Tegucigalpa – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló este lunes que «la impunidad» en Honduras «es generalizada» y que la pobreza y la desigualdad están profundamente arraigadas en el país.
«La impunidad es generalizada, incluso para las violaciones de derechos humanos, como lo demuestra el modesto progreso realizado en la investigación y procesamiento de miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017», subraya el informe.
Añade que «la pobreza y la desigualdad están profundamente arraigadas y son una causa principal de la migración en curso, como se refleja en la participación de miles de personas hondureñas en una caravana que en octubre dejó el país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América».
El informe, de 34 páginas, fue presentado en un hotel de Tegucigalpa por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
El documento describe la situación de los derechos humanos en Honduras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con un enfoque en la pobreza y los temas económicos y sociales; la violencia y la inseguridad; la lucha contra la corrupción y la impunidad.
También detalla el espacio democrático y la situación de los defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, mujeres y lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Destaca además algunas de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras y concluye con varias recomendaciones a las autoridades del país para mejorar en varios temas, entre ellos la pobreza y las cuestiones económicas y sociales.
Honduras debe promover un enfoque de derechos humanos, multicultural y de género en las políticas públicas y la planificación, agrega.
Además, se deben tomar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y los recursos naturales, cambiando el enfoque de criminalización de la usurpación de la tierra hacia un enfoque orientado hacia las condiciones socioeconómicas que subyacen al problema.
La ONU considera que en Honduras se debe adoptar una política o plan para guiar a las empresas respecto de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, para garantizar que el sector privado ejerza la diligencia debida y evalúe el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos.
En materia de violencia e inseguridad, instó al Gobierno a «redoblar los esfuerzos para perseguir el crimen organizado en todas sus formas, reconociendo su estrecha conexión con los delitos económicos, incluida la corrupción».
También se debe diseñar y ejecutar «un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público, fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad, y garantizar el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente depurada y capacitada».
La Policía Nacional de Honduras está en un proceso de depuración que ya lleva más de dos años.
Honduras, además, debe asegurar que la legislación se adopte o revise de acuerdo con los estándares de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, priorizando áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado y el control de armas de fuego y municiones, así como la regulación de las empresas de seguridad privada.
Otras recomendaciones tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones y políticas de los centros penitenciarios, incrementar los recursos para la justicia juvenil y la protección de la niñez, y el proceso de elección del fiscal general del Estado.
Se suman la adopción de medias especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública, revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio en el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
También se debe «eliminar la prohibición absoluta del aborto, de conformidad con las obligaciones regionales e internacionales del Estado; y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer», señala la ONU entre otras recomendaciones para Honduras.
