Tegucigalpa – La inseguridad que campea en Honduras también alcanza a los entornos familiares de los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, quienes sufren en carne propia la amenaza que representan las estructuras criminales.
Lobo y Hernández gobernaron el país en los últimos 12 años (2010-2022). El primero guarda prisión en Estados Unidos a la espera de un juicio por acusaciones de narcotráfico y el segundo reside en la periferia de la capital hondureña.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), informó que ese ente estatal otorgaba protección al expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), así como a su familia, luego de las denuncias en torno a un presunto plan para asesinarlo.
La amenaza se materializó hace un poco más de un mes cuando sujetos vestidos de policías, presuntos miembros de maras, acribillaron a Said Lobo, hijo del expresidente hondureño.
Rosa Elena Bonilla, esposa del exmandatario, permanece presa por un caso de corrupción en el que fue declarada culpable. La defensa de la exprimera dama ha solicitado cambio a las medidas de prisión por considerar que su vida corre peligro en la cárcel femenina de Támara.
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El certero ataque a hijo de Pepe Lobo
Recién se cumplió un mes del asesinato de cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo, luego que salían de una discoteca en la capital hondureña.
Aquella madrugada de 14 de julio fueron acribillados los jóvenes Said Lobo -hijo del expresidente Porfirio Lobo-, así como un sobrino de la esposa del exjefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez, identificado como Luis Zelaya, también se reconoció al joven Salomón Velásquez y Norlan Rivera, éste último el motorista de Said.
El crimen causó impacto social porque quedó grabado desde varios ángulos de cámaras de seguridad que se difundieron rápidamente por las redes sociales y medios de comunicación.
El violento suceso mostró la profesionalización y técnica sofisticada de los sicarios que en todo momento pretendían enviar un mensaje a las familias de las víctimas, la mayoría de prominente estirpe política hondureña.
Desde un inicio las autoridades hondureñas señalaron a la Mara Salvatrucha como la responsable de la masacre y no dudaron en asegurar que el hijo del exmandatario hondureño era el objetivo del crimen.
Igualmente, se informó que fueron 11 las personas que participaron en el ataque, de las que seis fueron detenidas horas después del hecho, pero solo tres fueron acusadas ante la justicia.
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Policía asegura que investigación avanza
Luego de la presión mediática para desentrañar el cuádruple crimen, este martes el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, expresó que “no solo se tiene una captura, son más, lo que pasa que no lo hemos publicitado por razones obvias (no dañar las investigaciones)”.
Desde que ocurrieron los hechos -en un falso operativo por sicarios disfrazados de policías-, solo se conoce la identidad de tres personas, de seis que se aseguró en su momento tener capturados la Policía Nacional; se trata de Norma Alicia García, acusada por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asociación para delinquir a título de cómplice de la Mara Salvatrucha (MS-13). Igualmente están imputados Eber Ezequiel Espinoza y Erick David Mancias, acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.
En ese sentido, el hombre fuerte de la Policía hondureña, asegura que las investigaciones están muy avanzadas y que las personas que participaron en la masacre de manera material o física, están plenamente identificadas, el proceso de indagación y se han ejecutado muchas diligencias técnicas y científicas desde la perspectiva de la investigación criminal.
El general Sánchez aseguró que están trabajando con el acompañamiento técnico de la Fiscalía General de la República y que “el caso está muy avanzado, tenemos muy buenos resultados, pero hay temas a los que no podemos referirnos por la dimensión del suceso en sí”.
Las amenazas a JOH y su familia
La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, Ana García denunció esta semana que su entorno familiar estaba amenazado por estructuras criminales.
De acuerdo a un documento que hizo público la exprimera dama, el pasado 4 de agosto fue informada por parte del director de Inteligencia de la Policía Nacional, Mario de Jesús Molina, que la familia se encontraba en situación de peligro al haberse detectado indicios de amenazas contra la seguridad personal proveniente de organizaciones criminales.
El 5 de agosto -relató García- se presentó a las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para dar a conocer los hechos advertidos por la propia Policía Nacional y aprovechó para ampliar la queja que ella misma había presentado el 27 de julio ante esa misma institución.
La condición de vulnerabilidad fue transmitida al abogado defensor de Hernández, Raymond Colón para que hiciera las solicitudes respectivas a las autoridades del Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, Nueva York, para que se tomaran las medidas respectivas para proteger la integridad física del expresidente hondureño.
“Les alertamos, estamos investigando”: Sabillón
Ramón Sabillón, titular de la Secretaría de Seguridad, dijo este martes que hasta el momento no hay nada concreto sobre supuestas amenazas de muerte de la Mara Salvatrucha (MS-13) al expresidente Juan Orlando Hernández y su familia “les alertamos, estamos investigando, pero no hay nada concreto hasta ahora”, dilucidó.
Añadió que “por protocolo comunicamos a las personas, asesoramos para que incrementen sus esquemas de seguridad, sin embargo, se le ha dado otra connotación, pero estrictamente hemos indagado estos detalles que ellos expresan (la familia del expresidente), en base a un análisis técnico y científico, no se encontraron hechos concretos a surgir una amenaza potencial”.
El ministro de Seguridad, refirió que no se trata de una amenaza grande, pero hay que tener cautela “esperamos que esto no pase a más, hemos alertado porque ese es el protocolo en estos casos, nosotros proseguimos con otros esquemas para mejorar cualquier condiciones y repito nada en cuando se apunta por sus hechos pasados y no hay nada concreto respecto a una verdad científica.
En ese sentido, subrayó que el tema está en observancia y vigilancia permanente a estos grupos criminales que podrían estar amenazando a la familia Hernández, que además están analizando el circuito de la información, ya que no solo pueden quedarse con la versión de una de las partes y hasta el momento no se ven conclusiones concretas sobre una amenaza real.
“Estamos abordando el tema con toda la responsabilidad que requiere, siempre hay protocolos que se activan por alguna versión, un comentario o mensajes, sobre elementos técnicos y fuentes humanas que tenemos, si hay alguna medida que tomar, entonces tenemos que alertar aunque tengan un esquema de seguridad proporcionado por el Estado”, puntualizó. PD
