Ciudad del Vaticano – La Fiscalía del Vaticano registró y requisó hoy documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias de un antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado, en el marco de la investigación sobre irregularidades inmobiliarias.
La operación tuvo lugar esta mañana en las oficinas y el domicilio del prelado Alberto Perlasca, exjefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado, de acuerdo a un comunicado difundido por la Santa Sede.
La medida, ordenada por el promotor de Justicia (fiscal) Gian Piero Milano, se da en el marco de una investigación de inversiones financieras e inmobiliarias de la Secretaría de Estado, que en octubre supuso la suspensión de empleo de cinco funcionarios vaticanos.
Precisamente el registro a Perlasca, sobre el que la Santa Sede reivindica el principio de presunción de inocencia, se produce tras el interrogatorio de esos funcionarios investigados.
Perlasca (Como, Italia, 1960), licenciado en Derecho y Derecho Canónico, fue nombrado en junio por el papa promotor de Justicia sustituto ante el Tribunal de la Signatura, el mayor órgano judicial del Vaticano, para lo que dejó su cargo en la Secretaría de Estado.
Trabajó entre abril de 2006 y 2008 en la Nunciatura apostólica en Argentina y después regresó al Vaticano como jefe de la Oficina Administrativa. Es miembro de los Consejos de Administración de entes como el hospital «Bambino Gesù» o del Fondo de Pensiones de la Santa Sede.
Con este sexto indagado, los fiscales vaticanos prosiguen con su investigación de carácter administrativo-contable y cuentan con la cooperación de autoridades extranjeras, que la Santa Sede no cita.
El pasado 1 de octubre, los investigadores de Estado de la Ciudad del Vaticano registraron su propia Secretaría de Estado tras recibir meses antes una serie de denuncias sobre operaciones financieras e inmobiliarias presuntamente irregulares.
Entre los cinco funcionarios suspendidos estaba Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Pero también el jefe del Departamento de Información y Documentación, Mauro Carlino; los dirigentes de la Secretaría Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, y una empleada de la Administración, Caterina Sansone.
La filtración de estos nombres derivó dos semanas después en la dimisión del jefe de seguridad del papa, Domenico Giani, después de dos décadas al servicio de tres pontífices.
Según la revista «L’Espresso», los fiscales del Vaticano sospechan de «graves indicios de malversación, estafa, abuso de poder y blanqueo de capitales» en algunos funcionarios o eclesiásticos.
Y en el centro de la investigación estaría la compra de un inmueble de 17.000 metros cuadrados en Londres por 200 millones de dólares o la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge los donativos de los fieles para las obras de caridad del papa, según informó entonces el semanario.
Los hechos se enmarcarían en el periodo en el que el cardenal Angelo Becciu estuvo en la oficina para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, de la que salió en septiembre de 2018 como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El purpurado aseguró el pasado sábado que él no está investigado y negó que se haya gastado dinero del Óbolo con fines especulativos en la compra de ese inmueble.
Ese mismo día, por la mañana, en la apertura del Año Judicial, el propio papa Francisco advirtió de que «las operaciones financieras sospechosas, más allá de su eventual ilegalidad, poco o nada tienen que ver con la naturaleza y la finalidad de la Iglesia».
Y lamentó que estos escándalos «generan desorientación e inquietud» entre los fieles católicos.
