Guatemala – El Gobierno guatemalteco decidió hoy poner fin al acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a pesar del rechazo manifiesto del secretario general de ONU, António Guterres, y de organizaciones civiles y sociales.
En una conferencia de prensa en la que se hizo rodear de señalados y procesados por el Ministerio Público (Fiscalía) y la Cicig, el presidente, Jimmy Morales, dio por terminado de forma «inmediata y definitiva» el acuerdo, por la supuesta «violación grave» de la Cicig de las leyes nacionales e internacionales.
Según el presidente, ahora tanto el Gobierno como la ONU «quedan eximidos de continuar con el acuerdo», y la decisión de terminar unilateralmente con la Cicig «no debe afectar la situación jurídica de los procesos abiertos» ni generar «repercusiones» para Guatemala.
Argumentó que parte de su decisión se debe a que desde agosto de 2017, cuando se inició el proceso de solución de controversias con ONU, su Administración «ni siquiera» obtuvo respuesta «mínima» ante «las quejas», como que la Cicig «ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, como quedó demostrado».
Minutos antes de que Morales hiciera su anuncio en el salón Banderas del Palacio Nacional guatemalteco, la canciller, Sandra Jovel, sostenía una reunión con Guterres en Nueva York (Estados Unidos), en la que le comunicaba lo dispuesto por el mandatario.
«Después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco y en un plazo de 24 horas de recibida la notificación que hoy se le dijo al secretario general, el Gobierno» da por terminado el acuerdo, afirmó la jefa de la diplomacia de Guatemala.
Sin embargo, el secretario genera de la ONU «rechazó enérgicamente» la disposición de Guatemala al asegurar en un breve comunicado de prensa que será hasta el 3 de septiembre que finalice el acuerdo y subrayó que espera «que el Gobierno de Guatemala cumpla íntegramente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo».
Por su parte, el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, acusó a Morales de «transgredir» la ley al poner fin unilateralmente el acuerdo de la Cicig, pues el presidente de la República «no está por encima de la ley», debido a que el acuerdo de Cicig «es una ley interna» del país.
Al concluir la conferencia de Morales, decenas de manifestantes se plantaron frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal local, para protestar por la decisión gubernamental y otras organizaciones convocaron para el próximo sábado a realizar una marcha en contra del mandatario guatemalteco.
El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, pronunció que «un desesperado Jimmy Morales decidió terminar con la Cicig» y aseguró que «felizmente él no tiene la última palabra», pues es la Corte de Constitucionalidad la que «nuevamente» puede salvar al país «del pacto del presidente con los corruptos».
Además, la organización Antigua al Rescate, que vela por los derechos de los afectados por la tragedia del volcán de Fuego del pasado 3 de junio en la que murieron 198 personas, lamentó que el presidente fuera «capaz de amparar ante las cámaras de televisión a personas acusadas y vencidas en juicio, en tanto que en siete meses ha dado la espalda permanentemente a las víctimas del volcán».
Sin embargo, la organización Guatemala Inmortal, la Fundación contra el Terrorismo y otras ONG conservadoras mostraron su «apoyo» a Morales y aunque reconocieron que la Cicig «comenzó bien» lamentaron que su labor «cambiara con el tiempo».
Finalmente, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó un amparo y una solicitud de destitución inmediata a la canciller, Sandra Jovel, y al presidente Morales ante el Constitucional, que, previamente, había validado para su trámite un amparo del abogado Alfonso Carrillo contra la decisión de finalizar el acuerdo de la Cicig.
