Tegucigalpa (Proceso Digital) – A escasos meses de que se convoque a la integración de la Junta Nominadora que deberá iniciar el proceso de selección y elección de los nuevos nominados a la Corte Suprema de Justicia que deberá ser electa en enero de 2023, el actual Poder Judicial sortea casos de impacto.
Apenas recién sorteó la dilatoria de la justicia para liberar a los defensores de Guapinol, mientras la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos será resuelta el próximo 16 de marzo.
La extradición o no de JOH
Si Guapinol ha sido un caso que ha mantenido en la picota pública a la justicia hondureña, no menos lo es ahora el caso de la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, conocida por un juez natural en la figura de uno de los magistrados de la Corte Suprema de justicia.
El juez natural, Edwin Órtez, ha negado a la defensa la petición de que Hernández tenga la prerrogativa del arresto domiciliario, por no estar contemplada esta figura en el auto acordado sobre los procesos de extradición. Hernández se encuentra recluido en la unidad élite de fuerzas especiales de la Policía Nacional de la Secretaría de Seguridad.
La defensa del expresidente Hernández ha apelado esa determinación que fue resuelta en consonancia con la del juez natural quien citó al exgobernante hondureño para el 16 de marzo a comparecer en la audiencia de medios probatorios y determinar ahí si procede o no la extradición.
Hernández es solicitado por la fiscalía de Estados Unidos por suponerlo responsable de tres delitos, entre ellos el del narcotráfico. También se le acusa de asociarse con organizaciones ilícitas transnacionales.
La presión sobre el Poder Judicial ha ido creciendo a medida que se acercan los plazos para decidir la suerte del exgobernante hondureño, el tercero de América Latina, que es acusado por los fiscales de Estados Unidos por el delito de narcotráfico, un mensaje que según senadores estadounidenses no es solo para Honduras, sino para el resto de Latinoamérica y Centroamérica.
La defensa del expresidente Hernández ha anunciado que dará toda la batalla legal posible para evitar que su cliente sea extraditado a Estados Unidos.
El Poder Judicial es uno de los órganos de la institucionalidad hondureña con un bajo nivel de confianza de apenas 16%, según el Latinobarómetro.
La justicia hondureña se encuentra así frente a un caso emblemático.
Guapinol y sus bemoles
En tanto, otro caso que recién ha mantenido connotaciones potentes en el desempeño de la justicia hondureña es Guapinol. La segunda semana de febrero, la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial otorgó dos amparos a favor de los ambientalistas de Guapinol, privados de su libertad desde hace dos años por defender sus territorios de la industria extractiva minera. Los líderes ambientalistas fueron condenados a penas carcelarias, en un proceso con serios vicios de irregularidad.
De los ocho imputados en total, dos de ellos fueron liberados por el tribunal inicialmente, no así el resto. No habían terminado de digerir la condena, cuando un fallo de la Sala Constitucional ordena su inmediata liberación, en respuesta a dos amparos interpuestos por la defensa de los ambientalistas.
La sentencia de la Sala Constitucional fue celebrada por instancias humanitarias nacionales e internacionales, entre ellas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al indicar que, en su fallo, la justicia reconoce que a los ambientalistas de Guapinol se les violentó el debido proceso y fueron objeto de una prisión preventiva arbitraria a la que fueron sometida.
Nunca debieron estar presos: Amnistía Internacional
En tanto la organización humanitaria Amnistía Internacional, dijo que los ambientalistas “nunca debieron estar un día en prisión”, tras saludar la decisión del poder judicial y exhortar a su inmediata liberación.
El caso de Guapinol se origina ante la decisión de los ambientalistas de oponerse a una concesión minera otorgada ilegalmente a la empresa Los Pinares, por tener vicios de irregularidad y no utilizar la consulta previa e informada que tienen derecho los pueblos. La concesionaria niega tal extremo y les acusa junto a la fiscalía de haber participado en un incendio de varios contenedores propiedad de la empresa Los Pinares y de una camioneta de la seguridad privada de la empresa. Estos hechos ocurrieron en el 2018.
Y mientras la gente en la comunidad de Tocoa, en Colón, salía a las calles para celebrar el fallo judicial que ordenaba la liberación, el tribunal de sentencias de Trujillo, en Colón, donde se desarrolló el juicio, retrasó el cumplimiento de la resolución judicial aduciendo que aún no se les había notificado la sentencia.
En su más reciente comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos externó su preocupación por la dilatoria de la justicia en otorgar la libertad, pese a ser beneficiados de los amparos concedidos por la Sala Constitucional, sostiene.
En tanto, el abogado defensor de los ecologistas, Edy Tábara, sostenía en sus redes sociales que sus defendidos seguían bajo detención arbitraria, aun cuando la Corte Suprema de Justicia había dejado nulo todo el proceso incoado en su contra. Los defensores tuvieron que esperar agónicos días antes de que el Tribunal de Sentencia de Trujillo acatara la resolución y cada día fueron acompañados por ciudadanos, parientes y amistades que junto a los defensores estuvieron en las afueras de los tribunales de justicia en la zona, en espera de su liberación.
El caso Guapinol, por lo viciado del proceso al demostrarse que éste no se condujo bajo “el principio de objetividad” y que tampoco cumplió el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados, llamó la atención de la comunidad internacional acreditada en el país, así como de instancias de derechos humanos internacionales que dieron un seguimiento muy cercano al proceso.
La dilatoria para otorgar la libertad pone en entredicho la aplicación de la justicia, ante el asombro de la comunidad nacional e internacional que no termina de entender los entuertos de la justicia. (PD)
