Tegucigalpa- El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, señalando que en Honduras no hubo cambios significativos en la situación durante 2024, y que persisten problemas graves como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
El documento indica que, aunque el gobierno tomó algunas medidas para identificar y sancionar a funcionarios responsables de abusos, la debilidad del sistema judicial, la corrupción, la interferencia política y la falta de recursos continúan siendo obstáculos para lograr condenas efectivas.
El reporte también responsabiliza a grupos criminales y narcotraficantes de actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas e intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y otras poblaciones vulnerables. Pese a que se investigaron algunos casos, la impunidad sigue siendo generalizada.
En materia de libertad de prensa, el informe destaca que, si bien la ley garantiza este derecho y el gobierno en general lo respeta, se registraron casos de amenazas, agresiones y censura indirecta, como la exclusión de medios de eventos oficiales y el retiro de publicidad estatal a medios críticos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó dos casos de restricciones al derecho de expresión por parte de fuerzas de seguridad y otros de acoso contra periodistas.
Entre los incidentes más graves figura la agresión sufrida por la comunicadora social Magaly Zelaya Ferman a manos de fuerzas de seguridad mientras cubría una protesta en septiembre. También se documentaron amenazas de funcionarios y simpatizantes del gobierno contra comunicadores y activistas.
En cuanto a seguridad personal, el Ministerio Público reportó 26 casos de presunta tortura cometidos por fuerzas de seguridad, mientras que el CONADEH contabilizó 37. Además, se documentaron abusos sexuales, tratos crueles e inhumanos en centros penitenciarios y la muerte de 21 personas bajo custodia, cinco de ellas por violencia.
El informe dedica un apartado a los derechos laborales, señalando que, aunque la ley reconoce la libertad de asociación y la negociación colectiva, existen restricciones y limitaciones legales que dificultan el ejercicio de estos derechos. Se reportaron despidos por pertenecer a sindicatos, amenazas contra líderes sindicales y la ineficacia de las sanciones contra empleadores que violan la ley.
El Departamento de Estado concluye que, aunque hay marcos legales para proteger los derechos humanos, la impunidad, la debilidad institucional y la inseguridad siguen siendo las principales barreras para su pleno respeto en Honduras.LB
