Tegucigalpa – Este viernes se reanuda la audiencia inicial en contra de los desarrolladores de proyecto habitacional «El Tablón», acusados de los delitos de otros fraudes continuados y negligencia inexcusable en la presentación de servicios en perjuicio de 14 familias de residencial.
Entre las personas imputadas por este caso figura Ricardo Antonio Gaitán Kawas y Hugo Daniel Monzón Rodas, de Inversiones Mercantiles Múltiples (IMM) y Rosario Pinto Figueroa de la Empresa Hondureña de la Construcción (EMHCO).
Por este caso, el Ministerio Público imputa delito de otros fraudes continuados y negligencia inexcusable en la presentación de servicios.
A inicios de septiembre pasado, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la Tercera Edad presentó un requerimiento fiscal contra Ricardo Antonio Gaitán Kawas, Hugo Daniel Monzón Rodas y Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa.
Según la relación de hechos probados, tras pocos meses que los pobladores afectados adquirieron sus casas en el “El Tablón”, comenzaron a tener diferentes problemas en las estructuras de sus viviendas y en los sistemas de distribución los servicios públicos.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), dictaminó que este proyecto habitacional se encuentra en una zona de riesgo en virtud que está situado en terreno con fallas geológicas y susceptibilidad a movimientos de ladera.
En ese sentido, el Ministerio Público (MP) efectuó diferentes diligencias investigativas en las que logró determinar que tanto la empresa constructora como la urbanizadora realizaron modificaciones considerables al proyecto sin la autorización de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
En este proyecto, la empresa constructora fue Inversiones Mercantiles Múltiples (IMM) cuyo representante legal es Ricardo Antonio Gaitán Kawas e ingeniero constructor Hugo Daniel Monzón Rodas y la urbanizadora fue la Empresa Hondureña de la Construcción (EMHCO) cuya representante legal es Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa.
El Código Penal establece que el delito de otros fraudes continuados tiene una pena de 10 a 15 años de reclusión y el de negligencia inexcusable en la presentación de servicios se castiga de 1 a 5 años de cárcel.
