Tegucigalpa- Informe preelectoral revela confrontación entre organismos electorales, injerencia política, falta de financiamiento y fallas tecnológicas a días de los comicios
Honduras se encamina a las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025 en un escenario marcado por alta polarización política, desconfianza generalizada, fragilidad institucional y riesgos operativos, según revela un extenso informe preelectoral divulgado recientemente, por Transparencia Electoral.
El documento, elaborado tras reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil, alerta sobre graves tensiones entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como una creciente judicialización del proceso y una preocupante falta de recursos para organismos claves como la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
Puntos Torales del Informe Prelectoral 2025
El informe primero identifica una: Crisis institucional: confrontación entre CNE y TJE. El informe detalla que la relación entre ambos entes se encuentra “seriamente deteriorada”, lo cual ha provocado retrasos en decisiones cruciales, parálisis en la justicia electoral y un ambiente de incertidumbre.
Magistrados del TJE se acusan mutuamente de ilegalidades. El magistrado Mario Morazán (Libre) se niega a sesionar. El MP promovió un antejuicio contra dos magistrados por supuestos fallos irregulares.
Injerencia del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas
El escenario electoral se ve comprometido por acciones consideradas intrusivas: El MP divulgó audios sobre un supuesto plan de fraude, calificado por actores políticos como persecución y desestabilización.
Las Fuerzas Armadas solicitaron copias de actas presidenciales, lo que fue tachado de inconstitucional por partidos de oposición y expertos en derecho electoral.
Además, se identifica la falta de presupuesto para el TJE y la UFTF, el Congreso Nacional cerró sus sesiones sin aprobar: L 82 millones solicitados por el TJE. L 80 millones solicitados por la Unidad de Política Limpia.
Esto compromete: La resolución de apelaciones, la fiscalización del financiamiento político y la capacidad operativa de ambos entes.
De igual manera se apunta que la Transparencia está en riesgo: contratos millonarios aún no publicados .El informe señala una “publicidad incompleta” de contratos esenciales: TREP (Grupo ASD),Conectividad satelital (Reytel–Ufinet), Identificación biométrica (Smartmatic)
Las adjudicaciones estuvieron rodeadas de denuncias, protestas y acusaciones de falta de información, apunta el escrito.
Alta desconfianza ciudadana
Una encuesta citada indica que: 75% de los hondureños tiene poca o ninguna confianza en el CNE. 46% cree que las elecciones serán fraudulentas.
La polarización alimenta narrativas de fraude anticipado desde distintos sectores.
Y otro punto que se destaca es la violencia política en aumento, se registra que, hasta agosto, se registran cinco candidatos asesinados (cuatro municipales y uno al Congreso), un indicador de alerta temprana sobre el incremento de ataques contra actores políticos.
Fallas tecnológicas tras el simulacro nacional, el simulacro del 9 de noviembre reveló problemas serios: Fallas en escáneres y baja transmisión de actas.
Problemas de conectividad satelital y fallas eléctricas, deficiencias de capacitación en custodios electorales. Centros de votación utilizados como albergues.
Finalmente, en este punto el CNE reconoció fallas “subsanables” y no descarta un segundo simulacro.
Por otra parte, bajo cumplimiento en la rendición de cuentas
Solo 43% de los candidatos se ha acreditado ante la UFTF. En primarias, 85 precandidatos electos nunca rindieron cuentas.
La falta de incentivos y sanciones reales afecta la transparencia.
En conclusión, el reporte indica que las elecciones están bajo tensión y avanzan en medio de riesgos graves provocados por: Judicialización del proceso, injerencia militar, falta de presupuesto, polarización extrema, debilidad en los sistemas tecnológicos, desconfianza social histórica.
La integridad del proceso dependerá —advierte el documento— de que las instituciones actúen con independencia, el Congreso cumpla su rol, y los actores políticos eviten la manipulación y respeten los resultados oficiales.LB
