El cerco internacional alrededor del dictador venezolano Nicolás Maduro se estrecha como nunca antes desde que se mantiene en el poder. Estados Unidos ha elevado la presión en múltiples frentes: primero con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por su captura; luego con la acusación que lo señala como jefe del Cartel de los Soles; y finalmente con el despliegue de una poderosa flota naval en el Caribe con el argumento de combatir los cárteles que envían toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.
En el pasado, Maduro logró sortear sanciones y presiones internacionales, pero el contexto actual es distinto. Washington ya no solo lo califica de presidente ilegítimo, sino que lo acusa de liderar un Estado narcoterrorista, lo que coloca al régimen chavista en una posición crítica y cada vez más insostenible, a la que se suma el desamparo orfandad internacional.
La eventual caída de Maduro significaría el derrumbe de más de 25 años de chavismo y la desintegración del llamado Socialismo del Siglo XXI, que convirtió a Venezuela, a pesar de tener las mayores reservas petroleras del planeta, en un paria internacional, marcado por la pobreza, la represión, la violación sistemática de los derechos humanos y el éxodo de más de 7 millones de venezolanos.
La dictadura venezolana terminó de cavar su tumba política en las últimas elecciones, denunciadas como un fraude monumental, en las que el chavismo se impuso ilegalmente frente a la fórmula opositora de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. De consolidarse el colapso, Maduro podría terminar sus días como los dictadores Manuel Antonio Noriega en Panamá o Sadam Hussein en Irak, según algunos analistas.
El desplome del chavismo tendría un efecto dominó en la región, debilitando a gobiernos de izquierda en países como Bolivia, Nicaragua, Cuba y Honduras, que durante dos décadas encontraron en Caracas respaldo político, ideológico y financiero a través del Foro de Sao Paulo.
Entre los países más expuestos está Honduras, cuyo gobierno mantiene una alianza estrecha y sumisa con el chavismo. La familia Zelaya Castro ha recibido apoyo económico y político de Venezuela desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009, vínculos que se reforzaron en las últimas campañas presidenciales.
Un eventual colapso de Maduro tendría consecuencias directas para el gobierno de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, quienes se quedarían sin su mecenas y principal socio ideológico en la región y perderían influencia dentro del bloque bolivariano.
Además, Estados Unidos podría aumentar su presión sobre el gobierno de Xiomara Castro sobre todo tras las declaraciones recientes de la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, quien aseguró que Honduras, Guatemala y México recibieron pagos para permitir el tránsito de narcoavionetas cargadas de droga desde Venezuela hacia Norteamérica.
La acusación de Bondi es grave puesto que describe la existencia de un “puente aéreo” narcotraficante sostenido por sobornos a gobiernos de la región. Esto coloca a Honduras en una posición sumamente delicada, al aparecer en el radar de Washington no solo por su afinidad política e ideológica con el chavismo, sino también por presuntos nexos con operaciones del crimen organizado transnacional.
Este fin de semana cobró notoriedad en Honduras la declaración del congresista republicano Carlos Giménez, quien desde sus redes sociales denunció que el Congreso de Estados Unidos está recibiendo denuncias de que la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) en el poder, está recibiendo financiamiento del Cartel de los Soles de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, lo que supone un fuerte golpe mediático a las aspiraciones de la candidata oficialista.
Visto lo anterior, el desenlace de la crisis venezolana no será solo un asunto interno, sino un cambio de tablero geopolítico en América Latina.
Para Honduras, la caída de Maduro significaría un aislamiento progresivo de la familia Zelaya Castro, la erosión de su proyecto político aliado y servil al chavismo y una creciente y fuerte presión diplomática de Estados Unidos para que se respete el proceso democrático y se celebren elecciones limpias y transparentes, pero, además, se comprometa a una lucha efectiva contra la corrupción y el narcotráfico.
En este contexto, el gobierno de Xiomara Castro y su “copresidente” Manuel Zelaya enfrentará una disyuntiva en los cinco meses que le restan a su administración: mantener su lealtad al chavismo caído en desgracia o reconfigurar su política exterior con Estados Unidos para no quedar atrapado en el colapso del socialismo del Siglo XXI y enfrentar las consecuencias que acarreará para el país, el partido y sus aspiraciones de continuar en el poder en las próximas elecciones del 30 de noviembre.
Lo cierto es que la suerte y el futuro del dictador de Venezuela también está muy ligado al futuro de Manuel Zelaya, su esposa y su partido. Los acontecimientos de las próximas semanas nos confirmaran si estábamos en lo correcto.
