Tegucigalpa – Más de 55 mil hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto tras la reciente decisión de la Corte del Noveno Circuito de San Francisco, California, que extendió los términos del programa hasta el 18 de noviembre de 2025. Aunque esta prórroga ofrece un respiro temporal, la cancelación del TPS para Honduras, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 7 de julio, sigue vigente, dejando a miles de migrantes en un limbo legal y emocional.
-Para aquellos que no logren regularizar su estatus, el DHS ha señalado que facilitará un “retorno voluntario” a Honduras, respaldado por un programa del gobierno hondureño llamado “Hermano, vuelve a casa”.
La decisión de la corte responde a una moción presentada por organizaciones de defensa de migrantes, que han luchado incansablemente para preservar el TPS, indicó a Proceso Digital Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.
El líder hondureño lamentó la falta de acción proactiva por parte del gobierno hondureño.
“Nos sentimos abandonados. El gobierno de Honduras no ha mostrado un compromiso real para negociar con la administración estadounidense. Estamos solos en esta lucha”, afirmó Flores.
TPS sigue cancelado
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre enfatizó que el TPS sigue cancelado, por lo que los hondureños solo ganaron tiempo en la Corte.
El 18 de noviembre la Corte tomará una decisión sobre este programa y eso implica que puede determinar que la cancelación es legal, explicó.
En ese escenario, los hondureños amparados al TPS deberán abandonar el país o acogerse a otro programa migratorio que les permita la estancia en territorio estadounidense.
Todavía hay mucha confusión sobre el tema, pero lo cierto es que solo se ganó tiempo, acentuó.
Decisión de EEUU
El anuncio del DHS en julio de 2025, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, marcó un punto de inflexión.
Según la notificación, las condiciones que justificaron el TPS para Honduras en 1999 han mejorado lo suficiente como para no renovar el programa.
Esta postura, respaldada por la administración de Donald Trump, refleja una política migratoria más restrictiva que ya ha afectado a otros países, como Haití y Venezuela, cuyos beneficiarios de TPS enfrentan deportaciones inminentes.
El impacto de la cancelación del TPS no solo afectaría a los migrantes, sino también a la economía estadounidense y a Honduras, por lo que la Corte analiza si es viable la cancelación del programa.
Plazo crítico
Con la audiencia del 18 de noviembre de 2025 como próximo hito, los beneficiarios del TPS enfrentan un plazo crítico.
Con base en lo anterior, las organizaciones proinmigrantes han instado a los migrantes a buscar asesoría legal para explorar otras vías de regularización, como el asilo o la residencia permanente a través de familiares ciudadanos estadounidenses.
Mientras tanto, la comunidad hondureña en Estados Unidos vive en un estado de ansiedad constante.
Mientras la fecha límite de noviembre se acerca, los hondureños en Estados Unidos y sus aliados continúan abogando por una solución que reconozca su aporte a la sociedad estadounidense y les permita permanecer en el país que han hecho su hogar.
Opciones
Una vía legal viable para algunos beneficiarios del TPS es el ajuste de estatus mediante un vínculo familiar. Por ejemplo, aquellos casados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales pueden iniciar el trámite para obtener una Tarjeta Verde. Sin embargo, este proceso puede ser complicado para quienes ingresaron a Estados Unidos sin documentos, ya que podrían necesitar gestionar una exención por presencia ilegal o una libertad condicional antes de solicitar el ajuste de estatus. Además, los hijos mayores de edad que sean ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a sus padres para un cambio de estatus, aunque este proceso también está sujeto a estrictos requisitos legales.
Otra alternativa es la solicitud de asilo, especialmente para aquellos que puedan demostrar un temor fundado de persecución en Honduras debido a factores como la violencia generalizada, la persecución por motivos políticos o la pertenencia a un grupo social particular.
Los beneficiarios del TPS también podrían explorar otras visas estadounidenses, como las visas de trabajo o visas basadas en empleo, si cumplen con los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, las visas H-1B para profesionales calificados o las visas U para víctimas de ciertos delitos podrían ser opciones para algunos migrantes, aunque estas categorías son altamente competitivas y requieren el cumplimiento de requisitos específicos.
Aguardar a que se apruebe la Ley Dignidad también es una opción, pero esta iniciativa tomará tiempo antes de su consideración, por lo que los migrantes no deben colocar todas sus esperanzas en la misma.
Aunque la cancelación del TPS representa un golpe significativo, los migrantes hondureños aún tienen opciones legales, desde el ajuste de estatus por vínculos familiares hasta la solicitud de asilo o visas específicas. Mientras la batalla legal y diplomática continúa, los próximos meses serán decisivos para miles de familias que han hecho de Estados Unidos su hogar durante más de dos décadas.
Economía en vilo
De su parte, la investigadora Sally Valladares dijo a Proceso Digital que Honduras enfrenta un escenario incierto, pero con un panorama complejo para su economía ya que como país dependemos de las remesas.
En ese sentido, dijo que los afectados con la decisión del gobierno de Estados Unidos, de cancelar el TPS, no son solo 55 mil hondureños, sino toda la economía nacional.
Adicionalmente el país afronta un impuesto al envío de remesas desde Estados Unidos, que es dónde más migrantes tenemos, dijo la también docente universitaria.
Alertó que se deben vigilar los comportamientos de los flujos migratorios ya que si bien la decisión de cancelar el TPS podría generar temor, también se puede convertir en un impulso de los flujos migratorios de origen. (RO)
