Tegucigalpa – El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, dijo a Proceso Digital que los tepesianos hondureños están solos por parte del Gobierno, pero no por parte de las organizaciones como la que él dirige.
No hay autoridades en Washington y ahora no tenemos vicecanciller, lamentó el líder de la comunidad hondureña.
Ver: Vicecanciller Torres dice que hondureños con TPS deben seguir con estrategias legales en EEUU
“No tenemos un embajador en este país, hay un gran trabajo que hacer, seguimos en la lucha, buscaremos otras alternativas para que los migrantes hondureños puedan adoptar”, expresó.
Pese a ese panorama desalentador señaló que “no podemos acostarnos a lamentarnos, tenemos que levantarnos y buscar las soluciones necesarias para que los migrantes hondureños tengan una esperanza”.
La decisión
La situación cambió drásticamente bajo la administración del presidente Donald Trump, quien, en julio de 2025, anunció a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la terminación del TPS para Honduras, efectiva el 8 de septiembre de 2025.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, justificó la medida argumentando que las condiciones en Honduras han mejorado significativamente: el gobierno hondureño ha implementado programas de asistencia económica, integración laboral y capacitación para recibir a los retornados, dijo.
«Honduras ya no cumple con los requisitos estatutarios para TPS», afirmó Noem, destacando los esfuerzos de recuperación post-Mitch y la capacidad del país para acoger a sus nacionales.
Sin embargo, la terminación no ha sido un camino recto. Un juez del Tribunal de Distrito del Norte de California, en el caso National TPS Alliance v. Noem, emitió una orden el 31 de julio de 2025 que pospuso la fecha hasta el 18 de noviembre, alegando posibles irregularidades en la decisión administrativa.
Ver: Cancelado TPS para hondureños a partir del 8 de septiembre
El DHS rechazó el falló y apeló, logrando un triunfo clave el 21 de agosto cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló unánimemente (3-0) a favor del gobierno, suspendiendo la orden del juez inferior y permitiendo que la terminación procediera el 8 de septiembre.
Esta decisión afecta no solo a Honduras, sino también a Nicaragua y Nepal, sumando unos 70 mil migrantes en total.
La Alianza Nacional TPS, demandante principal, acusa a la administración de actuar ilegalmente, motivada por «animosidad racial».
Familias divididas y sueños rotos
El fin del TPS no solo es una crisis humanitaria, sino económica. Expertos estiman una reducción de hasta mil millones anuales en remesas (equivalentes a más de 26 mil millones de lempiras). En total las remesas enviadas a Honduras por los migrantes aportan el 26 % del PIB hondureño y superan ingresos de la maquila o exportaciones agrícolas.
Estas transferencias sostienen a miles de familias, financiando educación, salud y vivienda.
Ver: Hondureños ganaron tiempo en la Corte, pero TPS sigue cancelado
El regreso masivo podría saturar el mercado laboral local, aumentando el desempleo y la presión social.
Sin embargo, para muchos analistas la situación es mucho más grave cuando se piensa en la cantidad de familias que serán divididas.
Sin protección
De su parte, Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, declaró que las personas amparadas en el TPS quedan sin ninguna protección, ya que no tendrían permiso para trabajar, para obtener licencia de conducir ni seguro médico.
Indicó que eso genera mucha preocupación, mucha incertidumbre, por lo que, el Gobierno, tiene que buscar mecanismos de respuesta para recibir a estos compatriotas que difícilmente se van a poder adaptar ante una realidad tan difícil que enfrenta el país en temas de desempleo y de seguridad.
Otra de las preocupaciones que se desprenden, es el de una posible ruptura de la unidad familiar, porque la mayoría de las personas amparadas en el TPS tienen más de 25 años de estar viviendo en Estados Unidos, tienen una familia formada, hijos que ya son ciudadanos americanos y que, posiblemente, van a tener que dejar en ese país.
Ver: Migrantes hondureños con esperanza de que la “Ley Dignidad” sea aprobada
Agregó que, todo dependerá de la situación de cada persona ya que, algunas, es posible que tengan recursos económicos o bienes en Honduras y tomen la decisión de regresar de manera anticipada antes que llegue el 8 de septiembre, sin embargo, los que no estén en esa situación, posiblemente, tomen la decisión de mudarse de Estado.
Uno de los problemas que enfrentan las personas con TPS es que están registradas en Migración, con todos sus datos, dirección, número telefónico, lo que facilita que los agentes migratorios lleguen a sus casas y los puedan detener, advirtió la defensora de los derechos humanos.
Agregó que, ante ese panorama, existen personas, amparadas en el TPS, que han afirmado que no están preparadas ni quieren regresar a Honduras ya que llevan muchos años en Estados Unidos, tienen una familia y ya están arraigados en ese país. PD
