El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal negó a Caro Quintero el amparo que solicitó con el argumento de que su posible detención para ser extraditado a Estados Unidos violaría la Constitución ya que en ese país se le requiere en relación con un delito por el que ya fue juzgado en México, indicó a Efe una fuente de la Procuraduría General (PGR, fiscalía).
A su vez, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó en un comunicado que el tribunal negó la protección pedida por el narcotraficante contra la orden de detención provisional con fines de extradición emitida el 11 de agosto de 2013 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más importantes de México en los años ochenta, fue excarcelado el 9 de agosto de 2013 tras pasar en prisión 28 años gracias a un fallo judicial que desechó varias causas en su contra, una de ellas por el asesinato del agente antidrogas estadounidense Enrique Camarena en 1985.
Su liberación fue objetada por las autoridades mexicanas, y dos días después el Juzgado Sexto concedió a la PGR la orden de detención provisional con fines de extradición por diversos delitos de los que se le acusa en una corte estadounidense en California.
Asimismo, el 6 de noviembre pasado la Suprema Corte de México revocó el fallo judicial que le permitió a Caro Quintero abandonar la cárcel en agosto.
Después de su liberación, a la fecha las autoridades desconocen el paradero de Caro Quintero, fundador del desaparecido cártel de Guadalajara, aunque «se le busca», dijo a Efe la fuente de la PGR.
Explicó que actualmente no existe un reclamo formal de extradición de parte de Estados Unidos a México, aunque no descartó que ese país lo haga en los términos del tratado firmado entre ambas naciones.
Recordó que en el pasado hubo de parte de EE.UU. dos peticiones de extradición por el asesinato de Camarena, que fueron desestimadas por la Suprema Corte de México ante el riesgo de que el capo fuera condenado allá a la pena de muerte o a cadena perpetua, castigos que no están previstos en la legislación mexicana.
Al parecer, el asesinato de Camarena, adscrito a la oficina de la DEA en Guadalajara, México, fue una venganza por haber colaborado en el operativo de decomiso realizado en 1984 en el rancho El Búfalo, donde el cártel de Guadalajara sembraba marihuana.
