Guatemala – La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció hoy que su personal abandonó el país al implementar un protocolo de contingencia de seguridad, en medio de muestras de apoyo y rechazo hacia el presidente, Jimmy Morales, por haber adelantado la salida de la entidad de ONU.
Alrededor de las 15:30 hora local (21:30 GMT), Naciones Unidas anunció que los trabajadores de la CICIG dejarían Guatemala «hasta nuevo aviso», en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno guatemalteco que había anunciado 24 horas antes la finalización del acuerdo para el establecimiento de la Comisión Internacional.
Una jueza intentó sin éxito realizar una diligencia en favor de la funcionaria de CICIG Thelma Shayne Ochaeta, pero un agente de seguridad de la entidad dijo que no había personal de la Comisión en el edificio. En tanto, el portavoz del Ejército, Óscar Pérez, aseguró que el personal de CICIG deberá entregar licencias de porte de las armas de fuego y las tenencias de éstas a más tardar el miércoles a las 08.00 hora local (14.00 GMT).
El día transcurrió con movimiento de vehículos que salían de la sede de la CICIG, en la exclusiva zona 14 de la ciudad de Guatemala, mientras decenas de manifestantes críticos con la entidad internacional y en defensa de la decisión presidencial se hacían sentir.
Los protestantes colocaron coronas de flores para sepelios en la puerta de ingreso a la Comisión y un mensaje en una manta que decía «se alquila», además de haber quemado cohetillos y colocado la basura de éstos sobre la banqueta principal del edificio.
Por su parte, manifestantes comenzaron a nutrir una protesta frente a la Corte de Constitucionalidad, en el Centro Histórico, para solicitar al máximo tribunal que resuelva a favor de los tres amparos en contra del presidente Morales, la canciller, Sandra Jovel, y el Congreso.
Con dibujos de los rostros de Morales, Jovel y el vicepresidente, Jafeth Cabrera, y frases de «vergüenza nacional», «traidora» e «idiota», los manifestantes mostraron su rechazo a la decisión del presidente, de adelantar la salida de la CICIG, la cual había anunciado en septiembre pasado para indicar que no renovaría el mandato de la entidad de la ONU, que vencía 12 meses después.
Las muestras de rechazo a la decisión de Morales se extendieron a organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional que calificó de un «atropello a la lucha contra la impunidad».
Además, partidos políticos opositores como Winaq (indígena), Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata) y Encuentro (centro-izquierda) se pronunciaron al respecto.
Winaq denunció penalmente a Morales por el cese de la Comisión por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, desobediencia y desacato a la autoridad; la Unidad Nacional de la Esperanza pidió respeto al Estado de Derecho y diálogo político del Gobierno y la ONU; y Encuentro aseguró que el tema excedía a CICIG, pues «se trata de hacer prevalecer el orden constitucional».
También se manifestó la Municipalidad Indígena de Sololá (occidente), que calificó la acción gubernamental como una «nueva página negra en la historia de la débil democracia del país», pues el Gobierno busca asegurar «su blindaje de impunidad», con la salida anticipada de CICIG.
Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stepháne Dujarric, sostuvo este martes que el acuerdo «seguirá vigente» hasta septiembre próximo, cuando vence el mandato, y agregó que «el comisionado, Iván Velásquez, está evaluando con su equipo cómo hacerlo».
El presidente Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandado de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta «violación grave» de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.
