Tegucigalpa – La Operación Júpiter, que puso en marcha el Ministerio Público este jueves, tenía entre sus grandes objetivos golpear a lavadores de activos y otras personas ligadas a carteles del occidente de Honduras.
– La operación se deriva de otras que se han ejecutado en esa zona del país.
– Júpiter en total dejó: 446 detenidos, 626 requerimientos fiscales, 206 allanamientos, 686 inspecciones, 77 secuestro de documentos, 354 mil 365 lempiras incautados, 156 decomisos de drogas y armas, 143 acciones preventivas y 3 mil 717 personas capacitadas.
De acuerdo a información oficial proporcionada a Proceso Digital, se allanaron varias propiedades con el afán de realizar inspecciones en dominios de La Esperanza, Intibucá.
Las acciones coordinadas por detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), tiene como principal objetivo investigar a grupos de personas y empresas vinculados al lavado de activos.
Entre las empresas allanadas figuran: Hotel Chacón y Comercial La Cruta, entre otras.
“Se busca información que conduzca a otras personas o que ratifiquen los vínculos de algunos comercios con líderes de carteles de occidente”, dijo la fuente del Ministerio Público, que prefirió el anonimato.
Asimismo, se informó que se logró establecer nexos entre los investigados y una red de narcotráfico a la que el Ministerio Público le incautó 295 kilos de cocaína y posteriormente le aseguró 62 bienes inmuebles.
Las investigaciones se refieren desde el 10 de agosto de 2009, cuando las autoridades antidrogas de Honduras decomisaron 295 kilos de cocaína tras un tiroteo en una zona fronteriza con El Salvador, en el que resultó herido el hombre que se disponía a recibir la droga.
Agentes de la DLCN del Ministerio Público ejecutaron la operación cuando estaba por concretarse la entrega de la cocaína, en un sitio montañoso cercano a la aldea El Volcán, departamento occidental de Ocotepeque.
En Operación Volcán, MP realiza 23 allanamientos en occidente de Honduras
Operación Volcán
En mayo de 2017, la Fiscalía ejecutó la Operación Volcán que derivaron en 23 allanamientos en occidente por delitos relacionados al lavado de activos y vínculos con el narcotráfico.
Los 23 allanamientos se ejecutaron en viviendas ubicadas en diversas comunidades del departamento de Ocotepeque; igualmente, se procedió a la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 62 asientos, los cuales se encontraban inscritos bienes inmuebles situados en el mismo sector.
A raíz de estas acciones se ordenó asegurar cuatro sociedades mercantiles de las cuales los investigados son socios, además fueron detenidas varias personas.
Estas acciones fueron ordenadas por un juez de Letras Penal con jurisdicción nacional, en virtud de un proceso penal por la comisión del delito de lavado de activos que se instruyó contra los señores Johnny Osman Hernández Arita y otras personas relacionadas, en donde también se ordenó asegurar cuatro sociedades mercantiles de las cuales los investigados son socios.
Contra los indagados existen antecedentes de vinculación con actividades de narcotráfico, como la detención de Hernández Arita, en fecha 9 de enero de 2010 en la República de El Salvador mientras transportaba la cantidad de cinco kilos de clorhidrato de cocaína.
Posteriormente en virtud de una denuncia recibida en 2016, la DLCN realizó investigaciones que permitieron establecer la existencia de un patrimonio considerable el cual su procedencia no se ha podido justificar legal y económicamente, pudiendo deducirse que las actividades ligadas al narcotráfico, dentro y fuera del país, de las cuales se tienen antecedentes, son generadoras del patrimonio sobre el cual se dirigen acciones de aseguramiento.
La Ley Especial Contra el de Lavado de Activos establece una pena de 15 a 20 años de reclusión por dicho delito.
El 25 de marzo de 2019, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable a Elvin Noé Peña y Fany Dayanara Hernández Paz, como autores de los delitos de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
El encausado Elvin Noé Peña, no logró justificar durante 2012 al 2017 una diferencia de más de 53 millones de lempiras de su patrimonio, desconociéndose su origen. Mientras que Fany Dayanara Hernández, de sus ingresos recibidos del periodo 2012 al 2017, no logró justificar el origen de 3 millones 461 mil 455 lempiras con 57 centavos obtenidos.
En el proceso, el Ministerio Público acusó también por el referido delito a Silma Dubany Barraza Paz, quien es la cónyuge de Peña, Erick Lenin Ávila Santos y Samuel Antonio Hernández Arita, sin embargo, la prueba ofertada durante el debate al ser valorada no logró determinar la participación de ellos en dicho delito por lo que el Tribunal determinó absolverlos de responsabilidad penal.
