En el ámbito de la política recientemente se han dado dos eventos que me parecen harto irónicos. El primero en Chile y el segundo en nuestra patria. Pero permítanme explicar en más detalle.
Después de una ola de protestas populares en Chile, se acordó elegir una asamblea para preparar una nueva constitución política. En esa instancia, la mayoría de los convencionales era de la izquierda política y produjeron un proyecto de constitución de izquierda, o “progresista”, como gustan decir los izquierdistas. Ese proyecto fue sometido a votación de los chilenos, y para sorpresa de casi todos, los votantes ampliamente rechazaron el proyecto. Siendo eso así, el presidente chileno convocó nuevamente a la votación de los constituyentes para redactar un nuevo proyecto de constitución para sustituir la “constitución de Pinochet”. Pero en esta ocasión los votantes chilenos decidieron poner en manos de la derecha la elaboración del nuevo proyecto de ley. Resulta que de los 51 convencionales, 33 son de derecha, es decir, cuentan con más que el 60% requerido para la aprobación del proyecto de ley, que luego sería sometido a votación por parte de toda la ciudadanía. Es irónico que los izquierdistas, en su afán por deshacerse de la “constitución de Pinochet”, hayan a la postre puesto en manos de la derecha la elaboración del nuevo proyecto de constitución.
Ahora bien, la derecha podría ser sensata y progresista y ajustar la constitución existente para mejorarla, particularmente en lo referente a la reducción de la desigualdad y en general para crear un estado más solidario con los pobres. Si ese proyecto fuera luego aprobado por los votantes, pues pareciera que el tema de la reforma constitucional habría terminado y Chile podría continuar por la senda del crecimiento y desarrollo. De hecho reafirmaría su papel como un líder en la creación de un país moderno, democrático y económicamente pujante. Sin embargo, también es posible que los votantes rechacen el nuevo proyecto de constitución, porque, al igual que ocurrió con el proyecto de la izquierda, no les agrade la nueva propuesta. Básicamente estarían confirmando que “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Supongo que en ese caso, habiendo sido rechazados los proyectos de izquierda y de derecha, lo único que procedería sería dejar las cosas como están, es decir, continuar por el camino que venían siguiendo durante las últimas décadas, o sea, al amparo de la “constitución de Pinochet”. Sería irónico que después de tanta maniobra y esfuerzo se vuelva al punto de partida.
Cabe agregar que lo acontecido reafirma la sabiduría del pueblo chileno. Ellos entienden claramente que los problemas de un país no se resuelven adoptando una nueva constitución. Han podido observar el desastre de Venezuela. Entienden que la ruta del desarrollo requiere de trabajo tesonero y de la libertad que solo brindan las democracias liberales, así como de un estado de derecho fortalecido y de un sistema económico que cree riqueza. Ojalá que otros países del continente podamos vernos en ese espejo.
En Honduras hemos observado que cuando estaba en la oposición Libre reclamaba a gritos el derecho a la protesta, incluso a la protesta violenta o la que coartaba los derechos de otras personas. Sin embargo, ahora que son gobierno, irónicamente pretenden negarnos el mismo derecho que ellos reclamaban, aún en el caso de protestas absolutamente pacíficas. La señora Presidente, mal asesorada, ha amenazado públicamente a quienes organizaron la protesta en Choluteca y ha ordenado una investigación de los hechos para proceder en contra de esas personas. Pero, ¿De qué les acusarán? ¿De protestar pacíficamente? ¿No es ese un derecho constitucional? ¿Puede usted pensar, apreciada lectora, cómo habría reaccionado Libre si don Juan Orlando hubiera procedido de igual manera en el caso de las protestas organizadas por ellos? Me imagino que el estimado lector podrá concluir que el gobierno está importando a nuestro país las tácticas empleadas por don Daniel Ortega, o sea que los colores autoritarios, por no decir dictatoriales, del gobierno se comienzan a apreciar a cabalidad.
Hemos llegado a un punto en el cual la popularidad de la Presidente se ha esfumado y el gobierno es ampliamente percibido como incompetente y dogmático. Adicionalmente, al haber abandonado la puesta en marcha de la CICIH nos obligan a concluir que la lucha contra la corrupción y la inmunidad no es prioridad para ellos. Lamentablemente, frente a esta situación, el gobierno parece haber optado por la intolerancia y la represión, al estilo de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz-Canel. Tal y como lo dijera don Quintín Soriano hace unas semanas, todo parece indicar que se proponen montar un ataque a nuestra débil y joven democracia, restringiendo nuestra libertad, comenzando con la criminalización de la protesta pacífica. Nuevamente, viendo allende de nuestras fronteras pareciera que han decidido importar las medidas implantadas por el dictador Ortega. Frente a esta situación no nos queda más remedio que prepararnos para que las medidas que el gobierno pueda adoptar no minen nuestro compromiso con la libertad y la democracia. Mal haríamos si para combatir el autoritarismo y la dictadura recurrimos a la violencia y a la violación de los derechos de los demás. Debemos resistir sin caer en la violencia y sin coartar los derechos de otros. Hagamos público nuestro rechazo a las políticas erradas del gobierno, pero hagámoslo como verdaderos demócratas amantes de la libertad y respetuosos de los derechos humanos.
