Al momento de escribir esta columna, los hondureños cumplieron exactamente 836 días de esperar pacientemente en el umbral de la esperanza la instalación de la tan ansiada Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).
Sin embargo, por los vientos que soplan esa espera se prolongará por mucho más tiempo y tomando como contexto la lectura de los recientes acontecimientos en torno al tema es muy probable que ese proyecto nunca se materializará en éste u otro gobierno.
Por qué creemos que eso no ocurrirá, pues bien se los explicaremos más adelante.
La creación de la misión internacional de combate a la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, por no decir, la oferta electoral más relevante planteada por la actual administración en sus primeros 100 días al frente de la conducción del país.
De hecho, un importante porcentaje del electorado hondureño votó en las pasadas elecciones por este proyecto político de la actual presidenta, esperando que en su primer año cumpliera con esta demanda ciudadana, que le negó la corrupta administración anterior.
Sin embargo, con el paso de los días, semanas y meses la llegada del citado mecanismo se ha venido diluyendo en un mar de promesas incumplidas, justificaciones pueriles, demoras intencionales, explicaciones simplistas, traslado de responsabilidades y compromisos irresueltos.
Mientras eso ocurre, Honduras sigue siendo percibido como uno de los países más corruptos del hemisferio occidental.
En el último informe del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Internacional, Honduras se ubicó entre los cuatro países menos transparentes de América Latina en 2023.
Además, se posicionó en la cola de las naciones con una elevada percepción de corrupción, ubicándose en el escalón 154 de 180 naciones que fueron evaluados en el IPC, con el agravante que en su última evaluación volvió a reprobar por enésima vez en el indicador de corrupción de la Cuenta de Desafío del Milenio.
Con ese telón de fondo, los hondureños han comenzado a desconfiar y perder toda esperanza de que la Cicih pueda finalmente instalarse en Honduras, bajo condiciones óptimas para emprender una lucha frontal y efectiva contra las estructuras de corrupción enquistadas en el aparato estatal y privado.
Para que la instalación de la Cicih se hiciese realidad después de 836 días, el Gobierno de Honduras debió cumplir
con una serie de requisitos mínimos contenidos en el memorando de entendimiento suscrito con la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fue renovado a comienzos de este año debido a que las condiciones mas importantes no fueron implementadas por el Ejecutivo hondureño.
En recientes declaraciones la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shakelford expuso que a la fecha el Gobierno de Honduras solo ha cumplido con tres de las nueve reformas indispensables para la instalación del mecanismo.
A eso se suma, que en los meses transcurridos, 19 de los 26 compromisos adquiridos por las autoridades hondureñas en el memorando de entendimiento continúan pendientes de cumplimiento.
Visto lo anterior, es muy improbable que la Cicih pueda llegar a instalarse y sustento mi opinión en el hecho que, además de todas las consideraciones anteriores, hay otras señales inequívocas que indican que el proyecto finalmente terminará naufragando en el mar del contubernio y las negociaciones políticas.
En mi opinión hay varios factores que predicen la muerte de la Cicih sin que la misma haya visto la luz. Uno de ellos son los recientes acuerdos políticos o el pacto de impunidad concertado por el tripartidismo (Libre, PN y PL) que permitió elegir a los nuevos fiscales del Ministerio Público Johel
Zelaya y Marcio Cabañas Cadillo, así como nombrar al nuevo director de fiscales.
Esto es así, porque según mis fuentes, los dirigentes políticos de los tres partidos consideran que con la elección de los fiscales se le quita una enorme presión ciudadana al gobierno y a los partidos políticos y en consecuencia ya no es necesario ni conveniente apresurar la instalación de la Cicih.
Es decir, existe un pacto de impunidad secreto para que eso no ocurra, frustrando de esta manera las aspiraciones de la ciudadanía de contar con un mecanismo independiente que permita poner un alto a la oprobiosa impunidad de la clase política hondureña.
De tal manera que ahora electas las autoridades en propiedad del Ministerio Público, así como los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la rancia clase política hondureña cerró filas para blindarse, autoprotegerse y evitar que un órgano externo de Naciones Unidas venga a contarles las costillas y arrimarlos a los tribunales.
Los líderes políticos hondureños, especialmente aquellos implicados en casos de corrupción son los más interesados en evitar que la Cicih se materialice porque temen que sus investigaciones revelen o saquen a la luz pública la podredumbre de sus actividades corruptas y los lleve ante la justicia.
Otro obstáculo ha sido la resistencia que ha mostrado el Congreso Nacional en aprobar las reformas y leyes pertinentes para el funcionamiento del mecanismo, como por ejemplo la Ley de Colaboración Eficaz, temida por los diputados y dirigentes políticos de los partidos; la derogación de la amnistía política o pacto de impunidad 2.0 aprobado en esta administración y la eliminación de la inmunidad parlamentaria
A esto se suma otro ingrediente y es la resistencia que entre telones han manifestado otros sectores internos que prefieren mantener el status quo en el podrido sistema de justicia hondureño en lugar de permitir una investigación independiente de la aberrante corrupción que diariamente golpea la vida de los hondureños, especialmente los más pobres del país.
Aunque la sociedad civil y otros sectores de la población pueden apoyar la llegada de la CICIH, la falta de una voluntad política interna sólida para abordar la corrupción de manera efectiva son también un importante obstáculo en la implementación de una política efectiva para combatir este flagelo que sustrae del presupuesto nacional mas de 50,000 millones de lempiras anuales, según estimaciones del CNA.
Finalmente, algunos líderes argumentan que la entrada de la Cicih podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad política y social del país, lo que podría ser utilizado como justificación para evitar su llegada. Frente a ese panorama, no queda más que la unión de esfuerzos del pueblo hondureño y la presión ciudadana activa para lograr que la instalación de la Cich se convierta en una realidad y no quede en otra promesa incumplida de la actual administración.
