Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) lamentó este jueves que el Estado hondureño tiene “un nulo cumplimiento” de las sentencias emitidas por la Corte Interamericano de los Derechos Humanos (Corte IDH) en lo que respecta a la obligación que tiene, este país centroamericano, de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas.
– No se descarta que en los próximos días Honduras sume dos nuevas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una por los cuatro magistrados destituidos, en diciembre del 2012 y la otra por la responsabilidad internacional del Estado por la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé.
Desde 1988 a octubre del 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos por la Corte IDH. Actualmente 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento, mientras que tres fueron archivados.
Es de señalar que, en 13 de las 14 sentencias, aún abiertas, hay alrededor de 114 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH, de las cuales, 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento.
Ante este panorama, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño a cumplir “sin dilaciones” las sentencias de la Corte IDH.
“Cuando se incumplen las sentencias se evaden las expectativas de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, precisó.
Indicó que, en la lucha contra la impunidad, el Estado hondureño tiene la obligación de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad de lo ocurrido.
Incumplimiento podría generar crisis social
En iguales términos se pronunció la Coordinadora de la Defensoría de Pueblos Indígenas, Afro-hondureños y Medio Ambiente del Conadeh, Leila Reyes, al cuestionar que hay un bajo o casi nulo cumplimiento del Estado hondureño de las sentencias emitidas por la Corte IDH.
Advirtió que ese incumplimiento del Estado hondureño, en medidas dictadas por la Corte, en cuanto a la restitución, la garantía de no repetición y la obligación de investigar, juzgar y sancionar podrían ser, en el futuro cercano, la causa de una seria crisis social y democrática para el país.
Explicó que el principal propósito de esas medidas, es eliminar el efecto causado por la violación de derechos humanos cometidas y es alarmante como estas situaciones ocurridas, décadas atrás, permanecen sin ser atendidas.
Explicó que asuntos relacionados a las sentencias como la protección estatal de la actividad de los defensores de derechos humanos y del medioambiente, la seguridad jurídica territorial indígena y afro hondureña, el sistema nacional penitenciario, el reconocimiento y respeto a la identidad de género, la protección y garantías judiciales contra la explotación laboral y los recursos naturales indígenas, son asuntos de suma urgencia que son vistos con indiferencia por los gobernantes.
En ese sentido, exhortó al Estado hondureño que asuma con prontitud y seriedad el cumplimiento de esos compromisos internacionales.
Dos nuevas sentencias a la vista
El 6 y 7 de febrero del 2023, la Corte IDH realizó la audiencia pública del caso Gutiérrez Navas que tiene que ver con la destitución arbitraria e ilegal, en diciembre del 2012, de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El caso se relaciona con la responsabilidad del Estado hondureño por la destitución de Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruiz Gaekel, como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En esa audiencia el Estado hondureño reconoció que los magistrados fueron removidos de manera arbitraria e ilegal de sus cargos por el Poder Legislativo.
Honduras fue el país del Continente en ser condenado por la Corte IDH por el caso Velásquez Rodríguez, sentencia que se emitió el 9 de julio de 1988, caso que se encuentra archivado.
Las 17 sentencia contra el Estado de Honduras han tocado temas profundos y estructurales que van desde violaciones del derecho a la vida de defensores del ambiente, inseguridad jurídica sobre la propiedad territorial de las comunidades garífunas, el sistema penitenciario y casos de ejecuciones extrajudiciales.
Reyes adelantó que, en el 2023, hay dos sentencias pendientes en las que el Estado hondureño sería condenado, la primera relacionada con el caso de los cuatro magistrados destituidos, en diciembre del 2012 y la otra por la responsabilidad internacional del Estado por la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé.
De 310 sentencias emitidas por la Corte IDH desde 1988, 17 han sido contra el Estado hondureño, de las cuales 9 fueron dictadas desde el 2012. JS
