ya sea que se trate de un acto administrativo, contrato administrativo o cualquier otro acto jurídico, que según la naturaleza de la materia, también determine la instancia jurisdiccional competente a la que se deba acudir.
Lo anterior en referencia a la compra de siete hospitales móviles realizada por Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), de los que dos ya ingresaron al país. El arribo de los nosocomio rodantes de manera inmediata se sometieron a proceso de fiscalización e investigación por parte del Tribunal Superior Cuentas (TSC), el Ministerio Público (MP) e INVEST H como instancia administrativa encargada de la compra.
“INVEST H tiene la obligación legal de informar sobre cualquier incumplimiento en los tiempos de entrega acordados, las especificaciones dadas al contratista o cualquier otro incumplimiento dentro de la relación jurídica establecida”, remarca el comunicado de la PGR.
En caso de que se precise la interposición de las acciones legales en contra del contratista, la Procuraduría General de la República requiere que, tras los procedimientos legales de mérito, la instancia administrativa de la contratación emita los actos jurídicos sobre los que se ejercerían las acciones correspondientes.
Asimismo, -concluye la nota- el Tribunal Superior de Cuentas deberá, sustanciando los procedimientos administrativos pertinentes, determinar si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios o ex funcionarios que hubiesen inobservado o incumplido los requisitos y procedimientos para la preparación y adjudicación de las compras o suministros pactados; permitiendo con ello, el ejercicio por parte de la PGR de las acciones civiles resultantes de la intervención fiscalizadora constitucionalmente atribuida al Tribunal Superior de Cuentas.
