Tegucigalpa- A menos de tres semanas para el cierre del período ordinario del Congreso Nacional, crece la posibilidad de que los diputados de oposición impulsen una autoconvocatoria legislativa ante la falta de claridad en las sesiones y las tensiones políticas que marcan el contexto electoral.
La iniciativa ha sido planteada por diversos congresistas que temen que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no convoque a sesiones antes del 24 de octubre, lo que podría afectar la aprobación de temas cruciales como los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de la Unidad de Política Limpia, ambos indispensables para el proceso electoral de 2025.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena explicó que la legislación hondureña contempla la figura de la autoconvocatoria como un mecanismo constitucional para garantizar la continuidad del Poder Legislativo cuando no hay voluntad política desde la directiva del Congreso.
La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional permiten las autoconvocatorias. Pueden proceder si una mayoría simple de diputados, o al menos cinco legisladores, las solicitan formalmente.
El penalista Raúl Paniagua señaló que, si bien el mecanismo es legal, carece de un instrumento coercitivo que lo haga operativo.
“La autoconvocatoria es constitucional, pero no existe un ente que la respalde en la práctica. Sería una decisión política más que jurídica, y podría derivar en conflictos de legitimidad”, opinó.
El problema es que no hay una autoridad que las haga efectivas. Aunque los diputados se autoconvoquen, no hay garantía de que las decisiones que tomen sean publicadas en La Gaceta, ni que el ministro de Finanzas les dé validez. Incluso, quien presida una sesión autoconvocada podría enfrentar acusaciones de usurpación de funciones, advirtió.
“No permitiremos que el 31 de octubre llegue sin prorrogar el plazo legislativo”
Por su parte, la diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal, alertó sobre la incertidumbre que se vive dentro del Congreso Nacional y llamó a la oposición a prepararse si el titular del Legislativo no cumple su promesa de retomar las sesiones.
“Hay una promesa del presidente del Congreso, Luis Redondo, de que vamos a sesionar, pero ante la incertidumbre debemos estar preparados. Nosotros no vamos a permitir que llegue el 31 sin que se prorrogue el plazo legislativo”, expresó Espinoza.
La congresista enfatizó que en caso de que nombren nuevamente una Comisión Permanente del Congreso, está, no tiene facultades para legislar, y advirtió que hacerlo sería un delito constitucional.
“La Constitución no otorga facultades a la Comisión Permanente para legislar. Si lo hicieran, estarían cometiendo un delito”, subrayó.
Además, Espinoza acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de “saboteo político” desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de entorpecer el proceso electoral.
Un contexto político y electoral tenso
El debate sobre la autoconvocatoria ocurre en medio de un clima político marcado por la polarización y las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.
Sobre el tema de la autoconvocatoria, el diputado del PSH, Carlos Umaña aseguró que Redondo prácticamente los amenazó, recordándoles las consecuencias jurídicas del intento anterior.
“Dijo que recordáramos lo que pasó la vez anterior y que eso podría traer consecuencias jurídicas”. Según palabras del congresista eso se puede tomar como una amenaza, sobre todo en un contexto donde “el Ministerio Público está instrumentalizado”, afirmó.
El diputado del PSH aseguró que la oposición cuenta con los votos suficientes para autoconvocarse legalmente y que su objetivo es extender el período de sesiones hasta el 20 de enero, para discutir los presupuestos pendientes de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y también el proyecto de Presupuesto General de la República.
“Tenemos más de 80 votos para hacerlo. Queremos trabajar por el pueblo hondureño, aprobar los presupuestos de las unidades correspondientes y mantener viva la democracia”, subrayó.
El CNE enfrenta críticas por los retrasos en la aprobación del presupuesto electoral, la contratación de servicios logísticos y la certificación de partidos y movimientos internos. Todo esto ocurre mientras la ciudadanía exige transparencia y reglas claras para las elecciones generales de 2025, en las que se renovará la presidencia del Ejecutivo, el Congreso y las alcaldías del país.
En tanto, observadores políticos señalan que este conflicto legislativo se da en un momento crucial para el país, cuando se necesita certidumbre institucional para garantizar un proceso electoral justo, transparente y pacífico.
Mientras el reloj avanza hacia el cierre del período legislativo, el Congreso Nacional se encuentra ante una disyuntiva: respetar los mecanismos de la ley o romper la parálisis política con una autoconvocatoria sin precedentes. LB
