Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa. – Los ciudadanos que han alcanzado la presidencia de Honduras, después del regreso a elecciones a comienzos de los 80s, en mayor o menor medida, propusieron dejar su huella en la historia nacional. Para ello se realizaron diferentes eslóganes que trataban de resumir su visión de la política pública, como la revolución del trabajo y la honestidad, el cambio para mejorar, la revolución moral, la nueva agenda, cero tolerancias, puño firme, vida mejor, etc. La historia juzga y seguirá juzgando las actuaciones de cada uno de ellos. Sin embargo, no recuerdo haber escuchado a ninguno de ellos querer convertirse en grandes reformadores de la administración pública.
El antecedente más mencionado en esta dirección fue Ramón Villeda Morales quien en los años 60s organizó el inicio de la seguridad social, aprobó el código del trabajo e impulsó la reforma agraria. Estos esfuerzos concluyeron en un golpe de Estado. Posteriormente, el período de Oswaldo López Arellano a partir de diciembre de 1972, producto de otro golpe, se convirtió en un gobierno reformista impulsando políticas tales como la creación de la Corporación Hondureña del Banano, Corporación Nacional de Inversiones, Banasupro y otras, mientras se aprobaba también el Decreto-8 de Reforma Agraria. El gobierno terminó en un golpe denominado de “barracas” en 1975. Posteriormente Manuel Zelaya Rosales trató de construir el poder ciudadano por medio de una mayor participación en las decisiones públicas de los sectores populares; su iniciativa terminó en otro golpe de Estado, el primero del siglo XXI. Los intentos reformistas abortados muestran como la oligarquía nacional ha frenado todo intento de cambio en Honduras.
A comienzos de 2014, después de que Juan Orlando Hernández había sido proclamado presidente de Honduras en elecciones irregulares en 2013, tuve la oportunidad de participar en un programa radial con el entonces Pastor, Ebal Díaz, quien en ese entonces era asesor de JOH en la presidencia del Congreso Nacional. Recuerdo muy bien que en la entrevista Ebal señaló que el gobierno era como el Rey Midas, pero que en vez de convertir todo lo que toca en oro, lo corrompía. A continuación, proclamó, nosotros haremos un cambio radical de cómo funciona toda la administración pública. Uno hubiese pensado en que se refería a hacer eficiente y transparente la gestión de gobierno.
La “gran reforma”, como la titulo yo, había empezado desde la presidencia del Congreso Nacional con la aprobación de varias leyes, entre ellas, la de las Zonas Especiales de Desarrollo (con su incorporación a la Constitución de la República) y Coalianza como promotor y supervisor de las alianzas público-privadas. Paralelamente, se aprobaron más de 100 leyes de manera irregular entre diciembre del 2013 y enero de 2014, tales como reformas a la Ley de la Administración Pública, mayores facultades el Ejecutivo para cambios al Presupuesto General de la República, etc. Esto como preámbulo de la “gran reforma”. Posteriormente llegaron otras medidas, destacando la Ley Marco de Protección Social, con su componente de “descentralización” de la salud pública por medio de la privatización (tamizada con fundaciones y ONGs previamente establecidas por políticos o allegados al gobierno).
A estas reformas se suman la Ley de Trabajo por Hora y los decretos que establecen mayores cargas tributarias a la mayoría de la población, mientras se mantienen o aumentan privilegios fiscales por medio de las exoneraciones o se permite evadir impuestos con un nuevo Código Tributario.
Pero la esencia de la “gran reforma” es despojar a la administración pública de su sentido de integralidad y control; para ello se establecen entes paralelos como las juntas interventoras que, de un mecanismo de excepción, pasa a ser la norma. Interventoras para el IHSS, la policía, administración de cárceles, la Secretaría de Salud, el Inprema, la Universidad Nacional de Agricultura, Secretaría de Educación, la ENEE, y ahora Invest-Honduras, entre otras. Muchas de estas intervenciones motivadas por acusaciones de corrupción, pero que en la mayor parte de los casos lo que han hecho es ir a ocultarla. Acaso no es suficiente nombrar gente capaz y honrada en los puestos de gobierno para que las instituciones funcionen eficientemente; además, fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas y así hacer transparente el uso de los recursos públicos.
En este sentido, mantenimiento de caminos debería permanecer en Insep, la compra de medicinas en Salud, la compra de alimentos en Banasupro, etc. Lo que vino hacer JOH con su “gran reforma” fue atomizar la administración pública y deteriorarla. Adicionalmente, se “inventaron” nuevos mecanismos de administración de recursos públicos: los famosos fideicomisos. En la actualidad hay alrededor de 20 mil millones de lempiras en fideicomisos, los cual se presta a falta de transparencia y rendición de cuentas. Esta práctica ha contado con la aceptación de los organismos financieros internacionales, entre ellos el FMI, pese a estar conscientes que son formas opacas del manejo de los impuestos.
El deterioro institucional es marcado en cualquier dirección que se quiera ver: gestión pública, labor legislativa, aplicación de justicia. Todo, producto de la concentración de poder y apoyo de los sectores oligárquicos de Honduras. Después de casi 7 años de gobierno, la “gran reforma” de JOH y su equipo se convirtió en mayor ineficiencia de la administración pública y un mecanismo para legalizar la corrupción y la impunidad.
