Managua – Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció hoy que denunciará al Gobierno nicaragüense por «presiones, acoso e intimidación», luego de que su esposo, Carlos Castel, fuera deportado del país centroamericano.
«Voy a proceder a poner una denuncia en mi condición y de Carlos, como defensores de derechos humanos, a las instancias internacionales que correspondan», dijo Ortega Murillo en una rueda de prensa, aunque no especificó ante cuál institución.
Zoilamerica anunció su decisión tras asegurar que fue sacada a golpes del edificio de Migración y Extranjería, donde solicitaba información sobre el paradero de Castel, de origen boliviano, a quien el gobierno deportó supuestamente sin avisarle.
A Castel, quien vivía desde hace cuatro años en Nicaragua, «se le canceló su residencia porque ya concluyó la misión» en este país, informó Migración y Extranjería el martes, mientras el boliviano era dirigido hacia la frontera con Costa Rica.
Ortega Murillo ha sostenido que su esposo tenía vigente su permiso de residencia en el país centroamericano.
«He señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de todo esto, obviamente no necesito decir quién está detrás de todo esto», afirmó la hijastra del presidente. «Tengo todas las evidencias para demostrar lo que está sucediendo», añadió.
Asimismo, reiteró la llamada que le hizo su mamá, la primera dama, Rosario Murillo, tras la captura de Castel, en la que le habría advertido que esto era «consecuencias de los actos».
«Nosotros estamos haciendo una labor como sociedad civil, acompañamos la lucha y los movimientos sociales, y en estos momentos no caben este tipo de acciones», expresó Ortega Murillo con relación al trabajo del Centro de Estudios Internacionales, organización no gubernamental que ella preside.
La hijastra de Ortega y Castel se solidarizaron con los ancianos durante esos días de protesta, en los cuales la policía les sitió el lugar e impidió que hicieran llegar alimentos, aguas y medicinas, lo que provocó indignación y una ola de solidaridad, principalmente de jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales.
«Ya no es un caso familiar (porque) se está usando el poder político y el poder de un Estado para perseguirnos», sostuvo Ortega Murillo.
Zoilamerica acusó a su padrastro, en 1998, por agresiones físicas y psicológicas, incluyendo abusos y violación sexual.
Ese caso fue archivado en 2001 por la Justicia nicaragüense aduciendo que había prescrito.
Zoilamerica anunció su decisión tras asegurar que fue sacada a golpes del edificio de Migración y Extranjería, donde solicitaba información sobre el paradero de Castel, de origen boliviano, a quien el gobierno deportó supuestamente sin avisarle.
A Castel, quien vivía desde hace cuatro años en Nicaragua, «se le canceló su residencia porque ya concluyó la misión» en este país, informó Migración y Extranjería el martes, mientras el boliviano era dirigido hacia la frontera con Costa Rica.
Ortega Murillo ha sostenido que su esposo tenía vigente su permiso de residencia en el país centroamericano.
«He señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de todo esto, obviamente no necesito decir quién está detrás de todo esto», afirmó la hijastra del presidente. «Tengo todas las evidencias para demostrar lo que está sucediendo», añadió.
Asimismo, reiteró la llamada que le hizo su mamá, la primera dama, Rosario Murillo, tras la captura de Castel, en la que le habría advertido que esto era «consecuencias de los actos».
«Nosotros estamos haciendo una labor como sociedad civil, acompañamos la lucha y los movimientos sociales, y en estos momentos no caben este tipo de acciones», expresó Ortega Murillo con relación al trabajo del Centro de Estudios Internacionales, organización no gubernamental que ella preside.
La hijastra de Ortega y Castel se solidarizaron con los ancianos durante esos días de protesta, en los cuales la policía les sitió el lugar e impidió que hicieran llegar alimentos, aguas y medicinas, lo que provocó indignación y una ola de solidaridad, principalmente de jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales.
«Ya no es un caso familiar (porque) se está usando el poder político y el poder de un Estado para perseguirnos», sostuvo Ortega Murillo.
Zoilamerica acusó a su padrastro, en 1998, por agresiones físicas y psicológicas, incluyendo abusos y violación sexual.
Ese caso fue archivado en 2001 por la Justicia nicaragüense aduciendo que había prescrito.
