Tegucigalpa – El fin del gobierno de Xiomara Castro, el 26 de enero de 2026, marcará formalmente el fin del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, lo que genera incertidumbre a una de las herramientas más eficaces en la lucha contra narcotráfico y al que más temen los barones de la droga hondureña.
La extradición hasta ahora ha tenido éxito en el combate al negocio del narcotráfico, ya que decenas se encuentran en prisiones estadounidenses, pagando años por condenas o esperando el inicio de sus juicios.
Honduras está sometido a presiones de parte del gobierno norteamericano, ya que en casi un mes han acusado que el país, junto a Guatemala y El Salvador, ha virtualmente alquilado su espacio aéreo a la banda criminal del Cártel de los Soles, que Washington afirma está dirigida por Nicolás Maduro, que ha tomado control del territorio de Venezuela y al que no consideran presidente legítimo de la nación sudamericana.
La acusación salió de la fiscal federal Pamela Bondi.
Y si eso no fuera poco, el propio presidente Donald Trump publicó la Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o de Producción Ilícita de Drogas para el Año Fiscal 2026, donde señaló que Honduras, junto a otras 20 naciones son importantes países de tránsito de drogas o importantes países productores.
Y el máximo jefe militar hondureño, general Roosevelt Hernández, admitió que el país se encuentra en las dos acciones, es un paso de tránsito y también un gran productor.
Incertidumbre sobre extradición
Ahora se sumaría entre los problemas de Honduras en la lucha contra el narcotráfico, que en los primeros meses del próximo año no se tiene certeza si el instrumento de extradición continuará vigente.
A criterio de diversos sectores consultados por Proceso Digital, eliminar la extradición sería dar un pase libre a narcotraficantes extranjeros para que hagan de las suyas en Honduras.
El tratado de extradición fue firmado el 15 de enero de 1909 y entró en vigor el 10 de julio de 1912, complementado por la convención suplementaria de extradición entre Estados Unidos y Honduras, firmado el 21 de febrero de 1927 y que entró en vigor el 5 de julio de 1928.
Luego en enero de 2012, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional al artículo 102 que materializó las extradiciones, que a la fecha superan las 60. Como se recordará, la primera extradición se realizó en mayo de 2014 a través de un auto acordado por la Corte Suprema de Justicia cuando Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo inició el camino que le siguieron 62 compatriotas más, algunos de ellos incluso ya recobraron su libertad.
Pero el 28 de agosto del 2024, la presidenta Castro denunció el tratado de extradición, argumentando que Washington buscaba dirigir la política del país y en un contexto donde se solicitaba la extradición de hondureños, principalmente por narcotráfico y durante seis meses el tema mantuvo en vilo al país.
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La denuncia del tratado de extradición ocurrió después de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
La denuncia del tratado ocurrió días antes de divulgarse el narcovideo donde el cuñado de la presidenta Xiomara Castro y poderosa figura del oficialista partido Libertad y Refundación, Carlos Zelaya, aparecía negociando una entrega de más de 600 mil dólares para financiar la primera campaña de Libre con poderosos barones de la droga.
La tensión se calmó el 18 de febrero, exactamente 10 días antes del plazo para finalizar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, cuando la presidenta Castro anunció que el mecanismo se mantendría, pero con “salvaguardas” para proteger a las Fuerzas Armadas y el proceso electoral y que será el próximo gobierno quien decida si esta figura continúa o no.
Una invitación peligrosa
Para el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, que el tratado de extradición termine, es una de las peores cosas que le puede pasar a Honduras ya que al no haber extradición prácticamente estamos invitando al narcotráfico internacional para que haga de las suyas en nuestro país.
El parlamentario teme que incluso, los extranjeros dedicados al trasiego de drogas, se vengan a vivir a Honduras que tengan algún temor que en sus países puedan entrar aquí al país, haciéndose pasar por inversionistas, “de tal manera que podamos recibir dinero contaminado con este mal”, dijo a Proceso Digital.
Umaña considera que este plazo pone al país en una situación “realmente muy muy grave y lamentamos mucho que este tratado pueda llegar a su fin y que realmente permita que el narcotráfico vuelva a florecer en nuestro país».
Fin de continuismo garantía de vigencia de Tratado
El analista y especialista en seguridad, Germán Licona, señaló en entrevista a Proceso Digital que la continuidad del Tratado de Extradición está garantizada sólo si gana un gobierno contrario a Libertad y Refundación, donde este nuevo gobierno enviará una carta al gobierno de Donald Trump para reactivar el mecanismo, porque el gobierno ya estableció el término.
Licona basa su hipótesis en que a raíz de los señalamientos que los Estados Unidos ha venido haciendo en relación a los temas de la narcoactividad y la corrupción, donde ya hay posibles acusaciones en relación a lo que ha determinado la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, donde el camino expedito que queda es que se trasladen al Departamento de Justicia para que, en caso de ser extranjeras las personas que se hagan las solicitudes de extradición.
A finales de agosto, la fiscal Bondi anunció que su país está investigando el pago que narcoterroristas realizan a funcionarios de gobierno y agentes del orden para que habiliten el puente aéreo que utiliza el Cártel de los Soles de Venezuela para trasladar su droga hacia Estados Unidos y para el cual usa el espacio de Honduras, Guatemala y México.
En una rueda de prensa ofrecida en Washington, Bondi dijo que su Departamento de Justicia investiga los llamados puentes aéreos usados por los narcoterroristas para trasladar drogas desde suelo de Venezuela y otros países de la región.
Ante este anuncio, Licona mencionó que las personas que hayan sido mencionados en estos casos, deben enviar a sus abogados a ver cómo está la cosa en Estados Unidos para investigar y prepararse.
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El experto en seguridad refirió que sumado a los señalamiento de EEUU, se debe añadir que el gobierno ha demostrado que tiene algunas situaciones reñidas con la ley, como el caso del “chequevideo” donde hay vinculados en los fondos del Congreso Nacional desde funcionarios y diputados y gente que están cerca el poder que se ha beneficiado a un sin estar focalizados y priorizados en los beneficios que se le dan a las personas que están en pobreza.
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VC
