Tegucigalpa. – Proceso Digital /Alejandro García – Han transcurrido cerca de tres meses, desde que el 18 de julio cinco garífunas fueron sacados por la fuerza de sus viviendas por hombres armados, con indumentaria policial. Desde entonces nada se sabe de sus destinos.
En las últimas horas garífunas han protestado en la carretera de la ciudad puerto de Tela exigiendo saber de su paradero.
«Debemos persistir que los encontraremos vivos», dijo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, al ser consultado por Proceso Digital.
Pero también es importante, -agregó -, que las autoridades nos aseguren investigaciones efectivas, y en ese sentido también se garantice que sus familiares y personas de sociedad civil colaboran, apostilló.
Los informes del defensor humanitario indican que ya hay testigos identificados, y que hay informaciones al respecto. “esperamos que las diligencias de investigación sean más expeditas y que avancen prontamente”, reiteró.
La denuncia
Desde que ocurrieron los hechos, la denuncia que salió con fuerza desde su comunidad, Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, sobre sus desapariciones, resonó en todos los confines del país y traspasó fronteras, pero las respuestas no llegaron.
Desde entonces los familiares de las víctimas exigen justicia y siguen reclamando y lamentando la ausencia.
La comunidad internacional ha demandado al gobierno que brinde mayor protección a las comunidades étnicas y determine el paradero de los secuestrados.
El hecho ocurrió, cuando sujetos armados y con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ingresaron a la comunidad alegando allanamientos y búsqueda de personas.
En ese momento, ingresaron a varias viviendas y los sujetos se llevaron por la fuerza a Alberth Sneider Centeno (presidente del patronato), Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Junior Rafael Juárez.
Protestas que no cesan
Desde aquel día 19 de julio, en plena pandemia de COVID-19, la comunidad garífuna ha mantenido acciones de protestas exigiendo justicia, con el deseo de que los miembros garífunas aparezcan vivos.
Ante las exigencias de la comunidad garífuna y presiones de la comunidad internacional, el caso fue trasladado a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por petición del Ministerio Público.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al gobierno de Honduras que determine los paraderos de los desaparecidos y estableció un plazo hasta el 24 de agosto para que brindara un informe a este organismo sobre la recuperación de los garífunas.
El estado de la investigación no se conoce.
El ministro de Seguridad Julián Pacheco dijo a Proceso Digital que el caso está en secretividad y que es atendido por el Ministerio Público. El alto cargo no quiso revelar ningún detalle bajo esa premisa.
Los queremos vivos, demanda Ofraneh
La Organización Fraternal Negros de Hondureña (Ofraneh), demanda la reaparición integra de los cinco integrantes de la comunidad Triunfo de la Cruz, como la instalación de un comité internacional que colabore en la búsqueda.
“Los queremos vivos, así como se los llevaron. Exigimos al Estado la instalación de un comité internacional de investigación y que se puedan encontrar y además determinar la participación de la policía”, demandan los líderes de Ofraneh como su coordinadora general, Miriam Miranda.
Miranda conversó con Proceso Digital y ella señaló que la reacción oficial fue apática y tibia ante el hecho, por lo tanto, desconfía que puedan resolverlo de manera favorable.
Ella lamenta la ausencia de información que sobre el caso tienen familiares y líderes comunales.
Reclamó que, además, se maneje desinformación que desprestigia a la comunidad Triunfo de la Cruz, según dijo.
Aclaró que los familiares no han tenido comunicación con los autores de las desapariciones ni han recibido solicitud de rescate.
Investigaciones siguen en curso
El Ministerio Público confirmó que las investigaciones del caso de las desapariciones de los garífunas continúan y que se encuentran en una etapa de instrucción.
Carlos Morazán, vocero del MP, dijo a Proceso Digital que el caso es conocido por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fiscalía Especial de Etnias y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
“El caso se está trabajando, está caminando, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida de San Pedro coordina con fiscales de etnias una serie de diligencias e igual con la Agencia Técnica de Investigación Criminal”, comentó.
Recordó que el Ministerio Público realizó previamente allanamientos en la ciudad de La Ceiba, donde se detuvo a una persona en posesión de armas.
El sospechoso fue detenido en posesión de indumentaria de las fuerzas del orden similar a las que usaron para llevarse a los garífunas, además, le encontraron esposas y armas de fuego.
Morazán indicó que se está tratando de verificar si el sospechoso está implicado en la desaparición de los garífunas.
No existe respuesta concreta
Para el presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, el Estado no tiene una respuesta concreta sobre la situación de vida de los garífunas desaparecidos.
Expuso que el talón de Aquiles del Estado sigue siendo la seguridad pública y la investigación criminal.
El defensor de DDHH indicó que el Estado ha sido cuestionado por la CIDH debido a las falencias vinculadas a las desapariciones.
Maldonado clamó por una respuesta responsable para quitar el dolor de los familiares de las víctimas.
AG
