Tegucigalpa– En las últimas horas, el juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción celebró la audiencia de declaración de imputado para la exdiputada por el departamento de Choluteca, Gladys Bernarda Casco Cruz, acusada del delito de Fraude, en perjuicio de la administración pública.
En la resolución, el juez dictó medidas distintas a la detención judicial en su contra, y se programó la audiencia inicial para el próximo 04 de enero del 2024, a las 9:00 de la mañana.
Así lo informó la portavoz de los juzgados Bárbara Castillo, quien además detalló que la encausada se presentó de manera voluntaria al juzgado y que las medidas interpuestas por el juez son no salir del país, presentarse cada quince días a firmar al juzgado, quedar al cuidado y vigilancia de su apoderado legal.
En total la acusación es para siete personas, se trata Sara Medina, Carlos Guevara y José Rogelio Sánchez García,Giovanni Castellano Deras, Gladys Bernarda Casco, Miguel Ángel Gámez y Freddy Mondragón.
Relación de hechos
Según los hechos refieren a que los antes mencionados tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude luego de que presuntamente se confabularon para drenar más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.
El modus operandi se supone fue a través de varias ONG´S de acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía.
Los 42 millones fueron distribuidos en 70 cheques y seis transferencias en favor de 56 beneficiados y de ese total un poco más de 19 millones de lempiras se retiraron en efectivo y no se identificó el destino.
Según informaron los fiscales en la audiencia inicial, esa ONG conocida como Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras, no presentó informes de liquidación de los 42 millones de lempiras.
Se detalla en los hechos que las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de estas ONG´S, no obstante, una vez hechos los desembolsos los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los diputados que tramitaron los recursos y los usaban para asuntos distintos a los que estaban predestinados. IR
